El Gobierno de Canarias tiene una deuda de 403.623 euros con una empresa funeraria privada por la custodia de cadáveres procedentes del Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de Tenerife durante nueve meses que no se sustenta en ningún contrato procedente, pues no se licitó correctamente la adjudicación del servicio.
Dicha deuda tiene su origen en el colapso que sufrió el centro a lo largo de 2024, una situación que, según reconoce la propia Administración, se vio agravada por “una avería del sistema de climatización de varios módulos de las cámaras refrigeradoras, para cuya reparación fue preciso su vaciado y limpieza”, lo que obligó a trasladar los cuerpos fuera de las instalaciones del IML.
Ese fallo técnico redujo de forma crítica la capacidad del Instituto para conservar los cuerpos y terminó forzando la externalización del servicio de recogida y custodia por motivos de salud pública.
Al límite
Durante meses, el Instituto de Medicina Legal había funcionado al límite. A lo largo de 2024, distintos medios alertaron de la saturación de las cámaras frigoríficas, de la acumulación de decenas de cadáveres —muchos de ellos migrantes fallecidos en la ruta atlántica— y de los retrasos en la retirada de los cuerpos una vez finalizadas las autopsias. La falta de identificación, la ausencia de familiares y la demora en que los ayuntamientos asumieran los enterramientos prolongaron la estancia de los cadáveres en el centro.
El 31 de diciembre de 2024, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias formalizó un contrato menor para la recogida de cadáveres desde el IML y su custodia en las instalaciones de la funeraria. La medida se planteó como una solución "breve y excepcional, de tan sólo unos días", con un presupuesto máximo de algo más de 16.000 euros. Sin embargo, la situación no se resolvió y el servicio se prolongó durante meses.
Una deuda de 403.623 euros
El contrato se agotó rápidamente, pero la funeraria continuó prestando el servicio sin cobertura contractual desde diciembre de 2024 hasta agosto de 2025. En total, la empresa emitió 113 facturas por un importe acumulado de 403.623,02 euros durante esos nueve meses, correspondientes a la recogida, traslado, custodia y estancia de los cadáveres en sus depósitos.
El Servicio de provisión de medios materiales a los órganos de la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias reconoció en un informe de octubre de 2025 que las “circunstancias excepcionales, sobrevenidas e imprevisibles" que justificaron extender la contratación irregular "siguen a día de hoy [octubre] sin resolverse, y ninguno de los competentes ha asumido sus responsabilidades”.
El órgano añade que "la opción de tramitar, por parte del Gobierno autonómico, una contratación con licitación pública mediante procedimiento de adjudicación abierta para la prestación de este servicio, no se considera oportuna ni viable, puesto que esta situación es, en todo caso, provisional, y se espera se resuelva con la mayor celeridad posible".
Anulación del contrato y pago de la deuda
Pero el contrato es manifiestamente irregular, pues se inició como un contrato menor sin pública concurrencia y ahora está "sin cobertura contractual, al haberse ya satisfecho el límite máximo del presupuesto del citado contrato menor".
Por eso, la Administración ha decidido declarar nulo el expediente y pagar a la funeraria los 403.623 euros para no incurrir en un enriquecimiento ilícito. El asunto ha sido evaluado de forma preceptiva por el Consejo Consultivo de Canarias, que ha avaado la declaración de nulidad de las actuaciones por haberse prestado el servicio “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, al tratarse de una prórroga de facto de un contrato menor, algo expresamente prohibido por la Ley de Contratos del Sector Público.
Pese a ello, el órgano consultivo considera que la funeraria actuó de buena fe y que el Gobierno recibió efectivamente el servicio, por lo que respalda que se abone la totalidad de la cantidad reclamada para evitar un enriquecimiento injusto. El dictamen recuerda que, declarada la nulidad, procede la liquidación del contrato y la restitución del valor de las prestaciones recibidas.