Quedan dos días para que comience agosto y los clubes de la Federación de Fútbol Tinerfeña, que engloba toda la provincia occidental, todavía no han podido formalizar ninguna inscripción o ficha por culpa de la herramienta Novanet, recién llegada a las federaciones canarias pero adquirida en 2021 de forma opaca por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Con ella se tienen que hacer todas las gestiones internas.
Aunque Novanet acabe de llegar a las federaciones insulares, tiene un largo historial dentro de una investigación judicial por presuntos delitos de corrupción en los negocios, cobro de comisiones, administración desleal, malversación de fondos y tráfico de influencias en la que se ha pedido la imputación de, entre otros, Luis Rubiales.
No funciona en Tenerife
Su aterrizaje en la Federación Tinerfeña no ha podido ser peor, pues está todavía completamente inoperativa y no se han remitido a los clubes los tutoriales para aprender a usarla, según relata a Atlántico Hoy el presidente de la Unión Deportiva Longuera-Toscal, Alfonso Fernández.
La indignación de los clubes tinerfeños está además agravada porque este año la Federación ha decidido crear otra herramienta llamada Portal del Federado, obligatoria para todos los jugadores y técnicos, y por la que cobra de 30 a 60 euros en el momento de la inscripción.
Miles de licencias afectadas
Los clubes se encuentran ahora con que han sido cobrados por inscribir a sus jugadores pero no han podido efectuar dicha inscripción porque la aplicación de la RFEF está inoperativa. "Esto afecta a miles de licencias en la provincia, solo en el Longuera tenemos más de 450 y hay doscientos veintipico clubes", cuenta desesperado Fernández, que señala que los clubes suelen empezar a tramitar fichas en julio.
En Las Palmas, sin embargo, Fernández explica que han sido más previsores y está habilitada desde hace meses, habiéndose realizado formaciones a los clubes para que aprendan a usarla.
La trama
Sobre la presunta trama de corrupción que rodea a la plataforma, la RFEF se encuentra bajo investigación judicial por la polémica adquisición de Novanet, plataforma digital de gestión de licencias utilizada por varias federaciones territoriales.
La operación, cerrada en 2021 por unos 600.000 euros, ha levantado sospechas tras revelarse que altos cargos de la RFEF, incluida la Federación Catalana de Fútbol (FCF), habrían impulsado su compra pese a reconocer internamente que existían alternativas más económicas o incluso gratuitas. Conversaciones interceptadas por los Mossos d’Esquadra en el marco de la Operación Brody muestran que se priorizó evitar tensiones institucionales con la FCF sobre el interés económico de la federación.
Imputaciones pedidas
El caso, instruido por un juzgado de Majadahonda (Madrid), apunta a posibles delitos de administración desleal, corrupción en los negocios e incluso malversación de fondos públicos si se confirma que parte del dinero procedía de subvenciones estatales para la digitalización del deporte. La acusación, impulsada por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, solicitó la imputación del expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, así como de otros altos cargos como Tomás Cueto, Joan Soteras y José Miguel Calle. Según los indicios, la operación habría beneficiado de forma irregular a la empresa desarrolladora de la herramienta con vínculos cercanos a la estructura federativa.
Tras la compra, la RFEF se convirtió en socia única de Novanet, nombrando al frente del consejo gestor a José Ramón Cuetos Lobo (presidente de la federación asturiana) junto a otros estrechos colaboradores de Rubiales, como Andreu Camps, Eduardo Bandrés y otros vinculados al entorno federativo. De esta forma, una empresa que cobraba por contratos a federaciones territoriales pasó a estar controlada íntegramente por la propia federación nacional.
La defensa de los implicados sostiene que la compra fue legal, transparente y beneficiosa para el fútbol español, y niega que existiera ánimo de lucro personal. Sin embargo, el contexto de la investigación —que incluye otras operaciones sospechosas como la adjudicación de la Supercopa en Arabia Saudí— ha situado a la cúpula de la RFEF en el centro del escándalo.