La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) presentó este martes en rueda de prensa un informe, elaborado con datos oficiales del ISTAC, el INE y el Registro Autonómico, sobre la evolución de la vivienda vacacional en Canarias entre mayo de 2025 y mayo de 2026. La asociación sostuvo que, pese a la expulsión de "miles de familias" del negocio turístico desde la entrada en vigor de la Ley 6/2025, el mercado del alquiler residencial "no ha cambiado" y los precios "siguen subiendo".
Según ASCAV, el Gobierno de Canarias fundamentó la norma —que la asociación calificó de "ley de exterminio de la vivienda vacacional"— en una exposición de motivos de 46 páginas que, a su juicio, "no se corresponde con la realidad" y queda desmentida por los datos oficiales. La asociación defendió que el sector representa "un complemento de renta" para miles de familias que tributan en las islas y aportan valor económico transversal al destino.
La Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, aprobada por el Parlamento de Canarias en noviembre de 2025 y en vigor desde diciembre, salió adelante con el rechazo de la oposición y del propio sector, y quedó pendiente de un trámite posterior de enmiendas que, según ASCAV, "sigue incumplido a fecha de hoy".
La enmienda 92, en el aire
En ese trámite, la Agrupación Socialista Gomera (ASG) articuló una enmienda transaccional —la número 92— que declara la inocuidad de la actividad clasificada, a la que se sumaron PSOE y Nueva Canarias y que cuenta con el apoyo de Vox. La enmienda fue aprobada por mayoría en comisión parlamentaria el pasado 9 de julio y así consta en el dictamen, recordó la asociación, que la considera "la única que podría salvar a miles de familias".
El voto particular de CC
ASCAV denunció que Coalición Canaria presentó el 13 de julio un escrito anunciando un voto particular para revertir la enmienda ya aprobada, en lo que describió como "una operación sorpresa de ingeniería política nunca antes vista en el Parlamento de Canarias". Según la asociación, el escrito no se anunció debidamente en el debate del dictamen, se presentó fuera de plazo, carece de motivación formal, legal o material, y se dirigió a la Mesa de la Cámara en lugar de a la Presidencia, que sería el órgano competente.
La asociación fue más allá y afirmó que la Mesa no solo tramitó el voto particular, sino que lo subsanó y resolvió desde la propia Presidencia, actuando como "juez y parte" y sin aval jurídico, por lo que, "presuntamente, se está rozando la prevaricación".
Críticas al PP y a AHI
Para ASCAV, hasta ahora era el PP quien defendía la ley "de espaldas" a la asociación, pero con este movimiento "ha quedado evidenciada la participación activa de Coalición Canaria", con el respaldo de AHI. "No hay límites para acabar con el sector de la vivienda vacacional, cueste lo que cueste y caiga quien caiga", afirmó.
La asociación reiteró que lleva dos años reclamando al Ejecutivo que ponga el foco en la vivienda vacía y recordó que la propia Consejería de Turismo admitió hace meses que la ley nunca tuvo por objeto resolver el problema de la vivienda residencial. ASCAV concluyó que queda por ver la reacción de ASG, PSOE y NC ante lo que considera "un atropello de una magnitud sin precedentes".