Turistas en una playa de Canarias. / ATLÁNTICO HOY
Turistas en una playa de Canarias. / ATLÁNTICO HOY

La justicia británica condena a 14 estafadores de 'timesharing' en Tenerife tras un reportaje en BBC

Una cadena hotelera deberá devolver 19.700 euros por un contrato de ‘time-sharing’ declarado nulo

AtlanticoHoy / EFE

La abogada que representa a un millar de afectados por el negocio de timesharing en el sur de Tenerife, Eva Gutiérrez, observa con esperanza la reciente condena de Mark Rowe, responsable de la empresa Sell My Timeshare, y una docena de colaboradores, quienes recibirán siete años y medio de prisión, cumplimiento efectivo desde agosto pasado.

La noticia fue difundida por la cadena pública británica BBC, que nueve años atrás emitió un reportaje con cámaras ocultas en el que sus periodistas se hicieron pasar por compradores de apartamentos en régimen de tiempo compartido en Tenerife.

Investigación y víctimas

El reportaje provocó un gran revuelo y dio paso a una investigación judicial que culminó con la condena de 14 procesados por estafar cerca de 30 millones de euros a 3.500 propietarios de apartamentos, la mayoría entre 60 y 80 años, algunos de los cuales llegaron a perder hasta 12.000 euros.

Gutiérrez recuerda que en 2019 presentaron una denuncia penal, que fue archivada, solicitando a la Fiscalía la posibilidad de condenar a los propietarios de sociedades como Silverpoint, con fallos firmes en la vía civil que sumaban 12 millones de euros.

Desconocimiento inicial

La abogada confesó desconocer tanto la emisión del programa como el nombre de la compañía, algo que consideró habitual dada la proliferación de entidades con múltiples denominaciones.

El problema principal es que muchas de estas compañías ya no existen, sus responsables están en paraderos desconocidos y unas 70 sociedades se encuentran en paraísos fiscales.

Labor policial y fiscal

En su momento, la UDYCO, unidad de la Policía Nacional dedicada a la lucha contra el crimen organizado, investigó este entramado hasta recopilar 19 tomos, contando con la colaboración de la Tesorería de la Seguridad Social.

La Fiscalía llegó a presentar en julio de 2020 una denuncia por supuesta frustración de la ejecución, alzamiento de bienes, insolvencia punible y estafa procesal, que fue archivada provisionalmente.