La Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arona ha acordado citar como investigado a Antonio Manuel Acosta Felipe (Coalición Canaria), director general de Costas y Gestión de Espacio Marino de Canarias, a petición de la Fiscalía, por haber autorizado "la ocupación, con instalaciones fijas, del dominio público marítimo-terrestre o sus zonas de servidumbres, mediante el proyecto de 'restaurante-piscina', en sector SO-6. zona S6-2 / parcela T-2, situada en el Puertito de Adeje, término municipal de Adeje, isla de Tenerife, y promovido por Filip Andreas Hoste, en representación de la entidad Segunda Casa Adeje, S.L.”.
En una providencia del pasado 8 de julio a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy, la magistrada Sandra Peraza San Nicolás dispone que Acosta declare como investigado el próximo 14 de septiembre. La Fiscalía había pedido imputar a Antonio Acosta en abril.
Almacén de los Galindo
La investigación se centra en la autorización por parte de la Dirección General de Costas de la ocupación de la zona de servidumbre de protección costera del Puertito para construir un restaurante con piscina y aparcamiento, en el marco de las obras de Cuna del Alma en el municipio tinerfeño de Adeje.
En esos terrenos es donde se sitúa el almacén de la familia Galindo, una antigua empaquetadora de tomates a pie de playa que tiene una orden de expropiación en favor del proyecto turístico Cuna del Alma para, precisamente, construir un beach club. Dicho proceso expropiatorio ha sido muy polémico por la ínfima cantidad con la que se prentendía indemnizar a la familia.
La denuncia
En junio de 2025, una denuncia de varios colectivos pidió la suspensión cautelarísima de todo el proyecto al apreciar hasta ocho presuntos delitos cometidos a lo largo del proceso de construcción: prevaricación urbanística, fraude a la administración, tráfico de influencias, corrupción entre particulares (cohecho privado), administración desleal, falsedad documental y falsedad ideológica en documento público, omisión del deber de perseguir delitos y prevaricación por omisión, así como delitos contra el patrimonio natural y el medio ambiente. Es a partir de esta denuncia desde donde se llega a la imputación como investigado de Antonio Acosta.
Los colectivos denunciantes, que son la Asociación de Taxistas Asalariados Costa Adeje, la familia Galindo, ARCAN y La Gaveta20A, han explicado que " la jueza ha rechazado la paralización cautelar de la totalidad de las obras solicitada por la acusación popular".
"No podemos esconder nuestra profunda preocupación, por la continuidad de unas obras que avanzan a gran velocidad mientras la investigación judicial sigue su curso. Pues cada día que pasa prosigue la destrucción de valores ambientales, arqueológicos, geológicos y patrimoniales cuya protección constituye precisamente el objeto de esta causa. Y de mantenerse este ritmo de ejecución, esta dinámica de hechos consumados terminará privando de efectividad una eventual resolución judicial favorable, al haber desaparecido o resultado irreversiblemente alterados los bienes cuya protección se pretende garantizar", añade el comunicado de los denunciantes.