El debate sobre el futuro del denominado Monumento al Ángel, conocido como Monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife, vuelve a situarse en el centro tras el informe desfavorable de la Comisión de Patrimonio Cultural de Canarias a su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife ha reclamado a las administraciones públicas que cumplan con la legislación vigente y procedan a su retirada del espacio público.

La presidenta de la entidad, Mercedes Pérez Schwartz, considera que la negativa a su protección patrimonial supone un paso relevante, al evitar que la vía judicial se utilice para blindar el monumento frente a las leyes de memoria histórica y democrática. A su juicio, resulta “anómalo” que instituciones democráticas cuestionen la eliminación de un elemento que, sostiene, entra en conflicto con una normativa en vigor desde hace casi dos décadas.

Homenaje

El posicionamiento de la asociación se apoya, entre otros documentos, en el catálogo de símbolos y vestigios franquistas elaborado en 2021 por un equipo de la Universidad de La Laguna. Este informe concluye que el monumento constituye una exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil y la dictadura, por lo que plantea su retirada conforme a la legislación estatal y autonómica.

Según recuerda Pérez Schwartz, tanto la documentación histórica de su inauguración en 1966 como las alegaciones presentadas durante el procedimiento coinciden en señalar que la obra fue concebida como un homenaje a Francisco Franco y a su papel en el golpe de Estado que dio inicio a la dictadura. “No se trata de una obra neutra ni descontextualizada”, afirma.

Ofensa para las víctimas

La asociación sostiene además que la declaración como BIC sería incompatible con el marco legal vigente, que obliga a retirar del espacio público cualquier elemento que suponga exaltación del franquismo. A ello suma que la escultura, obra de Juan de Ávalos, no reúne los requisitos de singularidad exigidos para este tipo de protección, al reproducir modelos estéticos ya utilizados en otros monumentos vinculados a la propaganda del régimen.

Más allá del debate jurídico y patrimonial, la entidad subraya el impacto simbólico de la permanencia del monumento. Considera que su conservación supone una ofensa para las víctimas de la represión franquista y sus familias, que durante décadas sufrieron persecución, encarcelamiento, exilio o muerte.

Desigualdad de recursos

En este contexto, la asociación insiste en que las administraciones ya disponen de herramientas suficientes para actuar, en referencia al catálogo de vestigios franquistas existente en Canarias. “No hacen falta más estudios ni más dilaciones”, señala Pérez Schwartz, quien reclama la aplicación efectiva de las medidas previstas.

Tras el informe desfavorable a la declaración como BIC, la entidad confía en que se acelere el proceso y se ponga fin a una situación que califica de “anomalía” prolongada en el tiempo. También cuestiona la desigualdad de recursos entre quienes defienden el mantenimiento de estos símbolos y las asociaciones memorialistas.

“La retirada de los símbolos de exaltación franquista no es una cuestión ideológica, sino una obligación legal”, concluye la presidenta, apelando al cumplimiento de las leyes de memoria democrática y al respeto a las víctimas.