La lucha por la sostenibilidad continúa en la Unión Europea y 2050 es el horizonte. Esta semana se dio luz verde a que los aviones usen al menos un 70% de combustibles ecológicos para operar en la UE —en 2025 deberán cargar mínimo un 2% de combustibles sostenibles en sus depósitos—. Canarias, y el resto de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) comunitarias, son las únicas que han quedado exentas de esta medida. Sin embargo, la sombra de la tasa verde, los derechos de emisión, la tasa de Aena y el impuesto a los buques más contaminantes siguen, de momento, hacia delante.
Pero el Gobierno autonómico no se rinde y sigue con el objetivo de quedar exentos de la tasa al queroseno que se pondrá en marcha el próximo año, de la de Aena y la de los buques. “Y de todas aquellas que encarezcan el transporte”, ha asegurado Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo del Ejecutivo canario, a Atlántico Hoy.
Tasa verde
En 2021, la Comisión Europea presentó un enorme paquete legislativo de medidas en materia de transición ecológica con el objetivo de construir un camino hacia la desaparición de la dependencia del dióxido de carbono (CO2) en 2050. Durante esta presentación, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, dejó claro que la emisión de estos gases contaminantes debe tener un precio y la Unión Europea ya se lo ha puesto.
Nace, entonces, la propuesta Fit for 55 con la meta de reducir las emisiones en 2030 en, al menos, un 55% respecto a 1990. Aquí se incluyen otras fórmulas como la prohibición de vender coches de combustión a partir de 2035, las nuevas tasas impositivas al carbono —donde entra la conocida tasa verde—, la obligatoriedad de que los edificios de las viviendas sean sostenibles o que un 40% del consumo bruto de energía provenga de las renovables, entre otras medidas.
Exención
“El objetivo de Canarias es hacer valer su estatus de Región Ultraperiférica (RUP). Para ello, lideraremos un foro en el que volver a poner de manifiesto que las RUP sólo tenemos una única forma de transporte para pasajeros”, explica la consejera. Además, desde el gobierno estudiarán esta tasa y todas las que puedan repercutir en el precio de los billetes y en la economía canaria de manera negativa “para presentar a Europa un estudio y un frente común para pedir al Ministerio de Turismo que se sume para eximir a Canarias de todas las tasas que encarezcan el transporte aéreo”.
Asimismo, además de al Estado, el Gobierno de Canarias pedirá ayuda de turoperadores y demás agentes del sector para intentar hacer presión en la decisión de la Comisión Europea.
Más allá del turismo
Esta normativa, que entrará en vigor en enero de 2024, obliga a las aerolíneas a pagar por los gases de efecto invernadero que emiten. Lo que la UE busca es que estas apuesten por el uso de combustibles verdes como el biodiésel, algo que va a conllevar un coste más elevado que el actual. Por tanto, el sector turístico canario teme que el aumento del gasto se traslade al precio de los billetes y afecte a la llegada de turistas a Canarias.
Además de los posibles efectos que la tasa verde puede tener sobre el turismo, la propia Comisión Europea acepta que Canarias y el resto de las Regiones Ultraperiféricas se pueden afectadas en el acceso de los residentes a la educación, la formación, los bienes y los servicios de formas que los territorios del continente no —el acceso a las capitales nacionales, a formación fuera de la comunidad autónoma, servicios sanitarios…—.
Tasa de Aena
Aena también plantea un incremento del 4,1% de las tarifas aeroportuarias para 2024 y, si sale adelante, esta medida entraría en vigor el 1 de marzo de 2024 y encarecería también los precios de los billetes de avión. Sin embargo, estos ya han subido en el último año —Ryanair ha subido sus tarifas un 42% y Vueling las ha incrementado un 22%— con la excusa de la necesidad de compensar el alza de los precios de la energía y el combustible.
Desde el Coalición Canaria, el PSOE y Asociación Socialista Gomera han impulsado una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento autonómico para rechazar esta propuesta de Aena e instar al futuro Gobierno de España a que el archipiélago tenga capacidad de decisión al respecto de las tasas aeroportuarias. El Parlamento acordó el pasado miércoles rechazar por unanimidad este incremento de las tasas y, además, reclama el cumplimiento del artículo 161 del Estatuto de Autonomía, para que Canarias participe en la planificación y la programación y gestión de puertos y aeropuertos de interés general, y en las decisiones que se adopten sobre el establecimiento de tasas, precios públicos o prestaciones públicas patrimoniales que afecten a los aeropuertos canarios. Este último punto fue aceptado por todos los grupos excepto Vox.
Buques contaminantes
El Pacto Verde de la Unión Europea —Fit for 55—, además de al transporte aéreo, afecta también al marítimo con unas tasas que pretenden incentivar el cambio de combustible. La realidad es que, aunque el transporte marítimo es el que menos contamina por toneladas, el 80% del comercio mundial se mueve por mar y, por tanto, estos emiten el 14% de los gases de efecto invernadero que van hacia la atmósfera.
La meta de la UE es aplicar tasas económicas a los buques más contaminantes para incentivar el uso de combustibles verdes. Las navieras tendrán que pagar los derechos de emisión al 100% en los desplazamientos entre puertos de la Unión Europea y al 50% en el caso de los viajes con llegada y salida de la UE. Si el buque no paga estos derechos de emisión durante dos años, se le denegará la entrada a cualquier puerto europeo y a los operados por su compañía. Las autoridades portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife ya han iniciado el proceso para conseguir, al igual que con los combustibles ecológicos, la exención de esta tasa marítima.