El próximo 17 de octubre, el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (ICATF) celebrará elecciones para renovar su junta de gobierno. En los comicios están llamados a votar los en torno a 4.000 profesionales adscritos al Colegio, que agrupa a los abogados de Tenerife, La Gomera y El Hierro, uno de los más importantes del Archipiélago por número de colegiados y peso institucional.
Tres candidaturas concurren a este proceso. Por un lado, la encabezada por Mila Pacheco Pérez, abogada nacida en Puerto de la Cruz en 1976, especializada en Derecho civil, penal y administrativo, y mediadora familiar, civil y mercantil. Ha ejercido la abogacía desde 2002 y durante los últimos cinco años ha sido vicedecana del ICATF, cargo desde el que impulsó el Centro de Mediación del Colegio, pionero en Canarias. Su labor en este ámbito le valió recientemente la Medalla al Mérito de la Justicia en Canarias, con distintivo de oro.
Frente a ella compiten el actual decano, José Manuel Niederleytner García-Lliberós, que opta a la reelección para un tercer mandato, y el abogado Víctor Martín Álvarez, que lidera una tercera candidatura. Las elecciones llegan tras un mandato marcado por importantes transformaciones legislativas, los debates sobre la digitalización del ejercicio profesional, el funcionamiento del Turno de Oficio y la implantación de los métodos adecuados de solución de controversias (MASC), un ámbito en el que el Colegio tinerfeño ha tenido un papel pionero.
En esta entrevista, Mila Pacheco explica las razones que la han llevado a presentar su candidatura, las mejoras que considera urgentes en la gestión colegial y las líneas principales de su programa: digitalización real del Colegio, formación útil y descentralizada, defensa del Turno de Oficio, conciliación profesional y refuerzo del papel del abogado en la sociedad.
Candidatura propia
PREGUNTA: Usted ha formado parte de la actual junta directiva hasta hace dos semanas, cuando dimitió como vicedecana para estar ahora al frente de esta plancha. ¿Qué le lleva a presentar su propia candidatura y qué balance hace de la actual junta directiva de la que usted ha formado parte?
RESPUESTA: Efectivamente, presenté mi dimisión porque entiendo que es un requisito obligatorio para poder presentarte en una plancha. El Estatuto General de la Abogacía lo deja muy claro: para optar a las elecciones, si no has cesado en tu cargo, tienes que dimitir. Justo antes de presentar mi candidatura, presenté la dimisión. ¿Por qué opto por presentarme? Pues porque es verdad que creo que se ha hecho, en muchos casos, un gran trabajo, pero en otros momentos no hemos estado a la altura. Llevo bastante tiempo, y otros compañeros de junta también, manifestando que hay temas de gestión que entendemos que se deben mejorar muchísimo. Por ejemplo, el hecho de que a día de hoy no tengamos una sede electrónica, algo que llevábamos en el programa hace cinco años. Aún no contamos con una sede electrónica que permita a los compañeros que no son de Santa Cruz —o incluso desde su propio despacho—, compañeros del norte o del sur de la isla, o incluso de El Hierro y La Gomera, que también son colegiados nuestros, no tener que desplazarse a Santa Cruz ni estar contactando por teléfono, sino hacerlo a través de una sede electrónica. En su momento, varios compañeros presentaron su dimisión en esta Junta de Gobierno a lo largo del mandato. Alguna compañera y yo también nos planteamos la posibilidad de dimitir, pero entendimos que, por responsabilidad, en ese momento no debíamos hacerlo, a pesar de que se lo comunicamos al decano, que ahora se presenta también [José Manuel Niederleytner]. Le trasladamos nuestro desacuerdo y la posibilidad de dimitir, pero nos pidió que por favor nos quedáramos, porque la junta se iba a quedar muy coja: ya había habido tres dimisiones. También consideramos que había proyectos, ideas e iniciativas que dependían mucho de nosotras. Por ejemplo, todo el tema de los MASC, los Medios Adecuados de Solución de Controversias, era un proyecto que yo he estado dirigiendo durante siete años y que ahora tiene una especial relevancia por la normativa que entró en vigor el 3 de abril. Eran proyectos que podían quedarse un poco desangelados y que he estado llevando yo este tiempo, y que conocía perfectamente. También, por ese deseo de no defraudar a las personas que en su momento nos eligieron y de poder seguir haciendo desde dentro todo lo que podíamos, decidimos mantenernos. Pero en este momento consideramos que podíamos dar un paso al frente, porque estamos muy preparados y con las ideas muy claras sobre lo que se puede hacer. Hemos estado dentro y sabemos qué cosas se pueden mejorar y cómo hacerlo.
