Canarias vivió en el año 2020 una doble crisis. Mientras el resto del país lidiaba —al igual que el Archipiélago— contra los estragos de la COVID-19, las Islas recibían una cantidad ingente de migrantes que llegaban en busca de una vida mejor. Las imágenes que dejó el muelle de la vergüenza en Arguineguín reflejan la presión de aquellos días. A partir de ahí, numerosas asociaciones y ONG firmaron contratos para acoger a las personas lo antes posible.
Es el caso de Quorum 77, una entidad que ha estado en el foco durante los últimos días porque el centro de menores La Fortaleza I —ubicado en Santa Brígida (Gran Canaria)— fue clausurado este lunes por la Policía autonómica tras detener a nueve trabajadores como presuntos autores de delitos de lesiones, amenazas y contra la integridad moral de los jóvenes alojados allí.
La cifra
La asociación ha recibido del Gobierno regional 12,9 millones de euros —la cifra exacta asciende 12.870.726—. La mayoría de los contratos datan de cuando dirigía el Archipiélago Ángel Víctor Torres —aunque eso no significa que congreguen la mayor parte de la cantidad—. Merece la pena resaltar que varios llegaron a través de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia con Iratxe Serrano al mando.
Uno de los primeros fue adjudicado el 10 de marzo de 2020 por 227.500 euros con el objetivo de que gestionara el dispositivo de atención inmediata a menores migrantes en el municipio grancanario de Telde que dependiera de la propia Dirección General. El contrato detalla que el Cabildo Insular había pedido socorro ante “la situación de colapso” que estaban viviendo sus instalaciones.
Aumento de llegadas
“Se encuentran en una situación de sobreocupación que desborda la capacidad estructural de la vivienda, educativa, física y de atención a los menores extranjeros no acompañados”, relataba por aquel entonces la Corporación presidida por Antonio Morales. El área que dirigía Serrano recogía que a mitad del año 2017, de forma continua y progresiva empezó el aumento de llegada de menores.
La consecuencia fue que se saturó la red existente de hogares de protección, por lo que la respuesta fue hacer un trámite de emergencia que recibió Quorum 77. Unos meses más tarde, en julio, la Viceconsejería de Políticas Sociales y Vivienda le entregó la contratación para atender de manera inmediata a los menores no acompañados en el dispositivo ‘Corvo’, situado en Moya. La cantidad, tras una modificación, ascendió a 592.200 euros.
Fuerteventura
La crisis migratoria afectó a casi todas las islas por igual. Otra de las más perjudicadas resultó ser Fuerteventura. El 30 de junio de 2020, la Dirección General de Iratxe Serrano adjudicó a la entidad un acuerdo para que se encargara de un dispositivo de emergencias para los menores no acompañados en la isla majorera con COVID-19 o que hubieran sido contacto estrecho como medida preventiva de cuarentena. ¿La cifra? 14.850 euros.
Hasta los 194.392 euros llega un contrato para controlar el centro ‘La Ladera’ en La Aldea de San Nicolás. La justificación iba acompañada de una tabla donde se evidenciaba en cifras la magnitud del problema, adjuntada por José Pereira Miragaia, jefe del Servicio de Programas de Prevención y Protección de Menores. El 1 de octubre de 2020, por 233.590 euros, se hizo cargo también de un dispositivo ubicado en Arucas, al norte de Gran Canaria.
Explicaciones de la asociación
Fuentes de Quorum 77 defendieron esta semana, en declaraciones a este periódico, su inocencia y denunciaron que las detenciones en Santa Brígida responden a “una casa de brujas”. Así como señalaron que existe “un interés real en que se cierre”. Lo llamativo es que deslizaron la posibilidad de que las intenciones partan de políticos, jueces o fiscales que viven por los alrededores.
“Lo de este lunes”, apuntaron, “fue un circo caótico y bochornoso”. “Era innecesario que vinieran 60 policías, muchos de ellos con pasamontañas y armados, no había riesgo de fuga”, añadieron. Por el momento no se han podido conocer más detalles porque el caso permanece bajo secreto de sumario al tratarse de un tema delicado en el que hay menores de por medio. “Los chicos se sintieron muy nerviosos”, indicaron en la asociación.
"Es determinante"
Volviendo a los contratos, solo 29 días después de recibir el encargo para Arucas, se les adjudicó 118.158 euros mediante una tramitación urgente para el centro majorero llamado ‘Beethoven’ en Puerto del Rosario. De nuevo, por parte de la Dirección General dirigida por Iratxe Serrano. “Es determinante la situación de emergencia por la llegada intermitente de embarcaciones con supuestos menores extranjeros a la que se unen la COVID-19”, recoge el acta de resolución.
El 17 de noviembre de 2020, también para La Aldea, Quorum 77 fue adjudicataria de un contrato de emergencia por 260.192 euros. El 1 de diciembre del mismo año fue cuando se pusieron al frente de ‘La Fortaleza’, el centro que está bajo el foco de la justicia en Santa Brígida. La cantidad que recibieron, esta vez por parte de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, ascendió a 875.422 euros.
Plazo de ejecución
Aunque en menor medida que las islas orientales, Tenerife también padeció las consecuencias de la llegada masiva de migrantes. 929.326 euros fue la cantidad que recibieron desde la Viceconsejería de Derechos Sociales con la finalidad de dirigir un dispositivo de emergencia en el municipio de Puerto de la Cruz. El 5 de febrero de 2021, desde la misma área, Quorum 77 recibió 477.586 euros para el centro La Aldea III Hoyilla.
Al sur de la isla, en San Bartolomé de Tirajana, se encontraba otro dispositivo que también se adjudicó a la asociación por 165.722 euros el mismo día según aparece reflejado en los documentos de la Plataforma de Contratación del Estado. El plazo de ejecución era de 12 meses. Uno de los motivos, según el acta de resolución, fue la llegada de varias pateras a la isla de Tenerife a finales del año 2020.
Hoya Frío
Merece la pena resaltar que en la misma jornada, el 5 de febrero, la Dirección General de Iratxe Serrano adjudicó a Quorum 77 un acuerdo por 339.552 euros de cara a gestionar un dispositivo en el municipio de Moya. De nuevo, se tramitó por la vía de emergencia. Al día siguiente llegó uno de los contratos más cuantiosos desde el punto de vista económico: 1.762.394 euros para las instalaciones José García, en Mogán.
El Gobierno autonómico actual también ha adjudicado contratos a la entidad. El 23 de enero de 2024 le puso 1.590.750 euros sobre la mesa para la atención inmediata a personas menores migrantes no acompañadas en Hoya Fría (Tenerife). Lo hizo a través de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, de la que se encarga Sandra Rodríguez.
Alojamiento y manutención
Lo mismo ocurrió unos días antes, cuando destinó 1.909.566 euros para los dispositivos Corvo I, San Juan IV, Tirajana I y Tacoronte VI, sitos en las islas de Gran Canaria y Tenerife. Entre los servicios a prestar están el alojamiento y manutención; así como la orientación especializada en promoción de la autonomía.
Además, se le adjudicó la gestión Fortaleza V, Salinetas y Teror en Gran Canaria por 1.636.020 euros. Estos movimientos por parte del Gobierno autonómico evidencian que el problema migratorio no ha cesado con el tiempo. Sin ir más lejos, en los próximos meses puede haber un repunte de llegadas con las calmas en las mareas propias de agosto, septiembre y octubre. Otras cifras también para las dos islas capitalinas son 1.419.570 o 420.000 euros.