El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el consejero insular de Deportes, Aridany Romero, marcaron este martes con claridad la posición institucional de la corporación sobre el futuro del Estadio de Gran Canaria, en un desayuno informativo organizado por el Instituto Insular de Deportes (IID).
Ambos, ante el interés de la UD Las Palmas por gestionar el recinto de Siete Palmas, dejaron un mensaje nítido: la futura concesión de la instalación, una vez sea reformada para el Mundial 2030, no podrá resolverse por vía directa, sino mediante un procedimiento abierto, transparente y condicionado por la fuerte inversión pública que se está ejecutando. "Nada puede ser a dedo ni primar unos intereses sobre otros", recalcó Morales.
Corto plazo
Morales insistió en que no caben decisiones discrecionales ni intereses particulares por encima del general, y recalcó que el deseo del Cabildo es compartido por todos: que el Estadio de Gran Canaria funcione “lo mejor posible” en su nueva etapa, con una gestión eficiente y abierta a empresas e instituciones que puedan asumir ese reto en el marco de una concesión pública.
Por su parte, Romero emplazó el debate a medio y largo plazo, recordando que las obras no estarán finalizadas hasta, como mínimo, 2029, por lo que será otro gobierno insular el que tenga que resolver el futuro modelo de gestión. Cuando llegue este río", subrayó el consejero de Deportes, "cruzaremos ese puente".
Cánon elevado
El consejero añadió además un elemento clave: quien aspire a explotar el estadio deberá asumir los cánones derivados de una inversión costeada con dinero público, un factor determinante para valorar la viabilidad económica de cualquier proyecto empresarial.
En paralelo, Romero confirmó que las primeras actuaciones ya han arrancado, con el inicio de los trabajos de demolición, y garantizó que el calendario de obra avanza conforme a los plazos previstos.
Calma en la UD
Tras estas manifestaciones, desde la UD Las Palmas, consultada por este periódico, se trasladó un mensaje de absoluta tranquilidad. El club asegura que “no se atisba ningún lío” en torno a este asunto, comparte la necesidad de no adelantar tiempos y asume que se trata de un procedimiento que no deberá afrontarse a corto plazo y que resolverá otro Ejecutivo insular.
La entidad amarilla mantiene, eso sí, su aspiración legítima de optar a la gestión del recinto una vez completada su transformación, en un escenario que abriría nuevas líneas de negocio para el club.
Todo este escenario se produce en un momento clave, ya que la reforma integral del Estadio de Gran Canaria para adaptarlo a los estándares del Mundial 2030 coincide en el tiempo con el final del actual acuerdo de uso y explotación por parte de la UD Las Palmas, fijado para el 30 de junio de 2027. A partir de ahí, el futuro del recinto entrará en una nueva fase que el Cabildo quiere abordar bajo criterios estrictamente públicos, mientras el club observa el proceso con calma institucional y vocación de continuidad.