Valido: "La nueva Ley de Servicios Sociales sostendrá a quien se caiga"

La nueva ley de Servicios Sociales de Canarias ya es una realidad. Recién aprobada por unanimidad en el Parlamento regional, esta norma de última generación, propia de los servicios, derechos sociales y condiciones laborales exigibles cuando se está a punto de entrar en el tercer decenio del siglo XXI, pone al Archipiélago "más allá que el resto de regiones".

Esta ley, de forma expresa, incorpora a la misma el catálogo de servicios que se reconocen como derechos subjetivos, universales y sin distinción de islas u otras condiciones para todos los residentes en las Islas. En otras palabras, permitirá que "a partir de ahora, los servicios sociales sean también un derecho exigible por ley, como la Eduación o la Sanidad", explica la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Ejecutivo regional, Cristina Valido, quien resalta el "enorme paso adelante que hemos dado para tejer una red de servicios sociales que haga que el que se caiga no llegue al suelo, sino que cuente con una red de seguridad que lo sustente y lo devuelva a una situación normalizada".

"Soy una firme defensora de que todo lo que podamos arreglar en el primer nivel no llegue al segundo y que las personas puedan solucionar sus problemas en los ayuntamientos, para lo que deberemos reforzarlos con personal suficiente para que allí mismo puedan encontrar solución a sus dolorosas situaciones"

La responsable regional en Políticas Sociales resalta, asimismo, la importancia de que se haya aprobado por unanimidad, lo que pone de manifiesto el "interés superior que tienen todos los partidos políticos por los asuntos que afectan más directamente a la población más vulnerable". Todo ello, "da mucha seguridad a este texto esté quien esté" pues "pase lo que pase en las elecciones esto se va a mantener, ya que no habrá un solo gobierno que pueda decir que no le gusta esta ley. Todos los partidos han hecho sus aportaciones y la han apoyado", recuerda.

• Dará estabilidad a los profesionales del sector. "Miles de trabajadores nunca sabían si sus programas o proyectos iban a continuar al año siguiente y, por lo tanto, si sus contratos también. Esto afecta a muchísimas familias", especificó la responsable. Para ello, también se revisarán todos los servicios que existen, cómo se financian y cuánto cuestan, con el objetivo de actualizar los precios y comprobar si los recursos están adecuadamente financiados.
  

• Hacia la Renta Canaria de Inserción. Con la entrada en vigor de esta Ley, las familias con menores a cargo que finalizaban su prestación de la PCI este año pero cuya situación económica no ha cambiado desde que accedieron amisma no salen de ella. Esta medida que va dirigida de lleno a la lucha contra la pobreza infantil. "Hay un 33 % de familias que hoy están recibiendo esa prestación que podrán disfrutar de esta mejora con la aprobación de la Ley", señala. 
  
  
• Apuesta económica importante, que se inició este año con 56 millones de euros, con el acuerdo del incremento anual para los próximos doce años. Esto permitrá ir desarrollando cada uno de los puntos y exigencias que plantea: nuevos servicios, la actualización de los precios y la revisión de la calidad de lo que ya existe.
  

• Fijará el número de trabajadores que debe tener un municipio para tantos habitantes e incrementará las aportaciones económicas dirigidas a los municipios, lo que conllevará que puedan dotarse de ese personal necesario. “La normativa dará una mayor estabilidad a los recursos, garantizará los servicios, actualizará el coste de las plazas que se ofertan y permitirá la incorporación de más profesionales a los servicios sociales.
  
  
• Historia Social Única: Se trata de un perfilado de las personas "mucho más exacto", una historia social única que puedan compartir Asuntos Sociales y los servicios de empleo y que permitirá intervenir más eficazmente al ofrecer una visión más integral de las necesidades de la persona y del entorno familiar. ""Podremos tener una plataforma donde podamos compartir, con cabildos y ayuntamientos, los datos que puedan estar en abierto según la Ley de Protección de Datos. esta iniciativa permitirá un "mejor seguimiento y el aplicar las decisiones más oportunas", afirma.
  
  
  

  VÍDEO | Escucha la intervención de la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, @CristinaValido en el #parcan tras la aprobación de la Ley de Servicios Sociales, "una norma que da oportunidades a los que lo pierden todo".
  
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  — Social GobCan (@SocialGobCan) 27 de marzo de 2019

  
  

Avances en la Ley
La consejera recuerda que muchos cabildos y ayuntamientos vieron, durante la reciente crisis económica, cómo con los recortes llegaba menos dinero a pesar de que "los servicios continuaban abiertos y seguían costando lo mismo. Muchos siguieron pagando casi el 70 % del coste mietras el dinero que venía de fuera se mantenía o, incluso, desaparecía". Ahora, la nueva ley de Servicios Sociales determina una mayor financiación para estas administraciones públicas para este fin. "Soy una firma defensora de que todo lo que podamos arreglar en el primer nivel no llegue al segundo, que las personas puedan arreglar sus problemas en los ayuntamientos, para lo que deberemos reforzarlos con personal suficiente para que allí puedan encontrar arreglo a sus dolorosas situaciones".

Mantiene que "no ganamos nada incrementando recursos si no tenemos profesionales en el sistema que puedan trabajar con las pesonas, ayudarlas a salir de su situación, acompañarlas y rehabilitarlas de alguna manera porque las personas se nos quedarán en situación de subsidio continuado toda la vida si no incorporamos a esos equipos de profesionales en todos los municipios".

Para solventar estas carencias, se están planteando 56 millones de euros por año en doce años, una cantidad "razonable y que se puede garantizar en la coyuntura económica actual y en la prevista para los próximos dos o tres años". Opina que no es una "cifra desorbitada que pueda plantear ningún problema para, con esta cantidad, empezar a poner en marcha la Ley". Con ella, calculan que en cuatro años, con un crecimiento de más de 200 millones de euros, "las cuestiones fundamentales estarán ya caminando", entre ellos, la historia social única, la Renta Canaria de Inclusión, la adecuación de los precios de los servicios a coste real, así como los planes vinculados a la infancia y a la discapacidad que "tenemos prácticamente hechos". "Podemos garantizar que estos documentos, en los próximos años, van a ver la luz con la financiación que la propia ley garantiza", afirma rotunda.

La nueva ley estipula que en un año el Gobierno de Canarias deberá articular un plan contra la exclusión social para erradicar la pobreza, con especial atención a la infantil, y en 18 meses se deberá asimismo regular una renta básica para la ciudadanía. "Tenemos un año y medio para cambiar esa Prestación Canaria de Inserción en Renta Canaria de Inclusión y unos plazos que la ley determina para los reglamentos y organismos que han de hacer el seguimiento al cumplimiento de la ley".

Por todo ello, opina que, en grandes líneas, "la financiacion pactada para los próximos cuatro años permitirá poner en marcha los asuntos más relevantes, pero para poder hablar de una ejecución al 100% de la ley hará falta todavía algunos años y algún dinero más, pero en un mandato, con esta financiación, se podrá avanzar muchísimo en las cuestiones más urgentes".