El Gobierno de Canarias cuenta con un plazo extremadamente ajustado para la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Teide. Aunque recientemente se ha aprobado el texto definitivo, con parte de la comunidad científica en contra, la primera versión del documento recibió el aval de su informe ambiental estratégico hace casi cuatro años.
En menos de dos semanas se cumplirá el cuarto año, fecha en la que caduca este aval si no se ha aprobado, lo que da un margen muy limitado al Gobierno, especialmente porque antes de su caducidad hay solo dos reuniones del Consejo de Gobierno.
Caducidad del informe ambiental
La Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental (CAEA) emitió el informe ambiental estratégico relativo a la revisión del PRUG del Parque Nacional del Teide el 17 de noviembre de 2021. La publicación de este acuerdo favorable en el Boletín Oficial de Canarias fue el 3 de diciembre de ese mismo año. Entonces comenzó a correr el tiempo para su ratificación definitiva, ya que la ley de evaluación ambiental establece claramente que el plazo es de cuatro años.
En concreto, la norma dispone que “el informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si [...] no se hubiera procedido a la aprobación del plan o programa en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación”. En el caso de que se incumpla el plazo, “el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada del plan o programa”.
Riesgo de reiniciar el procedimiento
Esto devolvería a la casilla de salida el documento, ya que la CAEA tendría que revisar de nuevo el texto, que además ha sufrido modificaciones desde que lo aprobó. El Gobierno de Canarias tiene constancia de la inminente caducidad y ha declarado de urgencia la tramitación, siendo conscientes de que a través de la tramitación ordinaria sería imposible su aprobación.
La cuestión es si con la tramitación de urgencia se conseguirá aprobar antes del 3 de diciembre. La resolución que dicta la urgencia, firmada por la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad, recoge que el 31 de octubre se solicitó un informe a la CAEA y a la Comisión de Informe Único al respecto.
Informes pendientes y reuniones clave
Una vez se evacúen los informes, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transición Ecológica y Energía deberá emitir los informes de impacto de género y sobre identidad y expresión de género y de diversidad sexual, así como el informe de legalidad del procedimiento seguido para su aprobación.
Los informes deberán emitirse antes de la aprobación por el Gobierno de Canarias del documento definitivo. La ratificación del documento se deberá hacer en Consejo de Gobierno, y tan solo quedan dos reuniones antes de su caducidad: el 24 de noviembre y el 1 de diciembre. Desde la consejería transmiten que están volcados con la tramitación y que hay coordinación entre los diferentes departamentos del gobierno para agilizar el proceso.
La ciencia en contra
El documento definitivo se aprobó el pasado 29 de septiembre por el Patronato del Parque Nacional del Teide, con informes desfavorables del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universidad de La Laguna, es decir, con dos de los tres organismos científicos del parque en contra —el Instituto de Astrofísica de Canarias votó a favor.
El voto en contra del CSIC se debe a la percepción de que el documento supondrá una “degradación en la conservación”, que concretan en una falta de mecanismos para reducir el alto número de visitantes que tiene el parque nacional, el aumento de la presión al ecosistema al permitir más eventos deportivos y la mayor permisividad a la apicultura.
También votaron en contra los dos representantes del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, el representante de la Federación de Montaña, la representante de los guías turísticos y los representantes de los grupos ecologistas, mientras que el director conservador del Parque Nacional del Teide, Manuel Durbán, se abstuvo. Pese al no respaldo científico, Parques Nacionales de España ratificó el documento el pasado octubre, continuando la tramitación.