Uno de sus lemas es que quiere una “dirección firme y útil”. Más allá del eslogan, ¿qué significa eso? ¿Qué cambios cree que va a notar el Colegio si usted es la decana?
Con “dirección firme y útil” me refiero a que muchas veces no se ha estado a la altura en la defensa de los intereses de nuestro colectivo. Por ejemplo, en el tema de la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Hay muchos compañeros que tienen pensiones indignas a día de hoy, que no cobran un mínimo para poder retirarse y que se ven obligados a continuar trabajando. También hay compañeros que, si se retiran, van a cobrar pensiones de 300 ó 400 euros. Ahí el Colegio no ha sido tajante en la defensa de esos compañeros. Se ha mantenido al margen, sin hacer ni siquiera manifestaciones públicas al respecto. Yo, durante mi periodo como miembro de la Junta de Gobierno, me reunía con los compañeros que reclamaban estas cuestiones para trasladar a la junta sus demandas. Mi función era esa: trasladar, pero al final la Junta de Gobierno es un órgano colegiado, y las decisiones no se tomaban en pro de manifestarse o de defender. Ese ha sido uno de los puntos de gestión en los que no hemos coincidido. Cuando hablo de “dirección firme y útil” es en ese sentido. Y “útil” también porque muchas veces los compañeros en el día a día se sienten desamparados. La sensación que tengo es que cuando un compañero o compañera está frente a la administración pública, frente a un juez o frente a cualquier organismo, a veces no se le deja desempeñar correctamente su trabajo. Ahí el Colegio tiene que amparar totalmente a ese compañero y que ese funcionario o esa persona que está delante no lo vea como una persona sola, sino como un colectivo que hay detrás, amparándolo. Que le respalde absolutamente y que le dé amparo en ese momento. ¿De qué forma queremos llegar a ese amparo? En nuestro programa llevamos una figura que es la del diputado de enlace, que queremos que funcione uno por cada partido judicial.
¿Es el mismo concepto que el defensor del abogado que se plantea en otra candidatura?
La diferencia es que ese sería una sola persona. No creo que un único abogado defensor, en el día a día de nuestra profesión, donde estamos muchísimos abogados ejerciendo en numerosos juzgados, pueda dar rapidez y agilidad para atender la necesidad concreta en cada momento. Nuestra idea es tener un diputado de enlace para cada partido judicial. Por ejemplo, que ocurra algo en La Laguna, en Santa Cruz, en Güímar o en Granadilla: cada diputado de enlace tendrá asignado un partido judicial. En el momento en que algo ocurra, el compañero sabrá a quién recurrir o incluso a mí, que estaré pendiente también, para poder dar respuesta inmediata. También hemos incluido en el programa un canal directo de quejas y de comunicación, para saber qué está pasando y qué no está funcionando correctamente. Antes no existía un canal directo de quejas y sugerencias con compromiso de respuesta. Será un canal directo donde el compañero pueda mencionar, por ejemplo, los retrasos que está sufriendo en vistas, etcétera, y que nosotros podamos tener un control de lo que está ocurriendo en la profesión. A través de esas comunicaciones e incidencias podremos reunirnos con los distintos operadores jurídicos para mejorar el día a día de la profesión, que es lo que queremos. Nuestra profesión está atravesando un momento muy complicado de reformas legislativas potentes que cambian la forma de ejercer. Se está instaurando ahora el sistema de tribunales de instancia, etcétera.
