La familia Galindo, propietaria de parte de un almacén ubicado en Adeje donde el proyecto turístico Cuna del Alma prevé instalar su beach club, todavía no ha recibido respuesta sobre el valor por el que cederá este espacio a la promotora Segunda Casa. La familia presentó un escrito de alegaciones ante la Junta de Compensación y el Ayuntamiento de Adeje en el que cuestiona la valoración económica realizada, fijada en 12.225 euros, y la eleva hasta los 182.724 euros. En caso de no alcanzarse un acuerdo, prevén acudir a los tribunales.
Este conflicto por el espacio situado en primera línea de costa continúa sin resolverse, mientras aumenta la presión sobre el proyecto. El juzgado de Arona ordenó paralizar las obras en la zona de servidumbre marítima y obligó a elaborar un informe pericial sobre los daños. Además, este domingo está convocada una nueva manifestación para reclamar la paralización total de las obras.
Uno de los convocantes es la propia familia Galindo, que mantiene un enfrentamiento directo por el valor del inmueble que será objeto de expropiación. En febrero presentó un escrito de alegaciones dentro del procedimiento urbanístico en curso en el que sostiene que la Junta de Compensación (reactivada en 2021 aunque originada en 1999) habría adoptado decisiones “de dudosa legalidad”, incumpliendo la normativa urbanística vigente en Canarias y afectando a los propietarios del ámbito.
Diferencias en la valoración
El principal punto de conflicto radica en el valor asignado a una propiedad de 66 metros cuadrados incluida en el proyecto. Mientras la Junta de Compensación fija la compensación en 12.225,94 euros, un informe pericial independiente encargado por los propietarios eleva su valor hasta 182.724,17 euros.
Los afectados denuncian que esta diferencia responde a un sistema de reparcelación que, según su versión, perjudica especialmente a los pequeños propietarios, a quienes se compensa en metálico en lugar de adjudicarles suelo.
Los propietarios recuerdan que la legislación establece que no se puede ocupar ni transmitir un bien expropiado sin el pago previo del justiprecio, una garantía constitucional que, según denuncian, no se estaría respetando en este caso. Por ello, solicitan que se reconozca el valor real de la propiedad conforme al informe pericial aportado y que se revisen las actuaciones de la Junta de Compensación.
Paralización parcial de las obras
Las obras en la zona de servidumbre marítima han sido paralizadas después de que la magistrada considerara necesario frenarlas ante el riesgo de que se produzca un daño irreversible en el entorno. El auto subraya la existencia de periculum in mora, es decir, el peligro de que la continuación de los trabajos dificulte una eventual restauración del espacio afectado.
La decisión se basa en que los usos previstos en la zona, como piscinas, solárium, áreas de ocio, instalaciones técnicas o aparcamiento, no resultan imprescindibles para el dominio público marítimo-terrestre. Según recoge la resolución, estas instalaciones podrían ubicarse fuera de la servidumbre de protección, lo que refuerza la tesis de una posible ocupación indebida de un espacio especialmente protegido.
Nueva manifestación
En este contexto, el Tagoror Permanente Rotativo, La Gaveta 20A, Rebelión Científica Canarias, el propio afectado Juan Francisco Galindo y la Asamblea Reivindicativa Canaria (Arcan) han convocado para el 23 de abril una manifestación en Santa Cruz de Tenerife para reclamar la paralización total del proyecto.