La consejera de Universidades, Migdalia Machín, afirmó este viernes que las universidades públicas trabajan con cabildos y ayuntamientos para identificar suelo disponible con el que impulsar los 50 módulos habitacionales, de 30 metros cuadrados, previstos para aliviar la falta de vivienda estudiantil en las islas.
Machín explicó en el Parlamento que el proyecto avanza tras la aprobación de una PNL inspirada en un Trabajo de Fin de Grado de alumnas canarias, que proponían campus de viviendas modulares ante la crisis habitacional que afecta también al alumnado, marcada por la escasez de oferta y los precios “disparados”.
Búsqueda de espacios disponibles
La consejera señaló que este modelo de vivienda continúa en análisis, junto a otras opciones que estudian los rectores, mientras las universidades identifican posibles terrenos. La propuesta cuenta con una aportación vinculada a la Agenda 2030, destinada a seguir desarrollando la iniciativa.
En cuanto a la financiación, Machín recordó que el presupuesto para las universidades ascenderá a 300 millones en 2026, aunque esta cuantía no sería suficiente para cubrir el plan. Aun así, reafirmó que el Gobierno está dispuesto a impulsarlo y acompañarlo en su definición.
Definir la financiación
Machín insistió en que garantizar el acceso justo a los estudios es una responsabilidad del Ejecutivo. Desde NC-BC, Carmen Hernández advirtió de que no deben generarse “ilusiones” mientras el proyecto no cuente con una ficha económica estable, en un contexto donde cada vez más jóvenes se ven obligados a marchar fuera del archipiélago por las mejores condiciones de otras comunidades.
A pesar de ello, Hernández valoró positivamente los campus modulares como una solución “rápida”, de alta calidad y sostenible para la emergencia habitacional universitaria.
Impacto en los estudiantes
Desde ASG, Melody Mendoza defendió la necesidad de que esas viviendas estén bien planificadas, integradas en una inversión plurianual y adaptadas a la demanda real, especialmente ante la falta de una red suficiente de residencias. Subrayó que acceder a un alquiler se ha vuelto “muy duro” para muchos estudiantes.
Por su parte, Nicasio Galván (Vox) atribuyó a la ley estatal de vivienda la reducción de oferta en el mercado del alquiler y defendió la colaboración público-privada para evitar que nadie se quede sin estudiar por falta de alojamiento.
Planes y colaboración
La diputada popular Saavedra ejemplificó la necesidad de innovar con datos: la Universidad de La Laguna cuenta con 500 plazas para más de 1.400 solicitudes, mientras la de Las Palmas dispone de 462 para más de 1.000 peticiones, dejando a cientos de jóvenes sin opciones. Reclamó responsabilidad política y seguimiento del proyecto modular.
Coalición Canaria destacó que este Ejecutivo ha impulsado más medidas que los anteriores para facilitar el acceso a la vivienda, citando la aprobación de la regulación del alquiler vacacional. Vidina Espino recordó que no existe una solución “fácil” o única, pero celebró los avances en la búsqueda de terrenos para los módulos universitarios.
Un sistema que no llega
El PSOE criticó que el Gobierno no esté abordando con suficiente seriedad el problema del alojamiento universitario. La diputada Pérez Hernández denunció que el presupuesto de 2026 no contempla partidas para nuevas residencias ni para iniciativas innovadoras como los módulos, pese a que el Parlamento instó a ello por unanimidad.
El Grupo Socialista señaló que Canarias mantiene desde hace “años” un sistema universitario “tensionado”, con más de 37.000 estudiantes, de los cuales muchos deben desplazarse. La red pública ofrece apenas 1.200 plazas, menos del 5%, lo que obliga a miles a recurrir al mercado privado.
Las habitaciones superan ya los 500 euros mensuales, una cantidad inasumible para numerosas familias, mientras las becas autonómicas no cubren los gastos reales de vivienda, manutención o transporte, lamentó la diputada socialista.