MASC
¿Cómo ha cambiado el sistema?
Nos ha cambiado la forma de ejercer la profesión. Antes, usted iba a un abogado y este presentaba una demanda en el juzgado. Ahora, en los procedimientos civiles y mercantiles, le obligan a un requisito de procedibilidad previo: tiene que acudir a algún medio adecuado de solución de controversias antes de acudir a la vía judicial. El problema es que hay muchos abogados que no están preparados para saber a qué tipo de medio adecuado de solución de controversias derivar. Hay abogados que no están formados ni en mediación, ni en conciliación, ni en resolución de conflictos previa a la vía judicial. En ese sentido, hay que preparar al compañero para esta nueva forma de ejercer. Por otro lado, nosotros tenemos el Centro de Mediación, que he dirigido hasta hace dos semanas. Nos adelantamos en este sentido, porque somos una de las pocas comunidades autónomas que tiene un centro de mediación al que los compañeros pueden acudir cuando consideran que el medio adecuado es la mediación. Pueden remitirlo a nuestro colegio, en el que otros compañeros abogados, mediadores, van a intentar resolver ese conflicto.¿Es necesaria la figura del abogado aunque exista este requisito de procedibilidad? Sí, siempre. ¿Por qué? Porque la gente debe acudir a un abogado para que sea él quien decida a qué medio adecuado de solución de controversias lo deriva.
Entonces, ¿está faltando formación para que los abogados puedan orientar hacia un instrumento u otro?
Creo que sí. No se ha abierto la mentalidad a esta nueva exigencia que establece la ley. Los abogados tenemos que adaptarnos al día a día de la profesión y de la normativa. Por eso oirán que se están produciendo cambios muy importantes y es necesario un colegio firme que forme a sus colegiados y que se adelante, como ocurrió con nuestro equipo de mediación. Yo ya veía que se iba a establecer este requisito de procedibilidad: lo veías en países de alrededor y en los anteproyectos de ley; todo estaba enfocado a ello. Me adelanté, pedí subvención a la consejería y ahora somos nosotros, el Colegio de Abogados, quienes llevamos el peso de esa mediación, con profesionales nuestros formados en el asunto.
¿Y el siguiente paso? Usted ha sido pionera estableciendo este mecanismo con la actual junta; ¿qué propone ahora en su candidatura?
Proponemos formación absoluta a los compañeros y abrir nuevos campos de trabajo. Formar en nuevos campos profesionales que se abren a nuestros compañeros: formación en derecho colaborativo —una forma de negociación; si no estás formado en derecho colaborativo no puedes ir a ese MASC—. Lo de la mediación, lo he liderado yo. He sido la persona que ha estado con ese tema. De hecho, hace unos días recibí la Medalla al Mérito de la Justicia en Canarias, con distintivo de oro, entre otras cosas por llevar este proyecto. La idea ahora es abrir nuevos campos de trabajo para nuestros profesionales en ese sentido y también en toda la materia nueva: derecho tecnológico, etcétera. Hay mucho ámbito de trabajo que pueden ocupar nuestros colegiados, pero hay que formarlos, y ahí el colegio debe ser clave.
Sedes judiciales
Sobre la dispersión de las sedes judiciales, ¿qué propone?
En Santa Cruz de Tenerife hay 17 sedes judiciales. Es muy complicado ejercer la abogacía con 17 sedes, para el profesional y para el ciudadano. Para el profesional, por ejemplo, puedes tener un señalamiento penal a las 9:00 y uno social a las 10:00 en otro sitio al que no vas a poder llegar. Los juzgados están colapsados: tenemos señalamientos en lo contencioso-administrativo para dentro de tres años, para 2028. Necesitamos la Ciudad de la Justicia para Santa Cruz —o un edificio provisional que aglutine varias sedes—, pero es necesario. ¿Por qué tiene especial relevancia hoy? Por toda esta modificación judicial que se está realizando. Ya no es un funcionario el que lleva tu procedimiento de principio a fin: ahora un funcionario lleva una parte y otro, en otro lugar, lleva otra parte. Imagine lo complicado que será con 17 sedes dispersas.
