La Ley de Costas es algo que resuena en Canarias desde su creación en 1988, siendo una de las comunidades más afectadas por el número de edificaciones que se encuentran en dominio público marítimo - terrestre.
En España hay más de 86.000 construcciones que están en situación irregular o a punto de perder su estatus legal, al ubicarse en este dominio. En las Islas, según los datos recopilados por Newtral, son más de 3.000 edificaciones, tanto de uso residencial como comercial, entre otros tipos, las que se encuentran bajo amenaza de demolición.
Uso residencial
En el Archipiélago son 3,36 kilómetros cuadrados los que se encuentran dentro del dominio público marítimo - terrestre, abarcando más de 66 municipios canarios y 80 núcleos costeros.
Del total de edificaciones repartidas por este espacio, 2.048 son de uso residencial, lo que representa cerca del 70% del total de edificaciones afectadas en la región, en línea con lo que ocurre en comunidades como Murcia y la Comunidad Valenciana. Se calcula que afectaría a entre 150.000 y 200.000 personas.
A estas se suman otras construcciones: 502 edificios destinados a servicios públicos, 217 de uso comercial, 181 industriales, 42 agrícolas, 11 oficinas y 113 cuya finalidad no ha podido determinarse.
Panorama nacional
A nivel nacional, más de la mitad de los inmuebles afectados (53,4%) tienen un uso residencial, mientras que un 17,45% están vinculados a servicios públicos, un 12% son industriales y un 10% comerciales.
Por lo que el debate no es exclusivo de Canarias. En comunidades como Galicia, Andalucía o la Comunidad Valenciana, miles de viviendas también se enfrentan al mismo destino. Galicia, de hecho, es la región con más grandes viviendas (más de 100 m²) en riesgo, seguida de Andalucía, Valencia y Canarias, donde hay más de 1.000 casas de ese tamaño bajo amenaza.
Por otro lado, Ceuta es el territorio con mayor proporción de construcciones afectadas (4,6% del total de edificios en la ciudad), seguida de Baleares (0,8%) y Canarias (0,7%). En contraste, Cataluña y Murcia presentan los porcentajes más bajos, con apenas un 0,1% del total de edificaciones en riesgo.
Desplazamiento forzoso
El origen de esta situación se remonta a la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988. La norma estableció que todas las edificaciones situadas dentro del dominio público pasaban a ser propiedad del Estado. Como medida transitoria, se otorgaron concesiones de 30 años a sus ocupantes, que les permitían seguir usando sus viviendas. Muchas de esas concesiones expiraron en 2018, aunque una reforma en 2013 permitió su prórroga hasta los 75 años en determinados casos.
En las islas, se presentan dos problemas — pilares de las reclamaciones de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas — respecto a esta situación. Muchas de estas edificaciones son viviendas habitadas desde hace generaciones, por lo que supondría el desplazamiento forzoso de múltiples personas. Además de que las casas están integradas en el paisaje y forman ya parte de la identidad de las costas canarias, por lo que podría suponer a su vez la pérdida de un patrimonio visual y social característico.
Evitar las demoliciones
Aunque Canarias gestiona desde hace unos años la tramitación de concesiones en zonas costeras, la legislación de base sigue siendo competencia del Estado, lo que impide a la comunidad autónoma modificar la normativa para evitar las demoliciones. Si una edificación en dominio público carece de concesión o incumple los requisitos, la administración autonómica está legalmente obligada a ejecutar su demolición, aunque políticamente no desee hacerlo.
Desde el Ejecutivo regional se han intentado vías de negociación con el Estado para conseguir nuevas prórrogas, especialmente en los casos donde las viviendas cumplen funciones sociales o están habitadas por familias vulnerables. Sin embargo, la presión ambientalista y los compromisos internacionales de protección del litoral dificultan una solución definitiva.