Patricia Pérez, presidenta del comité de empresa y delegada de USO en el Centro de Internamiento Educativo para Menores Infractores (CIEMI) Valle Tabares, describe una situación que, lejos de mejorar, asegura que se ha agravado en los últimos meses. Según explica, el centro sigue arrastrando falta de personal, agresiones verbales y físicas, y un clima de trabajo que el equipo de profesionales vive con preocupación y sensación de abandono.

Pérez recuerda que las protestas comenzaron “el año pasado” y que la consejera del Gobierno de Canarias, responsable del área, Candelaria Delgado, se reunió con los trabajadores en varias ocasiones. Aun así, sostiene que la respuesta ha sido insuficiente. “Estamos peor que antes”, resume, al explicar que la figura del monitor auxiliar, que en teoría debía servir de apoyo, ha terminado sustituyendo a los educadores. Eso, advierte, deja menos plantilla y menos capacidad de intervención.

Menos personal y más presión

La representante sindical insiste en que el problema no es solo la escasez de manos, sino también la falta de personal formado para las funciones que realmente necesita el centro. Según relata, los turnos siguen saliendo, pero con cifras muy por debajo de las necesarias y pone como ejemplo el turno de noche, que debería contar con 18 personas y en ocasiones se queda en 12.

Esa falta de refuerzo, dice, se traduce en más presión para quienes trabajan allí y en una vigilancia constante dentro de unas instalaciones donde, tal y como expone, las puertas siguen abiertas y el riesgo no desaparece. 

Agresiones que continúan

Otro de los puntos que más preocupa al equipo es la persistencia de agresiones en el centro, afirmando la educadora que la situación “sigue igual o peor” y que no perciben un apoyo firme por parte de la actual dirección. 

Esa falta de contundencia, sostiene, hace que algunos trabajadores sientan que las consecuencias para quienes agreden son demasiado leves porque, a su juicio, las sanciones no siempre se corresponden con la gravedad de los hechos. “Les sale muy barato agredirnos”, resume.

Las agresiones verbales, asegura, son diarias. En cuanto a las físicas, habla de escupitajos, empujones y de otras situaciones que considera igualmente violentas. Incluso señala que, en determinados momentos, entre los propios menores también se producen peleas vinculadas a trapicheos o a la convivencia interna por cuestiones racistas.

Un perfil que cambia

La delegada sindical también pone el foco en un cambio en el perfil de los jóvenes que ingresan en el centro. Dice que ha aumentado el número de chicos senegaleses y gambianos y que eso está modificando la convivencia. Según su testimonio, observa conductas “más prepotentes y machistas”, y asegura que esa actitud también se nota en la relación con las trabajadoras, la mayoría mujeres.

La portavoz de USO afirma además que, en su unidad, donde hay 21 chicos mayores de edad, 13 son magrebíes o subsaharianos, lo que, a su juicio, confirma ese cambio de tendencia. Añade que la tipología delictiva de algunos de los menores atendidos está derivando más hacia agresiones sexuales a mujeres que hacia robos.

Convenio colectivo

Pérez también explica que el conflicto salarial sigue abierto. Habla del llamado “5%”, una reclamación ligada al convenio colectivo de la Fundación Canaria de Juventud Ideo. 

Según cuenta, se trata de un complemento que dejaron de cobrar hace años (debido a los recortes que se aplicaron durante la recesión económica de 2008-2011), y cuya recuperación está ahora pendiente de que Hacienda dé el visto bueno para continuar con la negociación. “Llevamos más tiempo sin cobrarlo que cobrándolo”, lamenta.

En cualquier caso, sigue insistiendo en la falta de personal y en la inseguridad que se vive en el centro. “La situación no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado respecto al año anterior”, concluye.