La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha presentado un informe que analiza la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda promovida por el Gobierno autonómico, que se encuentra en tramitación por el Parlamento y busca regular el fenómeno de la vivienda vacacional.
Han pedido a la Mesa del Parlamento que abra un trámite de consulta pública durante su tramitación en la Cámara. La Ley, dice, “pone en juego miles de puestos de trabajo de una economía que supera los 1.700 millones de euros”.
Moratoria
La asociación también ha presentado ante la Comisión Europea (CE) una denuncia, sobre una presunta vulneración de la normativa comunitaria del proyecto de ley que regulará esta actividad. Según Javier Valentín, vicepresidente de, esta denuncia no tiene efectos suspensivos: "no paralizará" el proyecto de ley, pero podría acarrear "sanciones económicas" para España.
Otra de sus reclamaciones es la suspensión de licencias para "frenar el efecto llamada". La presidenta de la asociación, Doris Borrego, afirmó que el incremento del parque de vivienda vacacional se debe, principalmente, a la compra de vivienda por parte de fondos inversores.
"Más de 15.000 inmuebles se han dado de alta como vivienda vacacional desde octubre de 2023", dice Borrego, quien está convencida de que esto “afecta a los pequeños propietarios, que gestionan el 89%" de este tipo de viviendas.
Respuesta del Gobierno
La Ley vulneraría, según la asociación, las competencias de los municipios, así como los principios de proporcionalidad, necesidad y no discriminación, porque “prohíbe que propietarios de viviendas vacacionales hagan un uso residencial puntual de las mismas”.
Por su parte, la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias emitió hace unos días un comunicado diciendo que ha cumplido "estrictamente con todas las obligaciones" requeridas por Europa en la tramitación de esta ley.
"La Consejería de Turismo y Empleo ha mantenido desde el inicio de la legislatura contacto fluido con las autoridades europeas, participando en las diferentes reuniones y actuando en todo momento conforme a lo dispuesto por las leyes comunitarias", subrayó la consejera, Jéssica de León.
De acuerdo con las reivindicaciones
Preguntada por si se consideran parte del problema por el que protestaron cientos de personas este fin de semana en Tenerife, en una concentración contra el actual modelo turístico en Canarias, la presidenta de ASCAV ha indicado que están de acuerdo con las revindicaciones y que ellos mismos "pidieron la moratoria de emisión de licencias".
Unas 300 personas protestaron el pasado domingo en Santa Cruz de Tenerife para reivindicar que se pongan límites al turismo de masas y por un cambio de modelo en este ámbito al grito de "Canarias ya no es un paraíso". "No puede haber 200.000 viviendas vacacionales en Canarias, al igual que no puede haber 30.000 hoteles", dijo Borrego.
A finales de año
La ley de alquiler vacacional, que ha comenzado su tramitación parlamentaria, obligará a los ayuntamientos y cabildos a revisar las más de 50.000 licencias de viviendas vacacionales otorgadas, labor que ya está en su mano, porque la competencia urbanística pertenece a los Ayuntamientos, pero hasta ahora ninguna ley los obligaba.
Los únicos territorios que ya han comenzado a ejercer la labor de fiscalización de estas licencias son el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Granadilla. Este último trabaja en una ordenanza reguladora para regular las características que deberá cumplir una vivienda vacacional para poder operar.
El Proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas lleva 14 meses de elaboración, desde que comenzó el trámite de información pública y el Gobierno de Canarias pretende que esté lista a finales de 2025.