El Ayuntamiento de Arona emitió el pasado 16 de enero un informe jurídico requiriendo a la empresa pública Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife (Gestur) que presente, en el plazo de un mes desde su recepción, el proyecto de compensación del 10% de la urbanización Polígono 2A de Cho-Parque de la Reina, un trámite pendiente desde 1985 que trae de cabeza a una treintena de propietarios a los que no se les otorgan licencias desde hace años por la ausencia de este proyecto.
El consistorio advierte en dicho informe de posibles actuaciones legales contra Gestur si no se cumple el requerimiento.
Un trámite pendiente desde hace 40 años
El informe señala que esta exigencia del 10% de aprovechamiento se estableció, segun un acuerdo plenario de 25 de mayo de 1985, cuando se aprobó inicialmente el proyecto de urbanización del Polígono 2A.
Según el Ayuntamiento de Arona, ese requisito nunca se cumplió. Por eso insiste en que el proyecto “carece de aprobación definitiva” y que la urbanización no tiene cobertura jurídica completa. Esto es lo que está impidiendo que la Gerencia de Urbanismo entregue licencias de obra para que los propietarios puedan construir sus viviendas, aunque durante décadas desde 1985 otros sí pudieron edificar sus casas porque recibieron licencias sin ningún impedimento.
Sin mención al dictamen de la ULL
El informe jurídico emitido por Arona obvia de manera evidente (y ni siquiera menciona) el dictamen que encargó en 2024 a la Fundación Universidad de La Laguna (ULL), que recibió aquel mismo año y concluía que la urbanización puede considerarse recepcionada tácitamente porque durante años se actuó sobre el ámbito y que había respaldo legal para conceder licencias.
Ese documento, por el que Arona pagó 14.980 euros más de un año después de recibirlo, fue reclamado infructuosamente por los vecinos durante meses y su entrega acabó siendo pleiteado en los juzgados, con advertencias de multas al ayuntamiento si no facilitaba el expediente. Finalmente, los vecinos recibieron el dictamen que les daba la razón a comienzos de 2026.
Falta el proyecto de compensación
El informe jurídico con el que ahora Arona reclama a Gestur que entregue un proyecto de compensación del 10% se centra en la falta durante décadas de ese documento. Señala que la aprobación de 1985 tenía una “eficacia demorada” y que no ha producido efectos porque no se cumplió la condición impuesta.
No realiza mención ni valoración sobre si el Ayuntamiento de Arona ha actuado durante años como si la urbanización estuviera integrada, ni aborda la figura de la recepción tácita que los vecinos, ahora avalados por el dictamen de la ULL, llevan años esgrimiendo.
El 10% y la jurisprudencia del Supremo
El ayuntamiento vincula el proyecto de compensación a la obligación de ceder el 10% del aprovechamiento urbanístico, una exigencia que respalda con una sentencia del Tribunal Supremo de 1995 sobre otro polígono del mismo plan parcial Cho II.
Esa sentencia, que confirmaba otra del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 1991, aparece citada en el informe jurídico de Arona y rechazaba las pretensiones de Gestur en el Polígono 5A, confirmando que esa cesión es obligatoria.
Sin embargo, Gestur siempre ha mantenido que esto es falso, que no estaba entonces obligado a elaborar dicho proyecto de compensación, y para ello se apoyaba en otra sentencia del TSJC que le daba la razón. Lo paradójico es que ambas sentencias, pese a ser firmes, eran completamente contradictorias entre sí, pues analizaban idénticos supuestos y llegaban a conclusiones antagónicas.
Vecinos sin licencias y presión judicial
Mientras tanto, los propietarios de Cho-Parque de la Reina siguen paralizados. Los vecinos han denunciado la situación en los tribunales para intentar conseguir sentencias que obliguen al Ayuntamiento de Arona a darles licencias de edificación.
Que Arona opte ahora por ignorar el dictamen de la ULL y se empecine en pedirle a Gestur el proyecto de compensación es un varapalo para ellos, pues les aboca a continuar esperando durante años a que se resuelva judicialmente el asunto, en vista de que es áltamente probable que Gestur prefiera que sea la Justicia quien dirima el asunto.