El sindicato docente STEC-IC pide cambiar la Ley de Protección a la Infancia para que una persona con antecedentes por delitos graves, como violencia de género, delitos de odio, violencia vicaria o delitos de sangre, no pueda dar clase a menores.
La organización plantea este cambio tras un caso en el que, según expone, la Consejería de Educación no ha podido apartar a un docente condenado por violencia de género al no existir una orden judicial expresa que lo permita. Para el sindicato, esta situación evidencia la necesidad de adaptar la normativa para evitar que casos similares vuelvan a quedar sin una respuesta clara.
Cambios en las listas
STEC-IC también pide que se adapten las listas de la Consejería de Educación para impedir que personas con restricciones u órdenes de alejamiento puedan acceder a plazas vinculadas a entornos con menores.
El sindicato considera que la Administración educativa debe contar con herramientas más ágiles para actuar cuando existan riesgos demostrados. Por eso, propone una coordinación de oficio entre el Registro Central de Antecedentes Penales y Educación para aplicar medidas cautelares cuando haya una sentencia firme.
El interés del menor
La organización sindical afirma que reconoce el derecho a la reinserción social, pero defiende que en estos casos debe prevalecer el interés superior del menor como límite justificado.
“La propuesta no persigue la exclusión absoluta del mercado laboral ni la invalidación de las competencias profesionales de los docentes afectados, sino una acotación de su ámbito operativo”, señala STEC-IC.
Proteger los entornos educativos
El sindicato insiste en que el objetivo no es apartar a estas personas de cualquier empleo, sino evitar que puedan ejercer en espacios donde trabajen directamente con menores cuando existan antecedentes graves o medidas judiciales que supongan un riesgo.
Para STEC-IC, la normativa actual deja un margen de actuación insuficiente a la Consejería de Educación, por lo que reclama una reforma que permita proteger mejor los centros educativos y garantizar entornos seguros para el alumnado.