La revisión masiva de las ayudas a la movilidad eléctrica en Canarias empieza a dejar sus primeras consecuencias. La Dirección General de Energía ha iniciado el procedimiento para retirar el derecho al cobro de las subvenciones del Plan MOVES III a 342 beneficiarios, entre particulares y empresas, que no justificaron dentro del plazo establecido las inversiones subvencionadas para la compra de vehículos eléctricos o la instalación de puntos de recarga.
La resolución, firmada en el marco de las ayudas financiadas con fondos europeos Next Generation EU, recoge un anexo con 408 expedientes correspondientes a esos 342 solicitantes, ya que algunos de ellos habían obtenido más de una subvención para distintas actuaciones.
13.500 expedientes
La decisión llega meses después de que el Gobierno de Canarias pusiera en marcha un amplio proceso de revisión de las ayudas energéticas concedidas en el Archipiélago. En marzo, la Consejería de Transición Ecológica alertó de que existían 13.500 expedientes pendientes de justificación, correspondientes tanto al Plan MOVES III como a otras líneas de ayudas para autoconsumo, e inició una campaña para localizar a sus beneficiarios y recordarles que debían completar la tramitación administrativa.
En esta ocasión, la Administración da un paso más. La resolución señala que los afectados agotaron el plazo ordinario de doce meses para justificar la inversión y que, además, recibieron un requerimiento expreso concediéndoles diez días hábiles adicionales para aportar la documentación exigida. Al no hacerlo, la Dirección General de Energía propone declarar la pérdida total del derecho al cobro de las subvenciones. Afectados por esta medida ya han manifestado que no se les notificó la exigencia de más expedientes.
Normativa
El documento recuerda que el Real Decreto 266/2021, que regula el Plan MOVES III, obliga a los beneficiarios a acreditar documentalmente la ejecución de la actuación subvencionada. Entre la documentación requerida figuran, según el tipo de ayuda, las facturas, los justificantes de pago, la documentación del vehículo adquirido, los certificados de instalación de los puntos de recarga o el resto de documentos previstos en la convocatoria.
La normativa establece que, si esa justificación no se presenta en tiempo y forma, la comunidad autónoma no puede ordenar el pago de la ayuda y debe declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención.
Cuantías diferentes
El listado incluye tanto particulares como empresas de diferentes sectores económicos. Las cuantías son muy variadas. Aparecen ayudas inferiores a 500 euros para determinadas actuaciones relacionadas con infraestructuras de recarga, subvenciones de 2.500, 4.500, 5.000 y 7.000 euros destinadas a la adquisición de vehículos eléctricos y expedientes empresariales que superan los 20.000 euros, vinculados a proyectos de mayor dimensión.
La resolución forma parte del sistema de control asociado a los fondos europeos Next Generation, que obliga a las administraciones a verificar que cada subvención concedida se ha destinado efectivamente al objetivo para el que fue otorgada antes de proceder a su abono.
Alta demanda
El caso se produce después de que Canarias registrara una elevada demanda de estas ayudas. Las solicitudes del Plan MOVES III llegaron a superar el presupuesto inicialmente disponible, lo que obligó a ampliar la financiación y dejó miles de expedientes pendientes de revisión administrativa.
Pese a este primer procedimiento de pérdida del derecho al cobro, la cifra representa solo una pequeña parte del volumen total de expedientes que todavía permanecen en fase de comprobación. El Ejecutivo autonómico continúa revisando miles de ayudas vinculadas a la movilidad eléctrica y al autoconsumo concedidas con financiación europea, por lo que podrían producirse nuevas resoluciones similares conforme avancen las verificaciones.
Diferentes datos
No obstante, el propio documento incorpora una circunstancia llamativa. En sus antecedentes afirma que existen 198 expedientes que no presentaron la documentación requerida tras el correspondiente requerimiento administrativo, mientras que el anexo de la resolución relaciona 408 expedientes correspondientes a 342 beneficiarios distintos.
Ese desfase entre la parte expositiva y el listado anexo aconseja que la Consejería de Transición Ecológica aclare si se trata de un error material en la redacción de la resolución o de una actualización del anexo que no fue reflejada en el texto introductorio antes de su publicación.
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