La Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias ha otorgado la autorización administrativa definitiva a la planta de emergencia de 18 megavatios que Sampol I. y O. Canarias, S.L. proyecta en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. La resolución, publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), habilita ya la ejecución técnica de la instalación tras la luz verde urbanística concedida el pasado mes de diciembre.
El proyecto autoriza la instalación de diez grupos electrógenos diésel que sumarán 18 MW de potencia para reforzar el sistema eléctrico tinerfeño en situaciones críticas.
Solo para apagones
La resolución establece que las instalaciones “solo serán despachadas en aquellos momentos en que exista riesgo cierto para la seguridad del suministro” y fija que estarán en funcionamiento “por un plazo máximo de tres años, siendo posible la prórroga” si persisten las circunstancias extraordinarias.
Asimismo, el documento deja claro que no se integrarán como generación estructural ordinaria del sistema eléctrico.
Advertencias de Emergencias
La autorización llega después de que, durante la tramitación ambiental, la Dirección General de Emergencias advirtiera del posible “efecto dominó” en caso de accidente, dada la previsión de almacenamiento de hasta 400.000 litros de diésel en una zona industrial del puerto donde operan otras instalaciones energéticas.
A raíz de esas observaciones, la resolución impone que, antes del inicio de las obras, el promotor “prediga y valore los efectos que un probable accidente en la planta de emergencia podría tener sobre las instalaciones industriales cercanas y, en sentido contrario, qué efectos podría tener sobre la planta generadora un accidente en estas instalaciones industriales próximas”.
También deberá elaborarse un Plan de Autoprotección y cumplirse la normativa sobre riesgos asociados a sustancias peligrosas.
Límites ambientales y operativos
El informe de impacto ambiental, tramitado por la vía simplificada, obliga a instalar sistemas de reducción de emisiones tipo SCR en cada uno de los diez grupos electrógenos y limita la operatividad anual a entre 500 y 1.000 horas.
El documento advierte que esta medida solo será válida “sobre la base de que la planta de generación únicamente entre en funcionamiento en situaciones de emergencia energética”.
Entre las condiciones impuestas figuran también la monitorización acústica, un estudio específico de campos magnéticos en la fase inicial de funcionamiento y controles sobre la impermeabilización de las zonas donde se ubiquen los depósitos de combustible.