Una mujer de Tenerife ha logrado que la Audiencia Nacional le reconozca una indemnización de 9.700 euros tras pasar 147 días en prisión provisional por unos delitos de los que fue absuelta posteriormente. La tinerfeña fue detenida en octubre de 2011 durante la Operación Pozzaro, una redada contra la camorra italiana en el sur de Tenerife.
Junto a ella, otras 12 personas fueron arrestadas bajo acusaciones de organización criminal, blanqueo de capitales y delitos contra la salud pública. Sin embargo, cinco años después, todos los implicados quedaron exonerados al no encontrarse pruebas suficientes en su contra.
Daños personales
La mujer denunció que durante su tiempo en prisión se enfrentó a severas restricciones, incluyendo un traslado a la Península, lo que impidió que su hijo de 14 años y otros familiares pudieran visitarla por falta de recursos económicos. Además, tras su liberación bajo fianza, tuvo que comparecer en el Juzgado en 216 ocasiones y sufrió el embargo de sus bienes y cuentas durante cinco años.
En su demanda inicial al Ministerio de Justicia, solicitó una indemnización de 273.500 euros, incluyendo daños por la separación de su hijo, dilaciones indebidas en el proceso judicial y la imposibilidad de trabajar. Sin embargo, gran parte de estas reclamaciones fueron desestimadas por falta de pruebas que demostraran un impacto económico o emocional adicional.
Resolución judicial
La Audiencia Nacional reconoció el "evidente daño moral" que la privación de libertad causó a la mujer y a su entorno familiar. Por ello, aprobó una indemnización de 3.700 euros por el tiempo en prisión y añadió otros 6.000 euros por las circunstancias personales y familiares derivadas de la medida.
No obstante, el tribunal rechazó compensar las medidas cautelares sobre sus bienes, el retraso del proceso judicial y las supuestas pérdidas económicas, ya que la demandante no presentó pruebas suficientes que acreditaran dichas reclamaciones.
Caso complejo y polémico
El caso que la llevó a prisión quedó archivado al no encontrar pruebas concluyentes. Según la sentencia absolutoria, las investigaciones no lograron "enervar la presunción de inocencia" de los acusados.
La Audiencia justificó la dilación del proceso por la "complejidad de la causa" y descartó cualquier irregularidad en el funcionamiento de la Justicia.
Medidas de prisión provisional
El caso de esta tinerfeña evidencia los riesgos asociados al uso de la prisión provisional en casos de larga duración y la necesidad de garantizar un equilibrio entre las medidas cautelares y el respeto a los derechos individuales.
A pesar de la indemnización, la mujer y su familia enfrentaron años de perjuicios personales y económicos por un proceso judicial que finalmente no encontró culpables.