La vista celebrada este martes en la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas para tratar de llegar a un acuerdo entre la mujer acusada de haber inyectado en los labios a 37 mujeres silicona líquida subcutánea en Las Palmas de Gran Canaria ha sido suspendida.
La mujer ha ofrecido indemnizar a sus víctimas con 200 euros al mes a repartir entre ellas, lo que supondría que debería estar 18 años pagando para cubrir las indemnizaciones. La oferta ha sido rechazada por las acusaciones y una de las perjudicadas ha calificado de "vergonzosa".
Se celebrará el juicio
Tras escuchar esa oferta, la acusación no ha seguido con la negociación, por lo que el tribunal presidido por el magistrado Emilio Moya ha determinado que se tendrá que celebrar el juicio contra la imputada por intrusismo profesional y lesiones graves por unos hechos presuntamente cometidos entre los años 2016 y 2019.
La acusada, G.E.B.H., de origen colombiano y nacionalidad española, se enfrenta a una condena de 30 años y 10 meses de prisión por un delito de intrusismo profesional -ya que se hacía pasar por médica jubilada- y 37 de lesiones por imprudencia grave, además de al pago de una indemnización de 5.000 euros a cada una de las víctimas.
Colegio de Médicos
En la causa figuran también como acusaciones el Colegio de Médicos de Las Palmas, que pide condena por el delito de intrusismo profesional, y una acusación particular que representa a una de las víctimas, María del Rosario R.
En declaraciones a los periodistas, María del Rosario R. ha manifestado que es una "vergüenza" el dinero ofrecido por la acusada, pues, en su caso, solo por la intervención quirúrgica a la que se sometió para reparar parte del daño que le causó tuvo que pagar 2.000 euros, y aún está pendiente de una nueva intervención para extraer la silicona que le queda en la cara y tampoco tiene garantías de que se la puedan quitar.
Esta perjudicada ha indicado que acudió a G.B.E.H en 2018 por recomendación de una amiga y que le inyectó silicona en el entrecejo, los labios y en los surcos de la cara, que le abonó 700 euros y que fueron varias las sesiones: unas en su casa, situada en el barrio de Escaleritas, y otras en un bungalow ubicado en Maspalomas.
Asímismo, ha explicado que tras el tratamiento empezó a sentir durezas y dolor en la cara y que acudió entonces a un cirujano plástico, que le confirmó que lo que le habían inyectado en la cara era "silicona industrial".
Peligro de muerte
Ha dicho que aunque le han extraído una parte, aún no sabe cuándo podrán sacarle el resto y si quedará libre del todo de esta sustancia que puede migrar a otras partes del cuerpo y que, en caso de llegar al cerebro, podría provocar una parálisis cerebral.
La acusada ha "jugado con la vida y la salud" y se ha aprovechado de todas sus víctimas, ha recalcado María del Rosario R., quien ha lamentado que muchas no hayan podido pagarse una cirugía como ella (según el escrito de acusación solo cinco han podido someterse a cirugía). Es mucho el "dolor" y las depresiones que ha provocado la procesada, ha añadido.
Ácido hialurónico
Según el escrito de la fiscal Cristina Coterón, la acusada empleaba un material que no está autorizado como sustancia de relleno por la Agencia Española del Medicamento y hacía crecer a sus clientas que les inyectaba ácido hialurónico.
Por estos tratamientos cobraba normalmente 150 euros en la primera sesión y 50 más por una de retoque, precisa el escrito de la Fiscalía, en el que también se señala que semanas después de los tratamientos las perjudicadas comenzaban a sentir dolor y durezas y la procesaba les decía que se hidrataran los labios y se los masajearan y que era normal por la infiltración a la que se habían sometido.