¿Su propuesta es aglutinar todo en una sola sede?
Lo ideal sería un Palacio de Justicia. Obviamente, el Colegio de Abogados no puede crearlo, pero sí presionar junto al resto de operadores jurídicos para que se haga a la mayor brevedad. Ya era necesario y aún más con esta modificación legislativa.
Sobre la pasarela al régimen de autónomos (RETA): ¿qué puede hacer el Colegio de Abogados?
El Colegio debe estar al lado de sus colegiados con esta problemática y presionar para conseguir sus reclamaciones justas: tener derecho a una pensión digna; reconocimiento, uno por uno, de los años cotizados en la Mutualidad; y asesoramiento individual e independiente para que cada colegiado decida libremente a qué sistema desea acogerse o en cuál darse de alta. Además, proponemos un mandato democrático en la posición de la junta: si los colegiados deciden que se defienda, por los representantes en la Mutualidad, esta pasarela, el colegio debe defender como representación que tiene en la Mutualidad ese punto de vista. Los decanos de cada colegio tienen un voto en las asambleas de la Mutualidad por ser decanos. Esa decisión que salga de nuestra asamblea territorial debe ser vinculante para que el decano la defienda.
Turno de Oficio y Extranjería
Otro de los problemas: el Turno de Oficio. ¿Diagnóstico y propuestas?
Es enorme. Hay que dignificar la labor de los compañeros: guardias, traslados, defensa… Muchas veces se han logrado avances enormes gracias a abogados de oficio (por ejemplo, las cláusulas suelo). Hay que dignificar su labor ante la ciudadanía y también económicamente. Sí ha habido un aumento de las cantidades pagadas, pero necesitamos que aumenten más. Es fundamental la actualización automática del IPC; si no, las cantidades se quedan desfasadas año tras año. También pedimos el abono de todas las actuaciones, porque muchas no se cobran. Pongo un ejemplo: ejecuciones de sentencia en casos de familia. Llevo un divorcio, hay un niño de tres años y tengo que seguir llevando la ejecución para que el padre que no paga, pague: escritos, embargos de cuentas o sueldos… Muchas veces lo estoy llevando desde que el niño tiene tres años hasta que se incorpora al mercado laboral. Eso no se paga y es muchísimo trabajo durante mucho tiempo. También pedimos recuperar el abono de las guardias dobles. En una guardia se asiste como máximo a seis personas, pero si una mañana detienen a 15 de golpe y tengo que asistirlas en un solo procedimiento penal, ahora cobro lo mismo por seis que por 15. Pedimos que cuando se pase de seis, se abone el doble, porque el trabajo es muchísimo mayor. En suma: pagar conceptos que no se pagan y recuperar otros que se dejaron de abonar. Además, queremos impulsar formación continua gratuita; tramitación 100% digital de todo lo relativo al turno; y una app para intercambio de guardias. Ahora se hace de boca a boca o en grupos de WhatsApp. Una app agilizaría esos cambios cuando surge un señalamiento imprevisto. Ypedimos respeto profesional: reclamar espacios adecuados. En Arona, por ejemplo, donde se asiste a víctimas de violencia de género, antes teníamos un espacio para asistirlas; ahora no, y se atiende en pasillos. Debe reclamarse un espacio digno para atender a nuestros defendidos. También haremos seguimiento de las guardias para detectar incidencias —faltas de respeto, imposibilidad de trabajar en condiciones— y actuar con inmediatez.
En otro de los programas hay una propuesta para separar el turno de extranjería del de oficio, ¿qué les parece a ustedes?
