Sólo Tenerife ha respondido a Santana con el número de plazas ocupacionales para discapacidad

Los otros seis cabildos no han dado la información requerida sobre las listas de espera para esas plazas

Guardar

Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. / Ramón de la Rocha (EFE)
Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. / Ramón de la Rocha (EFE)

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha pedido información a los cabildos sobre sus listas de espera para las plazas ocupacionales para personas con discapacidad, pero solamente ha respondido por ahora el de Tenerife, que tiene registradas 77 solicitudes.

El problema de la falta de plazas ocupacionales para personas con discapacidad y que ya no pueden ni trabajar ni formarse, sobre el que se ha interesado la Diputación del Común a raíz de las quejas de la Plataforma "Y ahora, ¿qué hacemos?", ha llegado este martes al Parlamento de Canarias, a raíz de una pregunta de la diputada del grupo Mixto Vidina Espino a la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana.

Ampliar los centros ocupacionales

Noemí Santana ha reconocido el problema que supone la falta de plazas para estas personas y para sus familias, y ha indicado que algunos ayuntamientos están planteándose ampliar los centros ocupacionales con cargo a los 72 millones de euros de los fondos europeos para el plan de infraestructuras sociosanitarias.

La diputada Vidina Espino ha agradecido que la consejera pidiera información a los cabildos a raíz de su pregunta parlamentaria, pero a la vez ha subrayado que, sea de quien sea la competencia, es necesario tener una visión sobre este problema a nivel de toda Canarias.

Espino pide a Santana que actúe

"No sabemos cuántos jóvenes están en el limbo, cuántos que no pueden trabajar ni formarse están esperando una plaza en un centro ocupacional", ha lamentado Espino, y ha pedido a la consejera que actúe, porque "no es justo" que cada uno dependa de "si su cabildo o su ayuntamiento hace bien las cosas".

"La Consejería debe velar por que todas las personas tengan las mismas posibilidades en toda Canarias", ha subrayado Vidina Espino, quien además ha denunciado las dificultades de ejecución de los 72 millones de los fondos europeos para infraestructuras sociosanitarias debido a la falta de personal.

Común en todas las CCAA

Santana ha respondido al respecto que esa falta de personal es común a las comunidades autónomas, y de ahí que en la conferencia sectorial de Derechos Sociales con el Ministerio se acordara extender el plazo para su ejecución desde 2024 hasta 2026.

La consejera de Derechos Sociales ha respondido en la comisión también a una pregunta de la diputada de CC-AHI-PNC Cristina Valido, quien quería saber si en el plan de infraestructuras sociosanitarias está previsto ampliar las plazas residenciales para personas con discapacidad y con problemas de salud mental.

Personas con discapacidad y problemas de salud mental

Las plazas para personas mayores dependientes son esenciales, pero no se debe olvidar la necesidad de la dotación de plazas residenciales para las personas con discapacidad y con problemas de salud mental, ha dicho Cristina Valido.

Noemí Santana señaló que Canarias está por encima de la media estatal en cobertura de plazas para personas con discapacidad, pese a lo cual sigue habiendo una alta demanda y es fundamental seguir ampliando la oferta, también para personas con problemas de salud mental.

Las plazas

Actualmente hay 2.212 plazas residenciales para personas con discapacidad en 186 centros (1.009 de esas plazas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 1.203 en la de Las Palmas).

La previsión es de 739 plazas nuevas en el plan de infraestructuras sociosanitarias, cofinanciadas entre la Comunidad Autónoma y los cabildos.

Un concierto social antes de acabar la legislatura

Para el próximo viernes hay prevista una reunión entre la administración autonómica y las insulares para tratar de la incorporación al plan de infraestructuras de los 72 millones de euros de fondos europeos, y en ese contexto se trabaja para la ampliación de esas plazas, explicó Santana.

Anunció también que antes de que termine la legislatura se va a implementar un concierto social con las fundaciones tutelares para que se responsabilicen del futuro de las personas con discapacidad, un modelo que puede ser pionero y referencia para otras comunidades autónomas, aseguró.

Archivado en: