La detención en Granadilla de Abona (Tenerife) del gerente de la empresa Ez Property Solutions, acusado de coacciones y amenazas a la Guardia Civil, ha vuelto a poner el foco en la ambigüedad legal de un negocio que gana terreno en Canarias. Si bien estas compañías se presentan como una solución rápida para propietarios desesperados, sus métodos rozan —y en ocasiones cruzan— los límites de la ley, exponiendo también a sus clientes a consecuencias penales.

Formalmente, las empresas de desokupación pueden registrarse como cualquier otra mercantil. El problema surge con su forma de actuar. El desalojo de una vivienda solo puede ser ordenado y ejecutado por un juez, según establece la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley 5/2018, que introdujo el procedimiento “exprés” contra ocupantes sin título.

Cuando una empresa privada asume este rol, entra en terreno peligroso. En teoría, ofrecen “mediación” y “controles de acceso”, pero en la práctica sus actuaciones derivan con frecuencia en coacciones, amenazas o intimidación, conductas tipificadas en el Código Penal. En esos casos, no solo los empleados de la empresa, sino también el propietario que la contrata pueden verse implicados en un proceso judicial.

El negocio del miedo

El auge de estas compañías se sostiene en la alarma social en torno a la ocupación ilegal. Su estrategia de marketing explota la comparación: mientras un procedimiento judicial puede tardar meses o incluso años, ellos prometen una “solución” en cuestión de días.

Ese contraste alimenta el negocio. Se aprovechan de la frustración de los propietarios para ofrecer un atajo que, aunque atractivo en apariencia, carece de las garantías legales de un proceso judicial. Además, amplifican la percepción del problema: en 2024 se registraron en España 16.426 denuncias por usurpación o allanamiento, de las que 663 tuvieron lugar en Canarias, una proporción mínima en comparación con el parque de viviendas del archipiélago.

El caso de Tenerife

El incidente en Granadilla de Abona ilustra los riesgos de acudir a estas empresas. El gerente de Ez Property Solutions fue arrestado tras amenazar a agentes de la Guardia Civil, y otro trabajador resultó detenido por agredir a un agente durante el mismo operativo.

A este historial se suman antecedentes en 2024, cuando miembros de la misma empresa fueron denunciados en Tenerife por la agresión a un activista social en el marco de otro desalojo. Estos episodios cuestionan la imagen de “métodos pacíficos” que estas compañías intentan proyectar.

La vía judicial, única garantía

Frente a la opción extrajudicial, la vía judicial es la única segura y legal. Los abogados especializados en propiedad recuerdan que la Ley 5/2018 permite un procedimiento “exprés” dentro de la jurisdicción civil que, si bien no es inmediato, garantiza un desalojo sin riesgos de incurrir en coacciones o allanamiento de morada.

En un contexto como el canario, marcado por la sensibilidad del mercado inmobiliario y la presión social por el acceso a la vivienda, distinguir entre lo rápido y lo correcto resulta fundamental. El recurso a empresas privadas de desokupación puede terminar costando más caro al propietario que la ocupación que pretendía resolver.