No hay ninguna respuesta. Desde Coalición Canaria y Partido Popular abogan por el silencio después de que el Tribunal de Cuentas remitiera a su Fiscalía una denuncia contra la empresa pública Balsas de Tenerife (Balten) por seguir pagando el agua de riego a precios de emergencia hídrica, pese a que esta finalizó en marzo. Este hecho ha motivado una denuncia de la asociación Corrupción 0, al entender que se podría estar pagando el agua de riego con precios inflados pese al fin de lasequía, beneficiando, supuestamente, a dos empresas.
La asociación pidió al Tribunal de Cuentas que "practique las actuaciones que estime conveniente respecto de los posibles ilícitos penales" derivados de esta situación. El tribunal ha remitido a su Fiscalía esta denuncia para que estudie las “presuntas irregularidades relativas a la modificación extraordinaria de los precios del suministro de agua”. Una denuncia que también se ha remitido a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife para su estudio.
Silencio institucional
Pese a la alarmante situación que afecta a las cuentas insulares, desde el Cabildo de Tenerife evitan pronunciarse al respecto. La primera vez que este medio contactó con el área de Sector Primario, en manos del Partido Popular, fue en abril, después de que recibiera un escrito denunciando la situación y exigiendo información sobre si se ha “valorado procedimiento de revisión de los precios de los contratos de suministro de agua tras la finalización de la emergencia hídrica”.
No se dio entonces ninguna información por parte del área. El escrito se remitió también al Tribunal de Cuentas, que ahora ha enviado la información a su Fiscalía. Cuando se produjo la remisión, este medio volvió a contactar con la institución insular, que volvió a mantener el silencio.
De un despacho a otro
Este lunes se ha producido lo más cercano a una respuesta, después de que la presidenta insular, Rosa Dávila, simplemente dijera que “sé que la consejera está con eso” y remitiera a la consejera Blanca Pérez porque “sí tiene información”. Sin embargo, la consejera ha remitido a su vez al consejero delegado de Sector Primario, Valentín González, quien no ha ofrecido ninguna respuesta a través de su servicio de comunicación.
En este pase de la pelota entre unos y otros, la institución insular sigue pagando el agua de riego a un precio establecido a raíz de la emergencia hídrica. Sin embargo, esta finalizó en marzo sin que exista ningún indicio de que se vayan a modificar los precios.
Contratos modificados por la sequía
En octubre de 2023 se modificaron los contratos de suministro de agua adjudicados por Balten a las empresas Elekagua y Savasa, en un contexto de sequía extrema, con embalses que llegaron a situarse en torno al 12,8% de su capacidad y un incremento de la demanda de agua de riego del 18%.
El escrito presentado ante el Cabildo dejaba caer que la modificación no solo estaba motivada por la emergencia hídrica, sino también por la amenaza de las empresas de abandonar el suministro de agua, ya que los precios pactados en los contratos estaban fuera de mercado y no cubrían los gastos, especialmente por el aumento de los costes energéticos y de producción.
Los precios que siguen vigentes
El abandono del suministro era un riesgo que no se podía correr porque habría dejado sin agua de riego a varias zonas de Tenerife, por lo que se decidió modificar los contratos de forma temporal hasta que se implementara un nuevo sistema de contratación, según recogía el escrito.
La situación afectaba especialmente al pozo La Calderona y al pozo Chivana, operados por Elekagua, y al pozo Patronato y otros recursos operados por Savasa, cuyos precios de explotación de los caudales aumentaron. En concreto, el pozo La Calderona pasó de 0,412 euros por metro cúbico a 0,687 euros; el pozo Chivana pasó de 0,520 euros por metro cúbico a 0,833 euros; y el pozo Patronato pasó de 0,420 euros por metro cúbico a 0,615 euros.
Ante la no actualización de los precios, el Tribunal de Cuentas ha trasladado la denuncia a su Fiscalía y a la Sección de Enjuiciamiento del propio tribunal. También se ha remitido la denuncia a un fiscal de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife para que la investigue.