En pleno verano, los ciudadanos canarios estamos acostumbrados a acercarnos a la playa, disfrutar de unas horas de sol y, luego, volver a casa. Pero para un socorrista, esta situación se puede prolongar durante toda la jornada, un día entero expuesto a diversos agentes climáticos, con la mirada puesta en el mar y la responsabilidad de reaccionar en pocos segundos cuando un bañista deja de hacer pie, es arrastrado por una corriente o sufre una emergencia sanitaria.
“La gente va un par de horitas a la playa y ya está. Nosotros nos quedamos hasta diez horas ahí trabajando”, ha explicado David Molina, portavoz de la Unión de Socorristas de Canarias (USIC), a Atlántico Hoy. Durante ese tiempo, añade, los profesionales permanecen expuestos al sol, al viento, al frío y al agua, no siempre con puestos de vigilancia adecuados ni con las rotaciones necesarias.
Según denuncia Molina, la labor del socorrista y su responsabilidad contrasta con la renumeración. “Hasta ahora estamos cobrando el salario mínimo porque no tenemos un convenio propio”, señala. El preacuerdo alcanzado el pasado 22 de julio para mejorar las condiciones salariales del sector hasta en un 45 % supone un primer paso, pero el portavoz sostiene que el problema va mucho más allá de la nómina.
Por otro lado, según la estimación de Sebastián Quintana, presidente de la asociación Canarias, 1.500 Km de Costa, el archipiélago necesitaría entre 1.000 y 1.500 socorristas adicionales para cubrir todos sus puntos de baño. Sin embargo, los representantes del sector cuestionan que esa carencia deba explicarse únicamente como una falta de profesionales disponibles.
"No les da para vivir"
“No es que falten efectivos, son las condiciones que tenemos”, sostiene Molina. El diagnóstico del portavoz del USIC puede transformar la cifra aportada por Quintana, no se trata unicamente del deficit de más de un millar de profesionales en el sector, sino conseguir que quieran entrar en el sector, permanezcan en él y puedan desarrollar una carrera profesional.
Según afirma Molina, los salarios reducidos, las largas jornadas, la temporalidad y la falta de medios provocan que trabajadores con experiencia terminen buscando otras ocupaciones. El portavoz reproduce el razonamiento que escucha entre sus compañeros: “Para eso me voy a trabajar a un supermercado, cobro lo mismo o incluso más y no me juego la vida”.
Esta comparación ejemplica de manera visual la fuga de profesionales que existe en el sector, ciudadanos que buscan una renumeración similar sin tener el grado de responsabilidad que conlleva esta profesión. "Muchos compañeros que son muy buenos en el sector se han tenido que ir a otras profesiones porque no les da para vivir”, lamenta el portavoz de USIC.
La experiencia abandona la orilla
El conocimiento acumulado por estos profesionales se pierde por estas malas condiciones laborables y el sector sustituye estos huecos con nuevos trabajadores que no siempre cuentan con la misma experiencia para afrontar una intervención compleja.
“Es más complicado que salga bien una intervención si no tienen esa experiencia o si no están al lado de alguien que la tenga”, afirma Molina. El comportamiento del océano tampoco es algo uniforme y este precisa de ciertos conocimientos técnicos. Por ello, el déficit de profesionales no solo se resuelve con nuevas incorporaciones, se pide estabilidad de las plantillas, la formación continuada y la transmisión del conocimiento entre compañeros.
Por otro lado, Molina también reclama mejores torretas, protección frente a los agentes meteorológicos, rotaciones adecuadas, jornadas asumibles y derechos laborales equiparables a los de otros sectores. “No podemos estar puestos al sol sin protección”, resume.
Contratos cortos y temporadas largas
Christian Valencia, presidente de la Asociación de Socorristas de las Islas Canarias (ASOCAN), coincide en que existe un déficit de efectivos en declaraciones a Atlántico Hoy. Según afirma, lo percibe “totalmente y cada día”, especialmente en islas como Fuerteventura y Lanzarote, donde resulta más difícil atraer y conservar profesionales.
Valencia apunta directamente a tres factores: salarios bajos, escaso atractivo profesional y temporalidad. “Todo el mundo sabe que se paga muy poco”, afirma. A ello se suma que numerosos contratos quedan limitados a la temporada alta.
“La duración de la temporada es cortísima: dura cuatro meses”, explica. Esa planificación, sostiene, no encaja con la realidad climática y turística del archipiélago.
