Canarias quiere acelerar la construcción de viviendas para intentar responder a una demanda que el Gobierno autonómico cifra en unas 125.000 casas. El objetivo que se marca el Ejecutivo es llegar a levantar alrededor de 10.000 viviendas al año, entre públicas y privadas, frente a las cerca de 4.000 construidas en 2024 y las 5.000 de 2025.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, reconoció este miércoles en el Parlamento que el ritmo actual sigue siendo insuficiente, aunque defendió que los últimos datos muestran un cambio de tendencia. Aun así, Canarias continúa muy lejos de las 35.000 viviendas anuales que llegaron a construirse antes de la crisis de 2008.
Duplicar el ritmo actual
Rodríguez explicó que recuperar aquellos niveles tampoco resulta sencillo porque Canarias ya no cuenta con “el mismo tejido industrial ni la misma mano de obra” que durante la burbuja inmobiliaria. Según el consejero, la capacidad productiva ha aumentado en los últimos años, pero todavía necesita crecer para acercarse al objetivo de las 10.000 viviendas.
La comparecencia partía de un estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la transformación urbanística del suelo. Para el Gobierno, la emergencia habitacional no responde únicamente a que falte suelo o dinero, sino a una suma de obstáculos como el planeamiento rígido, la demora de las licencias y el exceso de trámites administrativos.
Hay suelo, pero tarda
El propio Ejecutivo reconoce que hay capacidad urbanística para construir mucho más. Rodríguez señaló que un estudio del Observatorio Canario de la Vivienda concluye que existe suelo público y privado suficiente para cubrir la demanda estimada, aunque advirtió que convertir esos terrenos en viviendas puede llevar años.
Esos retrasos, sostuvo, no solo frenan las promociones, sino que terminan repercutiendo también en su coste. Por ello, defendió que la solución pasa por agilizar la transformación del suelo y las licencias, además de aumentar tanto la vivienda protegida como la oferta residencial en general.
No solo vivienda pública
Rodríguez insistió en que la crisis habitacional ya no afecta solo a jóvenes o familias con pocos recursos. A su juicio, la dificultad para encontrar una casa a precios asumibles se ha extendido al conjunto de la población, por lo que considera necesario aumentar también la oferta privada.
Entre las medidas impulsadas por el Gobierno citó los decretos de emergencia habitacional, que buscan facilitar cambios de uso, aprovechar edificios existentes y acortar algunos procedimientos. Sin embargo, admitió que las medidas tomadas hasta ahora “no son suficientes” y volvió a reclamar cambios en normativa estatal, especialmente en materia de suelo.
El consejero incluyó, además, entre las posibles medidas para contener la presión sobre el mercado limitar la compra de segundas residencias por parte de extranjeros no residentes, una propuesta que el Ejecutivo canario viene defendiendo en los últimos meses.
La oposición cuestiona el diagnóstico
El debate en el Parlamento evidenció, sin embargo, importantes diferencias sobre las causas del problema y las soluciones. Desde el PSOE, Patricia Hernández rechazó que la cuestión pueda centrarse en la falta de suelo y recordó que los propios datos manejados por el Gobierno apuntan a capacidad para unas 125.000 viviendas en 41.800 solares de suelo urbano consolidado.
Hernández reprochó al Ejecutivo que vuelva a señalar las trabas administrativas después de haber defendido anteriormente medidas como la Ley del Suelo o la agilización de licencias como herramientas para resolverlas. A su juicio, buena parte del problema tiene que ver también con las prioridades políticas de las administraciones.
Desde Nueva Canarias, Carmen Hernández, defendió que la vivienda debe tratarse como “un derecho básico” al margen de la lógica especulativa del mercado y reclamó programas de alquiler seguro, medidas frente a la retención de suelo y vivienda y una mayor inversión pública.
Diferencias entre islas
Vox y PP coincidieron, desde enfoques distintos, en señalar el exceso de regulación como uno de los principales problemas. Paula Jover defendió actuar también desde la fiscalidad, mientras Jennifer Curbelo reclamó simplificar trámites y eliminar duplicidades después de años en los que, a su juicio, Canarias “se ha pasado de frenada” con la regulación urbanística.
Coalición Canaria defendió que el estudio de la CNMC respalda buena parte del diagnóstico del Ejecutivo, mientras ASG y AHI reclamaron que las soluciones se adapten a cada isla. Desde AHI, Raúl Acosta recordó que territorios como El Hierro tienen un mercado inmobiliario y una iniciativa privada muy diferentes a los de las grandes áreas urbanas, por lo que pidió mayor flexibilidad para los municipios afectados por el reto demográfico.
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