Esa propuesta separa el turno de llegadas marítimas (pateras). Es verdad que en este periodo hubo problemas de pago que bloquearon ese turno, pero ya están solventados. El turno de llegadas marítimas es turno, como el civil o el penal. Desde mi punto de vista, no hay que separarlo ni dejarlo a un lado. Esos compañeros merecen defensa como el resto; muchos, además, están dados de alta en otras materias. Lo que sí proponemos para agilizar es fijar una cantidad para los traslados a El Hierro. Llegan muchas pateras a El Hierro y solo hay dos abogados de extranjería allí; hay que trasladar compañeros de Tenerife. Esos traslados y pernoctas se pagan, pero hay que justificar billetes, tarjeta de embarque, hotel, taxi… Pedimos una cantidad fija que aglutine esos gastos para no justificar factura por factura. Esa burocracia ha paralizado en ocasiones la gestión del turno. Una cantidad fija lo resolvería.
Digitalización: ¿cómo sería un Colegio de Abogados de Tenerife digitalizado según su propuesta?
Hay necesidad absoluta de una sede electrónica. Que nadie tenga que desplazarse al colegio para presentar un escrito ni enviar un email para que se lo devuelvan con sello de entrada. Una sede electrónica que permita enviar y ver el momento exacto de registro (hora, minuto y segundo). Ahora se espera un mail de vuelta con sello de entrada: es arcaico. El colegio no puede estar tan atrasado. En nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, es necesario no solo formar, sino aportar herramientas a los compañeros: herramientas de IA jurídica especializada. Son caras; por eso proponemos llegar a acuerdos con empresas para facilitar el acceso a esos recursos, especialmente a los despachos pequeños, que si no se quedarán atrás.
Incluye en su programa un importante punto sobre los honorarios, ¿cuál es la problemática con esto?
Que estamos utilizando criterios orientadores para tasación de costas del año 2008. Imagine el retraso. Nos comprometemos a actualizarlos. También a que los informes de minutas del colegio salgan en 30 días. Ahora hay retrasos de meses, incluso de más de un año en algunos casos. Cuando hay tasación de costas, el juzgado pide al colegio un informe sobre la minuta (por ejemplo, uno dice 20.000 y otro dice 2.000). El colegio debe informar quién está en lo correcto. Nos comprometemos a emitir esos informes en 30 días desde la llegada de toda la documentación, porque no puede retrasarse la economía del compañero ni el procedimiento judicial por la tardanza del informe.
Sobre la formación, ¿qué proponen para el norte, sur e islas no capitalinas?
La idea es hacer más formación en esas sedes y potenciar la formación online. El colegio ha sido muy presencial; creemos que hay que potenciar la formación en línea y también dejarla colgada para que cada uno la realice cuando mejor le venga.
¿Cuáles son los principales problemas que le trasladan las mujeres abogadas y qué soluciones propone?
En conciliación, muchas veces se deniegan suspensiones. Queremos ampararlas en ese momento: ante cualquier denegación, que el colegio esté ahí reclamando sus derechos, con actuación rápida y eficaz. He visto compañeras embarazadas de ocho meses a las que no se les suspende una vista, o que han dado a luz y a las semanas han tenido que volver al despacho. Es un disparate. Decir “mande a un compañero” no es solución: el cliente contrata a quien conoce el asunto. El colegio debe defender absolutamente al colectivo: canal directo, figura del diputado, comisión de defensa. No permitir que sigan ocurriendo esas barbaridades. Defendemos mucho los intereses de los clientes, pero nos olvidamos de los nuestros. Parece increíble que les pase esto a los abogados, pero pasa.
Un mensaje final a los abogados que votarán el 17
Aunamos experiencia e ideas muy claras. Somos una plancha plural que abarca la totalidad del colectivo. Venimos con ganas, entusiasmo y un programa que cubre necesidades y vías para ejecutarlas. La trayectoria de quienes hemos estado en juntas ha sido positiva, con buenos resultados en las áreas gestionadas. Les pedimos confianza porque podemos hacer mucho y es el momento de ese cambio. Somos independientes, sin vínculos de ningún tipo. Todos abogados del día a día, muy representativos: de turno de oficio, de despacho, de administración… Una plancha variada y con mucha experiencia.