Después del verano convencional llega lo que Valencia denomina el “verano canario”, entre septiembre y diciembre: continúan las temperaturas elevadas, aumentan determinados episodios de oleaje, llegan turistas y los centros educativos utilizan la costa para actividades deportivas. Las playas no se vacían, pero muchos servicios se reducen o desaparecen.
Para el presidente de ASOCAN, esta falta de continuidad también impide también que los jóvenes contemplen el socorrismo como una trayectoria profesional. “Cuando eres joven, quieres desarrollarte como persona, y un trabajo temporal no te lo permite”, señala.
Unas cifras alarmantes
Según los datos aportados por Sebastián Quintana, presidente de la asociación Canarias, 1.500 km de Costa, a Atlántico Hoy, el archipiélago cuenta con alrededor de 750 puntos de baño, de los cuales unos 350 registran una afluencia significativa.
“En base al número de playas y de usuarios, a día de hoy faltarían entre 1.000 y 1.500 socorristas para cubrir todos los puntos de baño de Canarias”, afirma. El presidente de la asociación reconoce, no obstante, que resulta imposible colocar un profesional en cada rincón del litoral. “No podemos poner un socorrista detrás de cada bañista", añade.
Uno de los lugares que utiliza como ejemplo es Cofete, en Fuerteventura. La playa aparece habitualmente en redes sociales y publicaciones turísticas por su paisaje, pero presenta un fuerte oleaje y carece de vigilancia permanente. “Son sitios para fotografiar desde tierra, no para bañarse”, advierte Quintana.
Vacío normativo
No obstante, Valencia considera que la ausencia de una regulación actualizada favorece una aplicación desigual, un problema normativo que se suma a las condiciones laborables. En 2023, el Tribunal Supremo anuló el Decreto 116/2018, que regulaba la seguridad en playas y otras zonas de baño de Canarias.
Este tribunal concluyó que la obligación de prestar servicios de vigilancia y seguridad en los municipios de menos de 20.000 habitantes debía establecerse mediante una norma con rango de ley y contar con una financiación suficiente, una sentencia que dejó pendiente la creación de un nuevo marco para aportar más recursos a los ayuntamientos.
“Si nadie se lo exige, no colocan los efectivos”, sostiene Valencia. Estos ayuntamientos son responsables de gestionar la seguridad de sus playas, pero los municipios pequeños alegan dificultades económicas para asumir el servicio sin financiación autonómica.
La consecuencia directa de este vacío normativo es un mapa totalmente fragmentado: playas con dispositivos consolidados conviven con zonas de baño sin vigilancia o con servicios limitados a unos pocos meses.
Para Molina, la inversión en emergencias suele recibir atención después de una tragedia, cuando la prevención ya ha fallado. “Recortan en emergencia y después, cuando ocurre una desgracia, se llevan las manos a la cabeza”, critica.
Prevención y educación ciudadana
Valencia también reivindica que el trabajo del socorrista no comienza únicamente cuando alguien pide auxilio. El profesional vigila, anticipa conductas peligrosas, informa a los usuarios e interviene ante emergencias tanto en el agua como en la arena y los paseos marítimos.
“Somos primeros respondientes ante muchas emergencias, no solamente en el agua”, explica. Según afirma, los socorristas atienden paradas cardiorrespiratorias, hemorragias, caídas y otros accidentes mientras llega una ambulancia, que en algunas zonas puede tardar entre 25 y 30 minutos.
“No solamente podemos educar a la ciudadanía; tenemos que disponer de profesionales que estén vigilando las costas”, insiste Valencia. Quintana también comparte la necesidad de reforzar la educación acuática, aunque advierte de que la vigilancia nunca podrá sustituir la responsabilidad individual.
Un servicio que debería ser atemporal
En lo que va de 2026, Canarias ha registrado ya 40 muertes por ahogamiento, según los datos recopilados por la asociación Canarias, 1500 Km de Costa, un 30% más que durante el mismo periodo de 2025.
Las tres voces coinciden en el diagnóstico desde perspectivas diferentes: Quintana cifra el déficit entre 1.000 y 1.500 socorristas y reclama más prevención; Molina denuncia que las condiciones expulsan a los profesionales experimentados; y Valencia advierte de que un destino turístico de doce meses no puede mantener contratos limitados a cuatro.
Para los representantes del sector, el reto es convertir el socorrismo en una profesión con futuro. Detrás de una torreta vacía puede haber un trabajador experimentado que abandonó su puesto porque, como resume el portavoz de USIC, podía cobrar lo mismo en otro empleo sin jugarse la vida.
Añadir AtlánticoHoy como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.