A la nómina de algunos investigadores que trabajan para la Universidad de La Laguna (ULL) le falta algo: un complemento salarial recogido en su convenio que de momento la institución no puede pagar. Las facultades de Medicina y Educación necesitan una reforma urgente que, pese a estar planificada, no se puede iniciar por falta de presupuesto. Tampoco se puede contratar a nuevo personal, tanto docente como de gestión y administración, porque el dinero no alcanza. Esto deriva en que los plazos se ralentizan, las aulas están más llenas y los profesores más sobrecargados.

Así está siendo el paisaje de infrafinanciación presupuestaria que la universidad pública lleva meses denunciando y que también afecta a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Aunque ambas instituciones no estén sufriendo la asfixia que sí sienten otras universidades como la Universidad Complutense, las canarias operan, aun así, con la soga al cuello.

Los números de la universidad

La ULL aprobó recientemente el que será su presupuesto de 2026. Contará con 181 millones de euros (un 4,05% más) para hacer funcionar toda la maquinaria académica. Para tomarlo como contexto, este presupuesto es mayor que el de la gran mayoría de ayuntamientos de Canarias, y cuenta con una población de profesores, investigadores, personal y estudiantes de unas 25.000 personas, es decir, más que la población de La Gomera.

Pero los 181 millones de euros están lejos de los 300 millones que esta institución debería recibir según la ley del sistema universitario, que establece que las universidades públicas deben percibir el 1% del PIB de la comunidad autónoma. Según explica el rector de la ULL, Francisco García, si el PIB de Canarias es de unos 60.000 millones de euros, el Gobierno de Canarias tendría que destinar a las dos universidades públicas 600 millones de euros. Sin embargo, la dotación para 2026 se situará en 281 millones de euros.

Un peso menor

Además, el peso de la dotación presupuestaria cada vez es menor. El rector explica que si en 2009 el 84% del presupuesto de la universidad era aportado por el Gobierno de Canarias, el año que viene será el 82%.

Tomando también como referencia el año 2009, el economista explica que ese año el presupuesto fue de 162 millones de euros. Si se compara con las cuentas de 2026, la universidad ha aumentado su capacidad de gasto un 11%, pero la inflación ha aumentado un 31% en ese mismo periodo, lo que implica “un recorte” en la capacidad de gasto en términos reales del 20%.

Complementos sin pagar

Este recorte lo sufren unos más que nadie. Según explica el profesor de Derecho, investigador y vocal de Jóvenes por la Investigación de Tenerife, Sergio Siverio, la universidad actualmente no está cubriendo el complemento de trienio para el personal docente investigador con experiencia en otras universidades, ni los complementos salariales que corresponden a quienes han defendido su tesis doctoral.

Además, el personal docente investigador también se ha encontrado, como denuncia Siverio, con la desaparición de coberturas específicas para la movilidad internacional, destinadas a realizar estancias de investigación en otros países.

Falta de personal

A esto se suma que no se ha puesto en marcha un plan propio para la contratación de personal docente investigador, pese a las necesidades existentes. “No es porque la universidad no tenga voluntad, sino porque no tiene recursos para implementar planes específicos al margen de lo que hace el Estado o la comunidad autónoma”, explica Siverio.

Justo la falta de docentes es el primer factor que señala el portavoz de la Asociación Canaria de Estudiantes, Andrés Paz, al hablar de las consecuencias de la infrafinanciación. Una carestía de profesorado “que condena al estudiantado” porque “no se pueden reducir las ratios por aula si no se contrata a más profesorado”. "Actualmente hay aulas sin cubrir, sustituciones que no se producen y plazas que no se pueden convocar", apunta. 

Impacto en el alumnado y la gestión

Siverio también señala que son los estudiantes quienes sufren la falta de profesorado y de personal administrativo y de gestión, lo que afecta a la calidad de la docencia por la sobrecarga del personal, la falta de recursos, de infraestructura y de relevo generacional.

La propia infraestructura universitaria también sufre el ajuste financiero. Paz explica que “hay reformas muy necesarias”, especialmente en las facultades de Educación y Medicina, que deberían hacerse “prácticamente desde cero”. A día de hoy, afirma, sigue siendo una incógnita porque el Gobierno de Canarias no aborda un plan de financiación plurianual.

Residencias y alojamiento universitario

Pero no es la única carencia. El representante estudiantil reclama la construcción de nuevos centros alojativos y una política residencial efectiva ante un mercado del alquiler y de la vivienda tensionado que expulsa a los jóvenes.

Los alumnos de la ULL compiten por vivienda en uno de los municipios más demandados y con menor oferta de la isla. En este curso, más de 5.000 estudiantes solicitaron alojamiento universitario frente a algo más de 500 plazas. “Los colegios mayores están en muy mal estado y los servicios son escasos porque el Gobierno no aumenta la financiación”, denuncia Paz.

Se cubren los mínimos

El rector explica que, con el déficit de financiación, solo han podido cubrir “unos mínimos”. El Ejecutivo regional aportará 3 millones de euros adicionales el próximo ejercicio y cubrirá el aumento de los costes laborales, aunque García subraya que “está lejos de las necesidades reales”.

Con más recursos, señala, se podrían acelerar proyectos estratégicos, como la renovación de la plantilla de profesorado ayudante doctor, reforzar el músculo investigador mediante programas de excelencia o invertir más en mantenimiento, incluyendo las obras pendientes en Medicina y Educación.

Contradicción

Pese a todas las carencias, Siverio es especialmente crítico con que se haya aumentado el sueldo del presidente del Consejo Social, Francisco Vicente Almeida, para equipararlo al de un viceconsejero del Gobierno de Canarias, pese a la falta de financiación universitaria.

“No se puede decir que falta dinero para las universidades públicas mientras se crean universidades privadas y se retribuyen las presidencias de los consejos sociales”, reprocha el investigador, que ve “grandes contradicciones” en el Ejecutivo regional y reclama un marco de financiación estable para las universidades públicas canarias.