El Cabildo de Tenerife quiere pelear con el Estado una ley que mantenga la gratuidad del transporte público en Canarias de forma estable. La presidenta del Cabildo de Tenerife ha informado este miércoles que junto con el Gobierno de Canarias van a reclamarle al Ejecutivo central que apruebe esta medida a través de una ley.
Dávila ha valorado que esta medida debe ser estructural más allá de las propuestas que el Gobierno de España pueda aprobar anualmente. La gratuidad del transporte "no debe ser un parche que quede al albur de decisiones de partidos políticos que no tienen en cuenta los intereses de Canarias", ha apuntado.
A través de una ley
Por esta razón ha reclamado que la medida se debe anclar en una ley como la ley de movilidad o en el artículo 8 del Régimen Económico y Fiscal. "Desde el Cabildo de Tenerife seguiremos exigiendo al Estado que adopte un compromiso estructural con esta política porque los canarios no merecen ser tratados como ciudadanos de segunda", ha valorado la presidenta insular.
Lo que plantea es que esta medida se incluya en la Agenda Canaria “como en su día se incluyó el descuento de residente”. Dávila no ha querido expresar si el Cabildo de Tenerife podría asumir el coste de la medida si el Estado no la pagara, para no condicionar las negociaciones.
La gratuidad del transporte tiene un coste de 140 millones de euros en las islas. El Estado aporta 81 millones de euros, lo que supone que asume menos del 60% del coste, según han valorado desde la institución insular.