La Audiencia Nacional ha dado la razón al Ayuntamiento de Los Silos y ha ordenado al Estado conceder la ocupación de los terrenos donde se encuentran las piscinas municipales del Puertito, un paso clave para su futura reapertura.
Según ha informado este martes el consistorio en un comunicado, la sentencia anula la resolución que había denegado la concesión de los 6.542 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre que ocupan las instalaciones.
Estima el recurso
La sentencia número 487/2026, dictada el pasado 6 de octubre, estima el recurso presentado por el consistorio contra la decisión de la Dirección General de la Costa y el Mar, que había rechazado la solicitud para ocupar 6.542 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre destinados a las piscinas municipales.
El fallo establece que la administración "deberá conceder la ocupación solicitada, fijando un plazo de duración dentro del máximo legal permitido". Además impone las costas judiciales a la parte demandada.
Junto al mar
Uno de los aspectos centrales de la sentencia es la justificación de la ubicación de las instalaciones. La Audiencia Nacional considera que estas piscinas "no están destinadas exclusivamente a la práctica deportiva, sino que permiten disfrutar del mar en condiciones de seguridad, especialmente a personas mayores, menores y personas con dificultades funcionales".
El tribunal señala que las características de la costa de Tenerife, como el oleaje y la profundidad del mar, dificultan el baño seguro en determinadas zonas. Por ello, entiende que las piscinas de agua marina "cumplen una función pública y social vinculada directamente a su ubicación junto al litoral".
Pasos pendientes
Según explica el Ayuntamiento de Los Silos en su comunicado, la resolución judicial permite "avanzar en la recuperación de las instalaciones aunque no supone su reapertura inmediata".
Añaden que todavía será necesario "formalizar la concesión y completar los trámites administrativos y técnicos correspondientes" para que las piscinas puedan volver a prestar servicio.
Se puede recurrir
Además la sentencia todavía puede recurrirse en casación, cuyo plazo de preparación es de 30 días desde el día siguiente a su notificación. En este sentido, el procedimiento judicial no puede darse por definitivamente cerrado. Desde el consistorio aseguran que "continuarán trabajando en los trámites necesarios" para recuperar este espacio.
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