El Gobierno de Canarias ha introducido una reforma en la Ley del Suelo que permite la instalación de estudios de rodaje en suelo rústico sin necesidad de licencias urbanísticas ni controles previos por parte de los ayuntamientos o cabildos, basándose en el “carácter estratégico del sector audiovisual para las islas”, según reza el borrador de la ley.
La nueva disposición adicional establece que estos proyectos pueden ser declarados de interés general y gozar de estos beneficios a cambio de cumplir ciertos requisitos: una inversión mínima de 15 millones de euros, una superficie de al menos 50.000 metros cuadrados y la creación de un mínimo de 300 puestos de trabajo directos.
Instalaciones efímeras
Además, se especifica que la actividad de rodaje se realizará utilizando instalaciones efímeras y fácilmente desmontables, y que los usos accesorios del proyecto (oficinas, talleres, almacenes, vestuarios o centro de formación) no podrán ocupar más del 15% de la superficie de la parcela ni superar las dos plantas de altura.
La reforma también excluye la necesidad de que estos proyectos sean compatibles con los instrumentos de planificación territorial o urbanística vigentes en el municipio o isla donde se ubiquen, aunque los proyectos serán remitidos por el órgano competente para su autorización al ayuntamiento y cabildo insular correspondiente para que, en el plazo de un mes, informen sobre la conformidad o disconformidad.
Planeamientos urbanísitos
En caso de disconformidad con el planeamiento o en ausencia de éste, el proyecto se elevará al Gobierno de Canarias, que decidirá si procede o no su ejecución y, en caso afirmativo, ordenará la iniciación del procedimiento de modificación o revisión del planeamiento insular o municipal.
La disposición también establece que los proyectos deben cumplir los deberes que comporta la realización de usos de interés público y social en suelo rústico, y estarán sujetos al canon por actuaciones en este tipo de suelos.
Zonas protegidas
Asimismo, los rodajes en suelos incluidos en espacios naturales protegidos podrán autorizarse siempre que se cuente con autorización previa del órgano gestor y que la actividad no esté prohibida en las normas reguladoras del espacio o sea incompatible con sus valores.
"En el caso de suelos incluidos en espacios naturales protegidos, se solicitará autorización del órgano gestor del espacio natural protegido que solo podrá denegarla cuando la actividad esté prohibida en las normas reguladoras del espacio o, en su caso, cuando sea manifiesta y patente la incompatibilidad de esa actividad con los valores protegidos", detalla la ley.
Modificación de la ley
El Gobierno regional inició en febrero de este año el proceso que va a modificar la ley del suelo que rige la planificación urbanística en las Islas. La intención de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas es aplicar una reforma que reduzca plazos para aprobar los planes y los simplifique, que favorezca el punitivismo y que permita modificaciones de uso en suelo urbanizable.
Se trata de una actualización de la norma aprobada en 2017, para la mejora y clarificación de determinados aspectos, y nació de un proceso en el que se ha puesto un “folio en blanco” a las administraciones para que trasladaran sus dificultades a la hora de aplicación de la ley del suelo. Un proceso que incluyó reuniones con cabildos, la Fecam, la Fecai, el colegio de ingenieros, Gesplan y otros organismos públicos.