La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, ha declarado a través de un comunicado emitido por el Ayuntamiento que presentará los recursos correspondientes ante el auto judicial que la procesa junto a otros tres exalcaldes por los vertidos del polígono de Güímar.
Brito aseguro que ''expresa su máximo respeto a las decisiones judiciales, pero no comparte el auto que se ha dictado y se presentarán los recursos correspondientes''. En este sentido, aclara que desde que tuvo conocimiento de la problemática de los vertidos del Polígono ''ha actuado y trabajado intensamente para su solución''
Asimismo, afrima que es una problemática compleja en la que intervienen tanto el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y los tres ayuntamientos del valle, tratándose de un ámbito supramunicipal. ''Muestra de ello es que a día de hoy tras el trabajo y la cooperación administrativa ejercida y necesaria en el marco de un complicado proceso, la problemática está solventada, en vigor la autorización de vertido del emisario y ultimando la puesta en marcha de la depuradora de aguas residuales industriales construida por el consejo insular de aguas del Cabildo de Tenerife'', concluye Brito.
Vertidos en el polígono
El Juzgado de Primera Instrucción Número 1 de Guímar ha dictado un auto en el que procesa a la alcaldesa de Candelaria y la presidenta de la Fecam, Mari Brito (PSOE), por los presuntos delitos continuados contra el medio ambiente y prevaricación en relación a los vertidos de aguas residuales del polígono industrial de Güímar. Además, también serán procesados los exalcaldes de Candelaria y Arafo, Gumersindo García (PSOE) y Juan José Lemes (CC), respectivamente, y la exalcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro (PP).
El auto, de casi 100 páginas adelantado por la 'Cadena Ser' y hecho público este viernes, recoge que los alcaldes, "de forma consciente y voluntaria", omitieron desde el verano de 2013 las actuaciones administrativas para controlar y legalizar los vertidos de aguas residuales, algo que sí acometieron a partir de marzo de 2017 cuando se abrió la causa penal.