Hace cincuenta años, el simple hecho de manifestarte en Canarias te podía costar la vida. Trabajadores, estudiantes y vecinos que se manifestaban por salarios dignos, libertades o servicios básicos para sus barrios se enfrentaban a una represión que no había desaparecido con la muerte de Franco. Domingo Garí, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de La Laguna (ULL), lo resume así a Atlántico Hoy: "Todavía te podías jugar la vida, como efectivamente ocurrió".
Garí es el comisario de la exposición que el Archivo de la Transición Democrática en Canarias (ATDC) organizó en la Biblioteca de la ULL, titulada "Bartolomé García Lorenzo. 1976-2026: 50 años de un asesinato policial", abierta hasta el 30 de octubre.
Esta muestra recuerda al estudiante asesinado en el barrio de Somosierra el 22 de septiembre de 1976, pero también abre la puerta a otra historia: la de cómo vivieron la Transición los barrios, los trabajadores y los estudiantes canarios.
Esta fue una época de esperanza y de lucha a la vez. "Había un entusiasmo bastante generalizado porque se veía la posibilidad de que la dictadura terminara", recuerda el historiador. Pero ese entusiasmo convivía con unas instituciones que no habían cambiado y que respondían con dureza a cada reivindicación.
"Todavía te podías jugar la vida"
Tras la muerte de Franco, explica Garí, "la policía, la Guardia Civil, la judicatura, todos los grandes aparatos del Estado seguían siendo pesadamente franquistas". Algunos medios de comunicación empezaban a abrirse al nuevo pensamiento democrático, mientras otros seguían siendo muy afines al régimen.
Esta brutalidad no fue un fenómeno aislado. Según Garí, solo en 1976 murieron en toda España alrededor de 33 personas víctimas de la represión policial o de grupos de extrema derecha.
La violencia policial también dejó otros nombres propios en las islas. El historiador recuerda a Antonio González Ramos, torturado y asesinado en 1975 en dependencias del Gobierno Civil en Santa Cruz. Un año después llegó el asalto en Somosierra y la muerte de Bartolomé García Lorenzo, estudiante de Magisterio. La sentencia reconoció la brutalidad policial, pero los implicados recibieron penas mínimas y continuaron con sus carreras.
Posteriormente, en diciembre de 1977, la violencia volvió a golpear a los estudiantes. La Guardia Civil disparó contra quienes se manifestaban en la Universidad de La Laguna y asesinó al estudiante Javier Fernández Quesada.
Más allá de esos episodios trágicos, las fuerzas del orden "todavía operaban con mucha dureza para reprimir las manifestaciones obreras y estudiantiles", señala Garí, en un momento en que trabajadores y estudiantes comenzaban a impulsar nuevas reivindicaciones.
Sin asfalto, sin luz y sin colegios
La primera preocupación entre los trabajadores canarios era el sueldo. "La gente en aquel entonces cobraba salarios miserables", afirma Garí. En las grandes empresas del tabaco, las guaguas, las conservas o el turismo, que empezaba a crecer, los trabajadores reclamaban mejores salarios, regular las horas extra o ayudas para la escolarización de sus hijos.
Los barrios sumaban sus propias carencias. Habían crecido en la década anterior "de aluvión, sin planes de barrio", y el resultado era evidente: "Las calles no están asfaltadas, no hay alumbrado público, no hay alcantarillado, no hay centros de salud y hay un déficit enorme de colegios públicos". Taco, La Cuesta, Tío Pino o la propia Somosierra reclamaban que las políticas municipales atendieran a la mayoría de la población, que vivía en esos barrios.
En esos momento, se sucecedieron tanto las victorias como las derrotas. Según el historiador, los guagüeros ganaron una huelga que se prolongó de forma intermitente durante todo 1977, mientras que los trabajadores de la recogida de basura de Santa Cruz, de la empresa CESPASA, perdieron la suya pese a sostener "una huelga larga y muy dura".
En estas luchas particulares tuvieron un papel destacado sindicatos propios como el Sindicato Obrero Canario y la Confederación Canaria de Trabajadores, al margen de Comisiones Obreras y UGT.
El despertar de la canariedad
El movimiento vecinal y obrero tenía, además, un fuerte componente nacionalista canario. "La gente estaba descubriendo que Canarias tenía una realidad propia, que tenían problemas propios, que tenían que solucionarse desde Canarias", explica Garí.
Ese sentimiento derivó en reivindicaciones que iban desde la autonomía hasta la independencia, pasando por el derecho de autodeterminación. La idea compartida era que Canarias debía tener, "en el peor de los casos, un amplio autogobierno", como las llamadas comunidades históricas.
El resultado, a juicio del historiador, fue desigual: "Se logró a medias, pero bueno, se logró más o menos".
Furia contra el poder, empatía hacia la víctima
Los asesinatos de Bartolomé García Lorenzo y Javier Fernández Quesada sacaron a miles de personas a la calle. La indignación fue tal que, tras la muerte de Bartolomé, llegó a plantearse que la policía no llevara armas de fuego en su servicio.
"La población reaccionó con furia y reaccionó con empatía: con furia contra el poder y con empatía hacia la víctima", resume el historiador. A ello contribuyó una red de organizaciones políticas de izquierda muy extendida y muy crítica con la forma de actuar de las fuerzas del orden, heredada de la dictadura.
Una historia fuera de las aulas
Cincuenta años después, los nombres de estas víctimas tardías del franquismo en Canarias apenas son conocidos. Para Garí, la causa es clara: "No se enseña en los institutos, que es donde debe enseñarse".
El historiador lamenta que el currículo educativo canario no incluya estos contenidos. "Si no le enseñas a los estudiantes, no lo van a aprender de ninguna otra manera", advierte, y defiende adaptarlos a cada edad. "Esto es una tragedia, pero es la realidad", concluye.
Medio siglo después, algunas de aquellas reclamaciones siguen en la calle. El 50.º aniversario del asesinato de Bartolomé García Lorenzo coincide con una semana en la que el archipiélago vuelve a movilizarse: este próximo sábado hay convocada una manifestación en todas las islas en defensa de la "democracia real".
Los contextos son muy distintos, pero las demandas se parecen. Si en los años setenta los barrios pedían colegios, centros de salud y salarios dignos, los convocantes de esta nueva huelga reclaman la defensa de la sanidad y la educación públicas, el empleo digno y el derecho a la vivienda.
Cincuenta años después, la pregunta que dejaron aquellas movilizaciones sigue abierta: cuántos de esos derechos se conquistaron del todo y cuántos quedan aún por resolver.
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