En Tenerife viven 2.738 personas en situación de exclusión residencial extrema, de las cuales más de mil duermen en la calle, en tiendas de campaña o en vehículos no habilitados, mientras que el resto habitan en estructuras temporales o inestables como caravanas, chabolas, refugios, edificios ocupados o cuevas, según un reciente informe de Cáritas. Como capital, Santa Cruz abarca el mayor número de afectados por este problema, pero los mayores aumentos se han producido en Arona, que ha triplicado su registro de 2020 y La Laguna, que ha llegado a duplicarlo. Aparte del peso poblacional, esta migración interna obedece tanto a la prestación de servicios por parte de los ayuntamientos del área metropolitana como a las condiciones climáticas y el entorno de actividad turística de los municipios del sur.
Aunque la incidencia de la pandemia se relaciona con el 43% de los afectados por exclusión residencial, por otro lado también avanza la "cronificación" del problema ya que más de la mitad se encuentran desde hace más de un año en esta situación y, de ellos, un tercio lleva más de tres años. En su mayoría los ayuntamientos actúan con un enfoque asistencialista pero, como apunta Úrsula Peñate, coordinadora de Cáritas, es necesario "cambiar las políticas de prestación de servicios por políticas de garantía de derechos", subrayando el derecho a una vivienda digna y adecuada recogido en la Constitución y la Declaración de los Derechos Humanos.
En este sentido la coordinadora de Cáritas, responsable del citado informe, denuncia una "política pobre y carente de recursos" en materia de vivienda y "exige políticas de acceso a la vivienda reales, donde las personas no puedan ser expulsadas sin tener una alternativa digna, adecuada y estable", aclara Peñate. Si bien la promoción de vivienda es competencia del Gobierno de Canarias, "los ayuntamientos también tienen parte de responsabilidad con la cesión de suelo, o garantizando el derecho al empadronamiento para que los afectados puedan acceder al sistema de protección social", señala.
Área metropolitana
Aunque Santa Cruz registró un aumento desde las 839 hasta las 953 personas en riesgo de exclusión residencial, la concejal de Acción Social, Rosario González, destaca que el porcentaje de afectados en la capital respecto al total de Tenerife disminuyó "en la medida que se van abriendo recursos en otros municipios". De esta manera, González explica que a menudo "las personas sin hogar en Tenerife se han visto en la obligación de trasladarse a Santa Cruz para obtener una respuesta." La inversión del consistorio para atender a este colectivo se sitúa en torno a los 3 millones de euros entre recursos asistenciales y alojativos, dedicando gran parte de esta cantidad al Centro Municipal de Acogida, con más de 150 plazas, pero también para comedores sociales y 12 pisos gestionados con otras organizaciones.
Respecto a La Laguna el concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio señala que el aumento en su municipio, donde se han duplicado las personas en riesgo de exclusión residencial hasta los 422, responde en parte a la migración interna de habitantes de la zona sur de la isla, que vivían en infraviviendas costeras o sufrieron desalojos en municipios como Granadilla, Adeje o Guía de Isora. Rubens Ascanio apunta a una "revolución" del consistorio lagunero en los últimos años para abordar la emergencia habitacional, con un aumento del 257% en el número de plazas alojativas hasta un total de 75 implementando un modelo distinto a los albergues, con asistencia a grupos pequeños en pisos tutelados y apoyándose en un programa de integración social para mejorar la situación de la persona y que pueda abandonar las dependencias tan pronto sea posible.
El concejal lagunero apunta que "entre 2012 y 2020 no se ha construido una sola vivienda en Canarias", desde que concluyó el último Plan de Vivienda del Gobierno. Por eso desde el ayuntamiento se apoyan en la red de Recursos Alojativos Municipales Temporales, que cuenta con siete pisos y el centro Clemencia Hardisson inaugurado en 2021, lo que supone una inversión anual de 2,1 millones de euros. Asimismo el ayuntamiento ha puesto en marcha un plan para incorporar segundas residencias sin uso y ofrecerlas el alquiler a coste cero y, mas recientemente, ha aprobado una dotación presupuestaria adicional de 3 millones de euros para la compra de viviendas que se destinarán a paliar la emergencia residencial.
Sin recursos específicos
"En toda la vertiente sur de la isla no existen recursos específicos para las personas sin hogar" denuncia Úrsula Peñate. Arona es el segundo municipio en número de personas en riesgo residencial, triplicando su registro de 2020 hasta alcanzar las 441 personas, dato similar al de La Laguna. Sin embargo, para la coordinadora de Cáritas el incremento se explica por la atracción del "tejido turístico y el clima, ya que las personas se pueden buscar la vida de mejor manera, aunque sea mediante la mendicidad". Por otra parte, desde Cruz Roja, el coordinador provincial Rubén González atribuye el incremento a la "situación económica, la carencia de viviendas y el desempleo derivado de la pandemia", señalando además la incidencia de los desahucios tanto en Arona como en municipios vecinos.
En la vertiente sur, los servicios para personas en riesgo residencial son casi exclusivamente de tipo asistencial. En este punto entran en funcionamiento las unidades móviles gestionadas por Caritas y Cruz Roja con la financiación de los ayuntamientos de Adeje, Arona y la previsión de incorporar una en Granadilla. Estos recursos atienden a las necesidades básicas, ejerciendo de puente entre las administraciones y las personas pero en ningún caso pueden paliar las carencias alojativas. En este punto Rubén González matiza que algunas personas, bien sea por decisión propia o por problemáticas asociadas a salud mental o consumos abusivos, rechazan cumplir las normas de acceso a los centros. "Cuando ingresas en un recurso alojativo se requiere un plan de trabajo para mejorar la situación de la persona porque es imposible mantener un sistema puramente asistencialista", concluye.
Fuente: Cabildo de Tenerife.