La formación política Arico Somos Todos (AST) ha liderado la presentación de un exhaustivo paquete de alegaciones técnicas frente al Estudio de Impacto Ambiental del Parque Eólico Marino Primavera. El documento, que supera las doscientas páginas, analiza las deficiencias del proyecto que pretende instalar una plataforma flotante frente a las instalaciones del Puerto de Granadilla, afectando directamente a la franja litoral del municipio ariquero.

El informe técnico alerta sobre los riesgos significativos que esta infraestructura supone para la biodiversidad marina y la seguridad marítima. Uno de los puntos más críticos señalados es la amenaza para la pesca artesanal, un motor económico vital para la zona. La costa de Arico no solo es un corredor biológico de alto valor, sino el área de trabajo de la Cofradía de Pescadores y el sustento de un sector de restauración referente en núcleos como Tajao.

Movilización vecinal

Más allá de la labor técnica, AST ha desarrollado una campaña de proximidad para informar a los diversos colectivos del municipio sobre el periodo de exposición pública. Según la formación, muchas asociaciones desconocían los detalles del proyecto debido a la escasa transparencia informativa.

Esta acción ha generado un movimiento de respuesta en núcleos como Las Maretas, La Caleta, Las Arenas, Tajao, Abades, La Punta, El Porís de Abona y Las Eras, cuyos representantes han recibido asesoramiento para presentar sus propias observaciones.

Críticas a la gestión

El concejal de AST, José Luis Hervella, ha denunciado la "nula implicación" del grupo de gobierno municipal, compuesto por PP y PSOE, a la hora de informar a la ciudadanía sobre un proyecto de tal envergadura.

Hervella subraya que muchos colectivos tuvieron que sortear dificultades técnicas con sus certificados digitales para poder registrar los documentos a tiempo, contando con el apoyo de la formación para garantizar que la voz de los vecinos fuera escuchada en el proceso administrativo.

Exigencia de rigor ambiental

Desde el municipio se insiste en que el debate no es un rechazo a las energías renovables, sino una demanda de evaluaciones rigurosas en un territorio que ya soporta una elevada presión industrial.

Los colectivos exigen que el Ministerio obligue a completar los estudios de impacto con metodologías actualizadas. La formación defiende la dignidad de un pueblo que, según manifiestan, está agotado de ver cómo empresas particulares ocupan el territorio sin dejar compensaciones directas en beneficio de los residentes locales.