El centro La Fortaleza I, instalaciones ubicadas en Santa Brígida (Gran Canaria) con el objetivo de acoger a menores migrantes que llegan solos a las costas canarias, recibió este lunes la visita de la Policía autonómica. Los agentes se desplazaron hasta el lugar en el marco de una investigación por presuntos delitos de lesiones, amenazas y contra la integridad moral de los jóvenes alojados allí.
Nueve empleados acabaron detenidos después de que, por orden del juez, el edificio quedara clausurado y precintado. Desde Quorum 77, la asociación encargada de gestionar el centro, aseguran en declaraciones a Atlántico Hoy que se trata de “una caza de brujas” porque desde que La Fortaleza I abrió sus puertas “hay un interés real en que se cierre”. Deslizan que esas intenciones pueden partir de políticos, jueces o fiscales que viven por los alrededores.
"Un circo caótico"
La Policía Canaria tenía la finalidad de registrar las instalaciones en busca de pruebas relacionadas con una investigación abierta por el Juzgado de Violencias Sobre la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. “Lo de este lunes”, dicen en la entidad, “fue un circo caótico y bochornoso”. “Era innecesario que vinieran 60 policías, muchos de ellos con pasamontañas y armados, no había riesgo de fuga”, sentencian.
El propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) emitió este lunes un comunicado en el que informaban de que varios agentes se desplazaban hasta el centro de Santa Brígida "ante las numerosas evidencias y testimonios recibidos sobre la presunta comisión en su interior de delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, delitos contra la integridad moral y amenazas”.
El Gobierno
Todo apunta a que no es la primera vez que se da una situación similar. La directora general de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, confirmó a EFE que en los últimos tres meses su departamento ha logrado que varias ONG al cargo de centros de acogida despidan a trabajadores implicados en "una falta de buen trato" a los usuarios.
En el caso de La Fortaleza I, el magistrado ha dado instrucciones a la Consejería de Bienestar Social para que "procure las medidas precisas para asegurar el bienestar y protección de las personas que allí residían", al encontrarse bajo su tutela. Merece la pena resaltar que el caso se encuentra bajo secreto de sumario.
"Ha sido terrible"
Las fuentes de la ONG Quorum 77 con las que ha podido hablar este medio deslizan que todo es un plan urdido desde sectores poderosos de la sociedad. “Alrededor del centro vive la élite de la élite, políticos, jueces, fiscales y todo esto”, dicen. “Desde que abrió con tan solo 43 menores siempre se ha intentado que se cerrara”, inciden.
Alguna de las trabas que aseguran haberse encontrado es empadronar a los chicos en el municipio. “Ha sido terrible, hay muchas cosas que no se cuentan, pero que están ahí y nos está cansando un poco el tema, sobre todo porque ayer [este lunes] los chicos se sintieron muy nerviosos”, apostillan desde la entidad.
“Confiamos plenamente en la justicia y en que esto se va a esclarecer, pero, por supuesto que defendemos nuestra inocencia”, concluyen.