El Comisionado de Transparencia del Archipiélago ha solicitado al Parlamento autonómico presentar el informe anual de 2024, un texto donde evalúa el compromiso de las entidades tanto públicas como privadas a la hora de proporcionar información de interés general. Las empresas privadas han conseguido aprobar por primera vez y el Servicio Canario de la Salud (SCS) es el organismo que más reclamaciones ha recibido.

Las compañías que reciben ayudas o subvenciones públicas están obligadas a rendir cuentas con Transparencia cuando el organismo encabezado por Noelia García Leal se lo solicite. El periodo de evaluación se llevó a cabo entre marzo y septiembre de 2024; así como se evaluó que la publicidad activa estuviera adecuada a la normativa vigente entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023.

Las empresas privadas

Merece la pena resaltar que fueron convocadas 1.089 entidades, de las que un 69% presentó los formularios como se le pidió. Todas juntas sumaban 985 millones de euros en ayudas públicas y obtuvieron una nota media de 6,15 puntos. Resulta curioso porque desde 2019 —la primera vez que se sometieron al examen del Comisionado— no habían conseguido sobrepasar el 4,8.

“No parece una nota excesivamente elevada, pero estableciendo un paralelismo con la evolución de las notas de las entidades públicas, éstas empezaron suspendiendo en 2016 y en el cuarto año de evaluación (2019) su nota media fue de 6,49, y a partir de ahí han seguido mejorando”, recoge el informe. Además, destaca que supone "un progresivo avance de la cultura de la transparencia en Canarias".

Reclamaciones al SCS

La situación se traduce en “una mayor disponibilidad para la ciudadanía de los contenidos obligatorios de los portales de transparencia y páginas web de las entidades obligadas”. En cuanto a la parte pública, destaca el Servicio Canario de la Salud (SCS) como el que más reclamaciones ciudadanas recibió en el comisionado para tener acceso a información relevante y de interés llegando a las 272 si se suman los años 2023 y 2024.

Pero la cosa no queda ahí porque de las 492 que recibió en el 2022, aún tiene 59 pendientes por silencio administrativo. Eso sí, 357 han sido resueltas después de ser estimadas por el Comisionado de Transparencia. Aunque entre 2023 y 2024 hubo un descenso, pasando de 220 a 52, sigue figurando entre los organismos más señalados por los ciudadanos canarios que buscan respuestas mediante la información pública.

Evaluación separada

El Comisionado destaca que la diferencia estructural entre entidades públicas y privadas justifica la decisión de evaluar ambos grupos por separado desde 2023. El motivo es que la experiencia les ha demostrado que este enfoque facilita una valoración más realista y ajustada a la naturaleza jurídica, tamaño y recursos de los entes privados subvencionados.

Otro punto a resaltar es que el informe refleja un crecimiento sostenido en el uso del derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía. En 2024, el órgano resolvió 754 reclamaciones, un incremento notable respecto a ejercicios anteriores, con un 88% de admisión a trámite.

Estimaciones

De las resoluciones dictadas, un tercio fueron estimadas totalmente y otro 17% de forma parcial. Esto evidencia una mejora en la respuesta institucional, aunque con márgenes de incumplimiento aún preocupantes en algunos sectores.

Además, aumentaron las reclamaciones contra administraciones municipales, que pasaron de 207 en 2023 a 469 en 2024, lo que representa más del 60% del total.

Estrategia de futuro

Esta concentración en determinadas corporaciones locales —como el Ayuntamiento de Fuencaliente, con 77 expedientes—. También destaca el caso del Cabildo de Gran Canaria, que incrementó sus reclamaciones de 38 a 49.

El documento subraya la consolidación del sistema ITCanarias de evaluación, que permitió calificar a 382 entidades del sector público con una media de ocho puntos. García Leal se ha comprometido a reforzar esta línea de trabajo con la presentación de un plan estratégico 2025-2029, orientado a una gobernanza más abierta, efectiva y conectada con la ciudadanía.