Aarón Barreto, empresario tinerfeño y responsable de Anaga Experience, denuncia que su proyecto de deporte adaptado en la playa de Las Teresitas lleva dos años atrapado en un “vacío legal” por la falta de respuesta de las administraciones.
En declaraciones a Atlántico Hoy, asegura que no pide favores ni subvenciones, solo poder trabajar con sus papeles en regla, pagar sus impuestos y mantener un servicio que considera esencial para personas con discapacidad y colectivos vulnerables.
Una escuela en la playa
Durante algo más de diez años, el negocio de Barreto en Las Teresitas se ha centrado en el paddle surf y el kayak, pero con una vocación clara: acercar el mar a quienes más difícil lo tienen.
En estos años, afirma haber atendido a más de 8.000 niños con distintos tipos de discapacidad, además de personas mayores y otros usuarios con necesidades especiales, sin que conste una sola reclamación formal por su actividad.
Minimizar impacto y riesgo
Nos comenta el empresario que desde siempre ha mantenido contacto con esta playa, lo que le ha llevado a minimizar el impacto de su empresa, por lo que las tablas hinchables y los kayaks triples que utiliza están pensados para minimizar el riesgo y facilitar el acompañamiento familiar, especialmente en una playa que él define como “un hospital” por la cantidad de personas enfermas, mayores o en rehabilitación que la usan a diario.
Además, destaca que su empresa ha sido contratada por el Cabildo de Tenerife y por entidades sociales para organizar jornadas de deporte adaptado, como una reciente actividad con 160 personas de entre 70 y 90 años que se subieron a las tablas junto a sus nietos. “Una gran experiencia para todos”, matiza.
Burocracia
La problemática que está afrontando Barreto le está afectando tanto a su salud física como a su salud mental. “No puedo más, estoy agotado, pero voy a seguir. ¡Es mi trabajo!”, indica.
El origen del conflicto está en el cambio de manos de las competencias de Costas, que pasaron del Gobierno de España al Gobierno de Canarias. Barreto explica que durante años funcionó con un permiso otorgado por Costas del Estado, que incluso lo reubicó al final de la playa con una caseta específica tras validar su proyecto.
Traspaso
Explica el entrevistado que la situación se torció cuando empezó a tramitar las renovaciones de sus permisos ya con la Comunidad Autónoma al frente de la gestión.
Ahora, denuncia, se le aplica un “silencio administrativo negativo”: si en cuatro meses no recibe respuesta, la petición se entiende desestimada, de modo que la inacción de la administración juega en su contra.
Otros casos
En los últimos años, el de Aarón Barreto no es el único caso afectado por el cambio de manos en las competencias de Costas. Desde que la Comunidad Autónoma gestiona las autorizaciones y el Estado mantiene las sanciones, se ha generado un desfase entre la renovación de permisos y las multas que ha dejado a varias empresas operando sin cobertura administrativa pese a llevar años autorizadas, como así ha informado Atlántico Hoy en diferentes ocasiones.
En 2024, por ejemplo, el Servicio Provincial de Costas sancionó con 2.000 euros a una empresa de kayaks en Los Cristianos y con 18.320 euros a la sociedad Playas del Camisón, vinculada a la familia Puig, por explotar kioscos en Las Vistas y El Bobo sin autorización para ocupar el dominio público marítimo-terrestre, en ambos casos en un contexto en el que distintas fuentes ya advertían de retrasos en la tramitación de renovaciones.
Estas situaciones, aunque con realidades empresariales muy distintas, ilustran el escenario de inseguridad jurídica en el que también se mueve hoy el proyecto de deporte adaptado de Barreto en Las Teresitas.
Consecuencias
Como explica el empresario de Las Teresitas, para evitar que su autorización caduque definitivamente, paga a un abogado que presenta la solicitud cada cuatro meses, sin que hasta la fecha haya tenido una resolución clara.
En la práctica, sostiene, esto le impide contratar seguros con garantías. “Si me pasa algo, sin permiso los seguros no cubren”, subraya y añade que esto también ocasiona problemas a la hora de cerrar acuerdos con agencias de viajes o entidades que exigen ver la documentación en regla.
Reclama seguridad jurídica
Barreto insiste en que su lucha no tiene nada que ver con partidos ni siglas políticas ni con la búsqueda de trato preferente. Recuerda que es tinerfeño, que ha creado su empresa en la isla con una antigüedad de más de diez años y que su objetivo es generar economía local a través del turismo activo y social, pero cumpliendo la normativa.
“A mí lo que me condiciona es ser buena persona, pagar mis impuestos, estar preparado y trabajar”, explica, subrayando que no quiere concesiones a medida ni subvenciones para “jubilarse en cuatro años”, sino un permiso de temporada claro, como el que tuvo hasta hace dos años. “Quiero pagar lo que tenga que pagar y que me dejen en paz”, resume, en alusión a las tasas y obligaciones que asume como autónomo y empresario.
Un sinvivir
Aaron Barreto afirma que la inseguridad se agrava por la sensación de que en Las Teresitas hay proyectos sobre la mesa que podrían desplazarlo, a lo que se suma la merma de trabajo a la que ha tenido que hacer frente por el mal tiempo. “Casi nunca llueve y este año ha llovido todo junto, con este tiempo la gente no viene”, subraya.
Mientras tanto, sigue pagando abogados y seguro autónomo, ajustando su vida a los vaivenes del tiempo y del mar, y manteniendo en pie una empresa que, dice, nació para abrir la playa a las personas con discapacidad y vulnerabilidad, no para convertirse en un pulso con la burocracia.
Oportunidad de desbloqueo
Tras años de escritos y gestiones, Barreto asegura que en los últimos días ha recibido una llamada del director general de Costas del Gobierno de Canarias para fijar una reunión y abordar su caso. Ve en ese encuentro una oportunidad para desbloquear por fin la situación y seguir adelante con su empresa, hasta que se jubile.
“Sé lo que es perder las cosas por hacerlo mal; por hacerlo bien no me da la gana”, sentencia el emprendedor tinerfeño, decidido a seguir defendiendo tanto su proyecto como su derecho a trabajar en Las Teresitas con todos los papeles en regla.