Doce organizaciones, entre las que se encuentran colectivos sociales, sindicales y partidos políticos, además de diferentes personas a título individual han solicitado a la Delegación del Gobierno en Canarias que impida una manifestación en el barrio de La Isleta, en la isla de Gran Canaria, convocada por ultraderechistas y relacionada con un caso de agresión a una menor.
El colectivo denuncia que la convocatoria, vinculada a mensajes racistas y xenófobos en redes sociales, busca incitar al odio racial y promover la hostilidad contra colectivos migrantes.
Contexto
La manifestación prevista para el próximo 27 de julio se realiza en un contexto de creciente tensión social tras la agresión a una menor de 17 años, presuntamente por un hombre de origen marroquí, actualmente en prisión provisional.
La menor, que se encuentra bajo la tutela del Gobierno autonómico -y que había escapado del centro de residencia-, en la madrugada del pasado miércoles, 16 de julio, fue víctima de quemaduras muy graves que afectaron al 95% de su cuerpo, en unos hechos por los que se detuvo al joven de 20 años que llegó en patera a Lanzarote el pasado 2 de junio y que se encuentra en prisión provisional
Riesgo de amenaza
Las entidades advierten que el lugar elegido para la concentración, cercano al Centro de Internamiento de Extranjeros Canarias 50, aumenta el riesgo de alteraciones del orden público y amenazas a residentes extranjeros.
Además, recuerdan que el pasado fin de semana tuvo lugar una rueda de prensa de Vox en la zona, donde se vinculó inmigración con criminalidad mediante "discursos considerados racistas".
Protesta
El pasado 17 de julio, entre 40 y 50 personas que se quejaron de inseguridad en este barrio capitalino se reunieron para arropar a los líderes de la formación de ultraderecha.
El diputado nacional Alberto Rodríguez, el presidente del partido en Las Palmas, Nicasio Galván; y el portavoz de la formación en el Cabildo de Gran Canaria, Yeray Suárez, eligieron para expresar su mensaje la puerta del Canarias 50
Convivencia
Las organizaciones firmantes consideran que la convocatoria puede poner en peligro la convivencia ciudadana y los derechos fundamentales de las minorías. Entre ellas figuran Mujeres Nómadas de Canarias, Canarias Insumisa, Internacional Antifascista, Asociación Mujeres Alzadas, Unidad del pueblo, CCOO Gran Canaria, Partido Comunista de Canarias, Izquierda Unida Canaria, Podemos Canarias, Partido Comunista del Pueblo Canario, Movimiento de Trabajadores y Trabajadores de Canarias y Antifascistas Elsa Wolff, entre otros.
Además, advierte este colectivo que la convocatoria está siendo difundida por redes sociales y supone “una incitación al odio hacia personas por razón de origen racial o étnico”.