La entrada de aguacate troceado y congelado en cadenas como Mercadona o Lidl inquieta al sector agrícola canario, que teme que esta tendencia se afiance durante todo el año. Aunque su introducción es completamente legal, los agricultores advierten de sus efectos. “Este producto venía a cubrir el hueco que tenemos en agosto, cuando hay muy poca producción local”, explica Theo Hernando, secretario general de ASAGA Canarias-ASAJA.
En Canarias no se puede importar aguacate fresco —ni el fruto ni la planta— desde 1987. Esto protege la producción local, que se concentra en variedades como Hass o Fuerte, con escasa oferta en los meses estivales y precios elevados que pueden superar los 8 euros por kilo. La creciente demanda del sector de la restauración y del consumo doméstico ha incentivado nuevas fórmulas de abastecimiento.
El temor del sector
“Lo que tememos los agricultores es que este aguacate congelado no solo cubra el vacío de agosto, sino que se mantenga todo el año”, advierte Hernando. La entrada estable de este producto supondría una competencia muy fuerte frente al aguacate canario, de mayor calidad pero más costoso. Según explica, “aunque no tiene comparación en sabor y textura, compite por precio”.
Este producto suele proceder de Perú y otros países latinoamericanos, ya pelado y cortado, y sin los controles que exige Europa. “Muchas veces esas bolsas no traen demasiada información. Pedimos al menos una trazabilidad clara y garantías mínimas de calidad alimentaria”, reclama el portavoz de Asaga.
Calidad frente a precio
El aguacate canario destaca por alcanzar hasta un 21,5 % de materia grasa, lo que le da un sabor más intenso y madurez fisiológica en el momento de la recolección. “Aquí el fruto madura en el árbol y se consume en pocos días. El que viene de fuera se recoge verde, se traslada en cámaras y luego se congela”, diferencia Hernando.
Incluso el aguacate peninsular —en auge en zonas como Málaga o Granada— presenta, según Asaga, un perfil de calidad inferior por sus condiciones climáticas.
Reclamación de garantías
Aunque reconocen que el producto congelado cumple con la normativa, los agricultores piden “igualdad de condiciones” en controles sanitarios y etiquetado. “Es legal, pero no deja de ser una amenaza para el producto local si no se controla su uso”, insiste Hernando.