El ministro ha culpado a los partidos de la oposición de retrasar las cuentas por motivos políticos, algo a lo que Ciudadanos y PNV han respondido que ha sido el propio Gobierno el que ha paralizado la negociación.
El proyecto presupuestario de 2018 está pendiente de aprobación desde septiembre del pasado año, algo que Montoro ha achacado al interés político de la oposición de la crisis secesionista en Cataluña.
El independentismo es el motivo "real" y "claro" del retraso de las cuentas, así como el culpable de frenar el crecimiento económico en Cataluña y España, al haber intentado "ir contra la Constitución y el Estado de derecho", algo que no podrán hacer.
Ante esta situación, Montoro ha fijado a finales de marzo o como muy tarde la primera semana de abril la fecha límite para que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto presupuestario, ya que de suceder más tarde la tramitación parlamentaria se prolongaría hasta julio, cuando ya debería haberse iniciado el debate del techo de gasto de 2019.
"No tiene ningún sentido que finalmente el Congreso apruebe una ley de Presupuestos de 2018 que se superponga" con la tramitación de las cuentas de 2019, ha considerado.
También ha descartado aprobar el proyecto si antes no ha recabado los apoyos políticos suficientes como para superar el trámite parlamentario y ha urgido a la colaboración de las formaciones que apoyaron el techo de gasto y los presupuestos de 2017, en referencia a Ciudadanos y el PNV.
Montoro culpa al ‘procés’ de la prórroga de presupuestos https://t.co/Zqky5w1Qli pic.twitter.com/wjli01GUUP
— La Vanguardia (@LaVanguardia) 24 de enero de 2018
Sin embargo, los diputados de ambas formaciones han negado que el ministro haya mostrado disposición para negociar las cuentas de este año y mientras la diputada vasca Idoia Sagastizabal afirmaba que "no ha habido negociación presupuestaria alguna", el diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre niega contactos desde septiembre.
"A estas alturas teníamos que haber analizado los números y no los tenemos", ha dicho De la Torre, tras señalar que no pueden pedir "un cheque en blanco", aunque también ha insistido en que no apoyarán las cuentas si no dimite la senadora del PP Pilar Barreiro imputada en la trama Púnica.
Sagastizabal también ha dejado claro que el apoyo en 2017 y la aprobación del nuevo Cupo Vasco no supone ningún compromiso para apoyar al Ejecutivo en este proyecto de Ley.
Los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidos Podemos han acusado a Montoro de acometer un "recortazo" con la prórroga presupuestaria, que afectará a inversiones y gasto social, a lo que el ministro ha respondido que la limitación del 50 % del gasto es un "control" y no una reducción de las partidas ministeriales.
La cuestión catalana ha estado presente en el debate que ha tenido el ministro con el PDeCAT y ERC, que han lamentado que el Gobierno culpe de la falta de presupuesto al proceso independentista.
Montoro ha insistido en que la aprobación de los Presupuestos "depende" de la oposición, porque el Gobierno necesita diputados para hacerlo y ha señalado que no planteará "otras fórmulas" hasta que se agote el plazo para presentar las cuentas.
"Garanticemos que la recuperación económica no se frustre por causa política", ha reclamado, al tiempo que se ha ofrecido para trabajar en otros acuerdos, como la financiación autonómica.
En ese sentido, Montoro ha justificado que no se haya entregado a las comunidades el aumento de la financiación anunciado porque "siempre" ha estado vinculado a la aprobación del Presupuesto.
Asimismo, ha subrayado que la reforma de la financiación autonómica tiene que contar con el apoyo del PSOE, que gobierna siete regiones y "miles" de corporaciones locales, ya que de no ser así se plantearía un "escenario inadmisible".
Junto a la financiación autonómica, el ministro también ha citado como temas importantes que se están viendo afectados por la falta de cuentas la oferta de empleo público, el sueldo de los funcionarios o las inversiones.