El acervo cultural de nuestro pueblo es inmensamente rico y prueba de ello es nuestro refranero. “Pueblo chico, infierno grande" es uno de los refranes más conocidos y significa que en lugares pequeños, donde todos se conocen, los chismes, cotilleos y conflictos se intensifican y propagan rápidamente, generando un ambiente difícil.
Algo así lleva ocurriendo desde hace algún tiempo en el municipio de San Juan de la Rambla donde, cada vez más, el ambiente vecinal se intensifica entre denuncias y reproches.
“Actuaciones irregulares e intimidatorias”
Hace unos días, Yanira Mesa, concejal de Asamblea Unificada del Pueblo- Si Se Puede (AUP-SSP) -grupo político en el Gobierno de San Juan de la Rambla junto a Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP)-, denunciaba en sus redes sociales sufrir desde hace meses “actuaciones irregulares e intimidatorias” por parte de determinados agentes de la Policía Local del municipio.
La edil afirma que la situación ha afectado tanto a su seguridad personal como a su desempeño como representante pública.
Explicaciones a los vecinos
Mesa explica que, aunque hasta ahora había optado por mantener silencio “por prudencia y respeto a los procedimientos legales en curso”, ha decidido pronunciarse.
Añade la concejal que este paso lo da tras recibir “numerosas muestras de preocupación de vecinas y vecinos” y ante lo que considera una escalada de conductas que “se alejan de los cauces institucionales habituales”.
Episodio en su domicilio
Entre los hechos denunciados recientemente, la concejala apunta al episodio ocurrido el 24 de noviembre de 2025, cuando dos agentes se presentaron en su domicilio particular -una dirección que, según subraya, nunca había facilitado al cuerpo policial ni había dejado constancia de ella- para realizarle una notificación sobre un pleno que debía celebrarse el día 27. Según su relato, los agentes habrían iniciado la grabación en vídeo desde el primer momento, sin comunicarlo ni solicitar su consentimiento.
La edil sostiene que esa actuación vulnera su "derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio, recogidos en el Artículo 18 de la Constitución Española." Además, apunta que no existía “urgencia alguna” que justificara una notificación presencial en su casa, ya que el pleno municipal al que se refería la citación estaba previsto para tres días después.
No es un episodio aislado
Mesa indica que ha ampliado las acciones legales relacionadas con estos hechos y que las presuntas irregularidades ya han sido puestas en conocimiento de las instancias competentes. Subraya que no se trata de un episodio aislado, sino de una sucesión de actuaciones que merecen valoración judicial.
Asimismo, la concejala señala que en los últimos meses se han difundido grabaciones y mensajes en redes sociales que afectan a su honor, y acusa a algunos sectores políticos de haber realizado declaraciones públicas que “condicionan la gobernabilidad del Ayuntamiento” y “emiten juicios de valor sin resolución judicial ni administrativa alguna”.
Dimensión institucional y de género
La representante de AUP-SSP afirma que parte de esta situación tiene “una dimensión institucional y de discriminación”, resaltando el “sesgo de género” que, a su juicio, ha agravado los ataques y señalamientos en su contra, destacando “ser mujer en un entorno que no siempre respeta los principios mínimos de igualdad y respeto”, apunta.
Mesa sostiene que su actuación pública se ha guiado siempre por la legalidad y el respeto institucional, y que su silencio previo no debe interpretarse como falta de transparencia, sino como “un ejercicio de responsabilidad”.
Llamamiento al respeto institucional
La concejala finaliza su comunicado agradeciendo las muestras de apoyo recibidas y reafirmando su compromiso con “la convivencia democrática, el respeto a los derechos fundamentales y el buen funcionamiento de las instituciones”.
Además, la concejal también denuncia que el audio grabado por los agentes policiales en el exterior de su domicilio -y sin su consentimiento- fue difundido públicamente.
El sindicato policial responde
La denuncia de la edil no tardó en generar reacción, ni en la vecindad ni en la otra parte afectada. Desde el sindicato STAP-Canarias han salido al paso de las declaraciones de la concejala Yanira Mesa (AUP-SSP) en San Juan de la Rambla, quien denunció sentirse intimidada por actuaciones de la Policía Local.
En un duro comunicado (también en redes sociales), el sindicato niega esas acusaciones y defiende a los agentes, asegurando que las notificaciones y grabaciones mencionadas por la edil se realizaron conforme a los procedimientos habituales.
Freno a mejoras laborales
La organización sostiene que, desde su llegada al cargo, Mesa ha frenado mejoras laborales ya acordadas y ha mantenido una actitud de enfrentamiento hacia el cuerpo policial y otros trabajadores municipales. La acusan además de ejercer su cargo desde una posición de poder mientras se presenta como víctima.
STAP-Canarias concluye pidiendo que, si la concejala cree haber sufrido irregularidades, acuda a la vía judicial, y agradece el respaldo recibido de vecinos y empleados municipales.
