La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha localizado en Reino Unido y Sudáfrica parte del rastro del dinero que investiga en la causa sobre la venta de material sanitario al Servicio Canario de la Salud (SCS) durante la pandemia. Según publica este lunes El Español, los investigadores han conseguido reconstruir una parte del recorrido internacional de los fondos vinculados a una investigación en la que figuran como investigados el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez; el empresario Noel Jammal Fernández; el exdirector del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez; el empresario Christian Cerpa y el exdirigente político y actual director comercial de la UD Las Palmas, Lucas Bravo de Laguna.
La causa analiza 13 contratos adjudicados entre 2020 y 2021 por el Servicio Canario de la Salud a las empresas Damco Trading Services y Tanoja Services, ambas administradas por Noel Jammal, para el suministro de mascarillas, guantes de nitrilo, batas, test rápidos, hisopos, escobillones y jeringas durante la emergencia sanitaria. El importe conjunto de esas adjudicaciones del gobierno canario, presidido entonces por Ángel Víctor Torres, asciende a 23,9 millones de euros.
El rastro del dinero sale de España
Siempre según la información publicada por El Español, la principal novedad de la investigación se encuentra en el seguimiento patrimonial de los fondos. La UDEF habría identificado movimientos económicos en Reino Unido y Sudáfrica, dentro de una compleja investigación financiera que ha obligado a solicitar cooperación judicial internacional y documentación bancaria para reconstruir el recorrido del dinero.
Las diligencias pretenden determinar quién controlaba esas cuentas, quién ordenó las transferencias y cuál fue el destino final de los fondos, además de comprobar si esos movimientos respondían a operaciones comerciales justificadas o si pudieran tener relevancia penal. La investigación continúa abierta y estos extremos forman parte de las diligencias que todavía se encuentran en fase de instrucción.
La dimensión internacional de la causa explica, en parte, la duración de unas pesquisas que comenzaron hace varios años y que, tras numerosas actuaciones patrimoniales y documentales, afrontan ahora una fase decisiva.
Del fraude fiscal a la Fiscalía Europea
El origen del procedimiento se encuentra en una inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) sobre la tributación de los beneficios obtenidos por varias sociedades que participaron en la venta de material sanitario al Gobierno de Canarias durante la pandemia.
Aquellas conclusiones dieron lugar a una querella de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que apreció indicios de posibles delitos contra la Hacienda Pública y dejó abierta la posibilidad de que la investigación pudiera extenderse a otros posibles ilícitos, como malversación, blanqueo de capitales o corrupción, en función del resultado de las diligencias.
Posteriormente, una parte de la investigación pasó a la Fiscalía Europea al comprobarse que algunos de los contratos estaban cofinanciados con fondos FEDER, circunstancia que afectaba a los intereses financieros de la Unión Europea.
La investigación sobre los pagos
Las pesquisas reconstruyen el recorrido del dinero desde que el Servicio Canario de la Salud abonó los contratos a Damco Trading Services y Tanoja Services.
La investigación analiza posteriormente las transferencias realizadas a Tabaiba Capital, sociedad vinculada a Miguel Ángel Ramírez, así como los pagos efectuados desde esa empresa a B&M Sport Marketing, administrada por Lucas Bravo de Laguna, además de otros movimientos económicos relacionados con Christian Cerpa.
Según sostiene la investigación, los agentes tratan de determinar si esos pagos respondían a servicios realmente prestados, cuál era su justificación económica y si las empresas implicadas contaban con estructura suficiente para desarrollar las funciones reflejadas en los contratos privados incorporados al procedimiento.
Contratos por casi 24 millones
La causa examina 13 expedientes adjudicados mediante el procedimiento de emergencia habilitado durante la pandemia para garantizar el abastecimiento de material sanitario.
Entre ellos figuran contratos para suministrar millones de mascarillas, guantes de nitrilo, batas de aislamiento, test rápidos, hisopos, escobillones y jeringas, algunos de ellos por varios millones de euros.
Además del recorrido del dinero, la UDEF también revisa la documentación administrativa de parte de esos expedientes para comprobar la correcta tramitación de las adjudicaciones y analizar la relevancia de distintas incidencias detectadas durante la investigación.
La causa entra en su recta final
Tras varios años de trabajo, los investigadores han analizado movimientos bancarios, contratos, facturas, correos electrónicos y documentación mercantil con el objetivo de reconstruir la trazabilidad completa de los fondos desde las cuentas del Servicio Canario de la Salud hasta sus posibles destinatarios finales.
Una vez concluyan las diligencias internacionales pendientes, corresponderá al juzgado instructor y, en la parte de la causa que afecta a fondos europeos, a la Fiscalía Europea, decidir los siguientes pasos de un procedimiento que continúa abierto y sobre el que todavía no existe una resolución sobre el fondo de los hechos investigados.