El Ayuntamiento de Arona quiere explorar una vía de acuerdo con la empresa pública Gestur para intentar resolver el conflicto urbanístico que mantiene bloqueada una parte de Cho-Parque de la Reina desde hace años. Ese fue uno de los principales mensajes trasladados durante la reunión informativa celebrada recientemente con vecinos del núcleo, a la que asistieron la alcaldesa, Fátima Lemes; el concejal de Urbanismo, Javier Baute, y otros representantes municipales.
Según explican a Atlántico Hoy vecinos que estuvieron presentes, el ayuntamiento les comunicó que su intención pasa por negociar directamente con Gestur una solución que permita cerrar el litigio abierto entre ambas partes sobre el proyecto de compensación de la urbanización, que permita a Arona recepcionar el ámbito sin tener que esperar a una decisión judicial. La fórmula que se puso sobre la mesa consistiría en alcanzar un acuerdo económico voluntario relacionado con la cesión de ese 10 % del aprovechamiento urbanístico que el consistorio considera pendiente desde mediados de los años ochenta.
Calendario
La reunión también sirvió para presentar el calendario que maneja el ayuntamiento para el desarrollo de otras zonas del núcleo. El consistorio ha dividido Parque de la Reina en tres ámbitos. El primero corresponde a una zona donde ya se están ejecutando obras de urbanización y construcción por parte de un promotor privado que ha ido adaptando la urbanización a los requisitos municipales para obtener las correspondientes licencias.
El segundo afecta a la parte baja del barrio, próxima al colegio y al instituto, para la que se habló de un horizonte aproximado de 12 meses. El tercero comprende la zona situada junto al polígono industrial, donde el plazo trasladado fue de alrededor de 18 meses.
Compensación del 10%
Tras la reunión, el concejal de Vivienda de Arona, Rafael Pérez del Castillo, mantuvo varias conversaciones con los vecinos en las que insistió en separar el calendario previsto para esas fases del problema concreto de Gestur.
Según trasladó el edil, la intención del ayuntamiento es negociar con la empresa pública para que la cesión del 10% pueda resolverse mediante una compensación económica, mientras que los plazos anunciados durante la reunión corresponden al desarrollo del resto de ámbitos de Parque de la Reina.
El polígono 2A
El problema que afecta al Polígono 2A de Cho-Parque de la Reina se remonta a hace cuatro décadas. La urbanización fue promovida por Cañada Blanca SA y posteriormente adquirida por Gestur en los años ochenta, y durante mucho tiempo el ayuntamiento actuó como si estuviera integrada plenamente en la red municipal. Las calles fueron inventariadas, se prestaron servicios de limpieza, alumbrado y recogida de residuos y se concedieron numerosas licencias para construir viviendas.
Sin embargo, hace varios años el consistorio cambió de criterio y dejó de otorgar nuevas licencias al entender que la urbanización nunca había sido recepcionada definitivamente porque seguía pendiente el proyecto de compensación vinculado a la cesión del 10 % del aprovechamiento urbanístico.
Ese cambio de criterio dejó bloqueadas alrededor de una treintena de parcelas cuyos propietarios habían adquirido suelo urbano creyendo que podrían construir en las mismas condiciones que el resto de vecinos. Muchos llevan más de siete años esperando una licencia. Durante ese tiempo han acudido al Diputado del Común, al Comisionado de Transparencia, a los tribunales y al Parlamento de Canarias para intentar desbloquear la situación.
El dictamen de FGULL
En 2024, el ayuntamiento decidió encargar un dictamen jurídico a la Fundación General de la Universidad de La Laguna para analizar la situación del polígono. El informe fue elaborado por los juristas Andrés Manuel González Sanfiel y Francisco José Villar Rojas y permaneció durante meses sin ser facilitado a los vecinos, que tuvieron que acudir tanto al Comisionado de Transparencia como a los juzgados para intentar acceder a su contenido.
Cuando finalmente se conoció el dictamen, el contenido resultó favorable a la tesis que venían defendiendo los propietarios. El informe concluía que existían elementos suficientes para considerar que la urbanización había sido recepcionada de forma tácita por el Ayuntamiento después de décadas prestando servicios públicos, manteniendo las calles y concediendo licencias de edificación. También entendía que esa recepción implícita permitía jurídicamente conceder nuevas licencias y descartaba la necesidad de volver a recibir formalmente una urbanización que, en la práctica, llevaba décadas funcionando como una más del municipio.
El ayuntamiento ignora el dictamen
Pese a ese dictamen, el ayuntamiento optó por otra reclamar ese 10%. En enero emitió un requerimiento dirigido a Gestur para que presentara el proyecto de compensación pendiente desde 1985 en el plazo de un mes. El objetivo, según explicó entonces el propio consistorio, era completar el trámite que considera imprescindible para poder recepcionar definitivamente el ámbito y desbloquear las licencias. Atlántico Hoy adelantó aquel requerimiento en abril y explicó que el Ayuntamiento incluso contemplaba acudir a los tribunales si la empresa pública no atendía la solicitud.
La respuesta de Gestur llegó poco después. La empresa pública decidió impugnar ese requerimiento mediante un recurso contencioso-administrativo.
La posición de Gestur
La posición de Gestur tampoco ha permanecido invariable durante este tiempo. En noviembre del año pasado, su consejero delegado, Agoney Piñero, compareció en el Parlamento de Canarias para abordar este asunto. Allí sostuvo que la empresa entiende que la urbanización fue entregada tácitamente hace décadas y planteó dudas sobre la propia obligación de asumir ese 10 % del aprovechamiento. Además, explicó que, si algún día hubiera que materializar esa cesión después de cuarenta años, la única alternativa real sería una compensación económica, abriendo incluso el debate sobre qué valoración debería aplicarse a esa posible cantidad.
Ese planteamiento es el que, según los vecinos presentes en la reunión celebrada estos días, vuelve ahora a aparecer sobre la mesa, aunque esta vez impulsado desde el propio Ayuntamiento de Arona. La diferencia es que el consistorio pone ahora el foco en la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Gestur que permita cerrar el conflicto, evitando los juzgados.
Añadir AtlánticoHoy como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.