"No se está jugando con nosotros. Se está jugando con la salud pública de todos los canarios". Así de rotundo se manifiesta Jafet Nonato, presidente de la Asociación de Inspectores de Salud Pública de Canarias, a la hora de describir la "gravedad de la situación" por la que atraviesan actualmente estos profesionales en las Islas. "Si antes estábamos desbordados, con el covid nuestro trabajo se ha duplicado", afirma.
En esta entrevista al medio digital canario AtlánticoHoy, Nonato hace hincapié en la "situación insostenible" a la que los inspectores se enfrentan cada día para cumplir con su trabajo en unas condiciones "que se cuentan y no se creen".
Ya antes de la irrupción de la covid-19 estaban "prácticamente sobrepasados" por las condiciones en las que ejercían su profesión, denuncia Nonato, quien recuerda que "en Canarias tenemos la plantilla más escasa de España", la misma desde el año 2000. Este número se traduce en "un inspector por cada 25.000 habitantes frente a uno cada 12.000 de media en el resto del territorio nacional, sin vehículos para desplazarnos, transportando muestras en guagua, sin ordenadores, oficinas ni equipamientos adecuados".
"Nos encanta nuestro trabajo y sabemos la importancia que tenemos, pero estamos llegando a un punto en que no aguantamos más", subraya Nonato.
Si se mantiene la carencia de personal y medios que denuncian, Nonato advierte que "Canarias se enfrentará a situaciones tan graves como no poder garantizar la seguridad alimentaria a nuestra población, ni que nuestras playas sean seguras".
A todo esto se une ahora la 'nueva normalidad', una serie de condiciones de prevención sanitaria que deben cumplirse, fruto de la pandemia de coronavirus. "Es un extra que se nos pide controlar", comenta el portavoz. Sin embargo, la gravedad radica en que, "si no realizamos los controles en seguridad alimentaria, hoteles, playas, piscinas, etc., no sé como pretendemos vender una Canarias saludable o garantizar que sea realmente segura", indica.
Un inspector de Salud Pública realizando su labor | IMAGEN DE LA RED
Prioridad: la Salud Pública en Canarias
Los encargados de velar por la salud pública en las islas se ocupan del control de toda la industria alimentaria, que incluye desde panaderías, pastelerías, restaurantes, mataderos, etc. , además de los espacios de baño (playas, spas, piscinas) o el agua de consumo, sin olvidar labores tan importantes como la detección de legionella en residencias de ancianos u hospitales o el control de riesgos para la salud pública en centros comerciales, guarderías, gimnasios, campamentos de verano, etc.
Se trata de una cantidad ingente de enclaves que deben ser controlados sanitariamente de forma frecuente, pero para lo que carecen actualmente de personal o medios suficientes para garantizar su cumplimiento. De hecho, en Canarias solo hay unos 95 inspectores ejerciendo en activo. "Pero piensa que, si me voy solamente al sur de Tenerife, podemos tener entre 2.000 y 3.000 piscinas, por poner un ejemplo".
"Lo que nos importa es que nuestros mayores estén seguros, por lo que salimos corriendo e hicimos todas las residencias de mayores de Canarias en dos días, hasta las doce de la noche, para garantizar que las medidas de covid-19 fuesen las correctas"
Pese a sentirse sobrepasados y ver ignoradas sus reclamaciones año tras año, durante todo el estado de alarma, en plena crisis sanitaria mundial, dejaron sus reivindicaciones nuevamente de lado y pusieron sus medios personales a disposición del bien de la salud pública. "A los mataderos no se ha dejado de ir ni un solo día", destaca Nonato. "Cuando todos estaban confinados, los compañeros fueron cada día al matadero para evitar que hubiera desabastecimiento de productos de origen animal. Imagínate si no pudieran realizar esa función", subraya. Para lograrlo, han tenido que acudir a horas tan intempestivas como "las 3 o 4 de la mañana y en su vehículo particular, sin que se les facilitase ningún medio y sin cobrar ni una hora extra, solo con su buena fe".
Asimismo, Jafet Nonato insiste en que, cuando surgió la preocupación por el estado de los mayores en las residencias y centros sociosanitarios, actuaron con la mayor urgencia, lo que ayudó a "minimizar en nuestra comunidad autónoma los graves efectos ocurridos en el resto del Estado". "Lo que nos importa es que nuestros mayores estén seguros, por lo que salimos corriendo e hicimos todas las residencias de mayores de Canarias en dos días, hasta las doce de la noche, para garantizar que las medidas de covid-19 fuesen las correctas", comenta.
Un inspector analizando muestras | IMAGEN DE LA RED
Pese a la importancia de su función, los medios de los que se ha dotado a los inspectores de salud pública de Canarias son claramente insuficientes. "Llevamos recogiendo muestras potencialmente patógenas en guagua bastante tiempo, o con nuestros vehículos particulares, pero no podemos seguir poniendo nuestro patrimonio a disposición de la Administración. Además, para llegar, por ejemplo, a ciertas bodegas o queserías tienes que destrozar tu coche", lamenta el presidente del colectivo de Técnicos Inspectores de Salud Publica. Las únicas alternativas que tienen es "un bono de guagua o la posibilidad de turnarse un coche de alquiler para 40 inspectores, en el caso de Tenerife", aclara.
Por otro lado, reclaman la necesidad de contar con equipos de protección individual (EPIs). "Hay que tener en cuenta que analizamos playas, tomamos muestras de legionella o entramos en cámaras de congelación, por ejemplo, y tampoco poseemos calzado antideslizante". De equipos informáticos "mejor ni hablamos", matiza. De hecho, han estado días esperando en el aparcamiento exterior de su oficina a para turnarse porque "tenemos ocho ordenadores en un despacho para 40 inspectores", subraya.
Todas estas reclamaciones son conocidas por los responsables de la consejería de Sanidad, aclara el representante de los inspectores sanitarios, quien remarca que han mantenido diferentes conversaciones con la anterior consejera del área en el Gobierno canario, Teresa Cruz, que iban "bien encaminadas", pero con el cambio de Gobierno "toca empezar de nuevo". "Siempre nos dicen que tenemos razón, que nuestras reivindicaciones son justas, pero ahí queda", reitera. Para que el servicio de Inspección funcione "por el bien de todos", solicitarán una reunión urgente con el consejero recién llegado, Blas Trujillo y "en función de lo que nos comente, tomeremos medidas más drástricas".
"Nos encanta nuestro trabajo y sabemos la importancia que tenemos, pero estamos llegando a un punto en que no aguantamos más", subraya Nonato.
