Canarias tiene 14 de los 50 municipios de todo el Estado con mayor proporción de viviendas vacacionales y en este escenario, el Archipiélago ha aprobado la nueva ley que regulará las viviendas vacacionales en las islas que establece que el uso turístico pasa a considerarse una actividad económica y solo podrá autorizarse en aquellas zonas donde el planeamiento municipal lo permita expresamente, lo que se suma a la implementación a nivel nacional del registro obligatorio de los alquileres de corta duración y las recientes acciones de los ministerios de Vivienda y Consumo para purgar los anuncios ilegales de las plataformas digitales.

En noviembre de 2025, con una abrupta caída de los alquileres vacacionales en España, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) cifraban en un 2% la disminución de viviendas vacacionales en Canarias, pero los rescientes cálculos del Instatituto Canario de Estadística (ISTAC) para este enero esta pérdida llega al 5%. Canarias contaba en enero de 2026 con 45.253 viviendas vacacionales, que eran más de 47.600 el mismo mes de 2025.

Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura

La mayor parte de las viviendas vacacionales se encuentra en Tenerife (41 % del total) y Gran Canaria (23 %). Lanzarote y Fuerteventura representan el 15 % y 14 %, respectivamente.

En total, las islas ofrecen 185.627 plazas de alojamiento, un 8,37 % menos que en enero de 2025. Durante ese mes, 43.253 viviendas recibieron al menos una reserva, el 95,6 % de las disponibles en plataformas digitales analizadas.

Marzo, nuevo horizonte

El Gobierno de Canarias ha advertido recientemente del grave riesgo al que se enfrentan los propietarios de viviendas turísticas en el Archipiélago. Según los datos del Ministerio de Industria y Turismo, de los 415.000 números de registros de arrendamientos existentes a nivel nacional, apenas 27.700 han completado el depósito requerido. La nueva orden ministerial exige finalizar este trámite antes del 2 de marzo; de lo contrario, se ejecutará una baja automática y los afectados deberán asumir un nuevo coste económico para volver a operar.

Ante esta situación técnica y administrativa, la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha solicitado formalmente la derogación del registro único de alquileres al ministro Jordi Hereu y a la secretaria de Estado, Rosario Sánchez. La representante autonómica argumenta que esta herramienta del Estado es ineficaz, invade competencias autonómicas y genera una profunda inseguridad jurídica al crear una dualidad de registros para un mismo inmueble.