La movilización sindical en defensa de los medios de comunicación públicos trasladará su foco principal al Archipiélago. La alianza RTV’s Públicas en Lucha, que agrupa a los comités de empresa de las principales radiotelevisiones autonómicas del Estado, ha anunciado que celebrará su tercer encuentro en las Islas Canarias los próximos 5 y 6 de abril. Esta decisión responde a la preocupación por la tramitación de la nueva ley del sector audiovisual de Canarias, impulsada por el Ejecutivo regional, la cual ha puesto a la plantilla en pie de guerra.
El traslado de las reivindicaciones sindicales al Archipiélago está directamente motivado por la situación de Radio Televisión Canaria, calificada por la plataforma como una emergencia legislativa. Los representantes de los trabajadores consideran que el nuevo texto normativo supondrá un claro retroceso democrático y abrirá la puerta a la externalización de los servicios informativos, lo que afectará directamente a la calidad de la información y a la independencia editorial.
La lucha sindical no se circunscribe solo a la televisión pública canaria. En Castilla-La Mancha Media los trabajadores han mantenido un pulso constante a través de los denominados viernes negros, alcanzando ya su decimoctava jornada de protestas. Los representantes de los trabajadores en esta comunidad autónoma denuncian que las plantillas sufren recortes estructurales sostenidos desde hace más de una década mientras se incrementa el gasto en los departamentos de alta dirección.
Huelga conjunta en 2027
Además de los riesgos en las islas, la plataforma sindical alerta de que la legislación autonómica representaría un incumplimiento del reglamento europeo EMFA (Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación). Este panorama ha encendido las alarmas en el resto de territorios de la alianza, que reúne a entes como À Punt, Canal Sur, Telemadrid o TV3, evidenciando un problema estructural que atenta contra la estabilidad del servicio público.
La gravedad de la situación en las diferentes corporaciones autonómicas ha llevado a los comités a acordar una huelga conjunta en 2027, que se celebrará de manera simultánea coincidiendo con el arranque de las próximas elecciones generales o municipales. Las plantillas denuncian un deterioro generalizado de la independencia informativa y un incremento de las políticas de privatización que ponen en riesgo la propia existencia del modelo de comunicación público.
Búsqueda de soluciones
Los representantes sindicales denuncian que las estrategias de gestión actuales generan sobrecostes para las arcas públicas y precarización laboral debido al uso de empresas externas. Durante las reuniones programadas para abril en Canarias, la alianza intensificará las acciones de vigilancia contra la manipulación y externalización, buscando frenar el deterioro de las plantillas y garantizar la transparencia del servicio que financian los ciudadanos.