El portavoz del grupo mayoritario en la oposición del Ayuntamiento de Tacoronte, José Daniel Díaz, ha advertido de que, un año y medio después del cierre provisional de la oficina del paro, no existe certeza de que el servicio vuelva al municipio, una situación que atribuye a la “actitud negligente” del grupo de gobierno local.
La oficina fue clausurada tras la detección de gas radón en las dependencias municipales, lo que obligó al traslado del personal a Tegueste y a que los usuarios del municipio tuvieran que desplazarse a otras oficinas de la isla.
Convenio caducado y falta de mantenimiento
Durante el pleno ordinario de febrero, Díaz denunció que el grupo de gobierno, integrado por PSOE, Coalición Canaria y Partido Popular, ha permitido la caducidad del convenio con las administraciones competentes en materia de empleo, el Servicio Canario de Empleo (SCE) y el SEPE.
Según expuso, esta situación ha dejado sin cobertura jurídica al inmueble municipal desde el 28 de enero de 2025, seis meses después del cierre de la oficina, lo que, de acuerdo con un informe de la Secretaría municipal, obliga al Ayuntamiento a asumir la conservación y mantenimiento del edificio, una responsabilidad que, a su juicio, no se ha cumplido durante más de medio año.
Rechazo a las medidas propuestas
En la misma sesión plenaria, el grupo de gobierno presentó una enmienda a la iniciativa del grupo opositor, que incluía actuaciones para mejorar las instalaciones y garantizar las condiciones de seguridad y salud laboral de los trabajadores.
La negativa del grupo proponente a incorporar estas medidas al texto derivó en el voto en contra del PSOE, CC y PP, una decisión que, según Díaz, supone renunciar a respaldar garantías básicas tanto para los empleados como para los más de 1.000 usuarios del municipio.
Críticas a la falta de alternativas
El portavoz de la oposición reprochó al ejecutivo local que, siendo titular del inmueble, no haya planteado soluciones ni alternativas para recuperar el servicio. En este sentido, criticó a la alcaldesa, Sandra Izquierdo, por no haber impulsado las obras necesarias para resolver el problema del gas radón ni haber firmado un nuevo convenio con el SCE y el SEPE para la cesión del edificio en condiciones adecuadas.
Díaz calificó la actuación municipal como una “auténtica dejación y negligencia”, al entender que el Ayuntamiento debía garantizar las mejoras del inmueble y formalizar un nuevo acuerdo, algo que, según señaló, reconoce la propia Secretaría municipal.
Preocupación entre los trabajadores
El pleno contó con la presencia de trabajadores del SCE y del SEPE, así como de representantes sindicales, que manifestaron su preocupación por la falta de garantías en materia de salud laboral y expresaron las dificultades para volver a la oficina de Tacoronte en las actuales condiciones.
Durante sus intervenciones, señalaron que existe temor en la plantilla, recordando incluso el fallecimiento de una compañera, lo que puso de relieve la peligrosidad del gas radón, y reclamaron un compromiso firme para disponer de un nuevo espacio que garantice su seguridad.
Alternativas descartadas
Los trabajadores rechazaron opciones como el Mercado Municipal o la construcción de un nuevo edificio, al considerarlas soluciones lejanas en el tiempo, y propusieron como alternativa una planta de la biblioteca, una posibilidad que fue descartada por la alcaldesa.
Díaz criticó que, pese a pedir alternativas a la plantilla, el propio grupo de gobierno no haya impulsado ninguna solución en año y medio, responsabilizando además al SCE y al SEPE del mantenimiento del inmueble cuando ya no existía convenio ni cesión de las instalaciones.
Competencia municipal
El portavoz de la oposición concluyó subrayando que el informe de la Secretaría municipal deja claro que la competencia sobre el inmueble es municipal desde hace un año, así como la obligación de ponerlo en condiciones, algo que, afirmó, no se ha cumplido.