Los canarios pueden estar comprando alimentos que tienen prohibida la entrada al Archipiélago sin saberlo. La afirmación, que quizás suena escandalosa, está relacionada con la falta de personal que padecen desde hace años los puntos de inspección fronteriza (PIF) en los puertos. Como las plantillas están mermadas, a los trabajadores se les hace imposible abarcarlo todo.
“Desgraciadamente no tenemos capacidad de controlar al 100% la mercancía que entra”, admite Narvay Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno regional, en declaraciones a Atlántico Hoy. Asegura que las aduanas son muy importantes para poner freno a fenómenos que puedan poner en peligro la producción y el consumo.
Plagas
Quintero pone sobre la mesa que en las últimas dos décadas han entrado más de 80 plagas de otros países como la de la polilla guatemalteca de la papa, la que bajó el rendimiento del cultivo un 50%. “Si te quitan la mitad de tu negocio automáticamente fracasas”, resalta. El problema está en que, mientras los PIF no tengan suficientes trabajadores, existe el riesgo de que siga ocurriendo.
Canarias tiene aduanas en los puertos de todas las islas menos en La Gomera y El Hierro porque no disponen de conexiones con la Península. El personal está presente tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife y su labor —en teoría— es trasladarse al resto para efectuar los controles cuando llegan los barcos cargados de contenedores.
Deficiencias materiales
El consejero apunta que las plantillas están incompletas. Los puertos de La Luz y el tinerfeño tienen cinco inspectores cada uno cuando deberían tener 10. Además, solo tienen un escáner con el que trabajar, dado que las deficiencias no son solo personales. La falta de materiales es otro de los inconvenientes que sufren.
Una de las consecuencias es que los canarios pueden consumir productos tropicales o subtropicales —como las piñas y las papayas— que tienen prohibida la entrada y se desconoce cómo se ha manipulado hasta llegar a la estantería del supermercado o el almacén de un restaurante.
Productos fitosanitarios
“A lo mejor”, dice Quintero, “están tratados con productos fitosanitarios que tenemos prohibidos”. “Nosotros entendemos incluso que eso es un delito contra la salud pública, estamos consumiendo un alimento que no se puede importar de un país tercero”, apostilla.
Advierte que incluso le ponen una etiqueta como si fuera de Canarias, pero el consumidor no sabe que es de fuera porque desconoce la trazabilidad. Tener reforzadas las fronteras no solo es clave para cumplir con la legislación europea, sino también con la orden ministerial del año 1987 que impide la entrada de muchos insumos por el riesgo que tienen.
El ministerio
El presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, se reunió el pasado verano con el ministro de Agricultura, Luis Planas, con el objetivo de buscar una solución porque la dotación de más personal es competencia del Estado.
La única solución ofrecida desde el Gobierno de España fue fichar a cuatro interinos en cada provincia para los fines de semana, aunque el próximo mes se acaba el contrato y aún se desconoce si se va a renovar. “El ministro nos ha dicho que es consciente de que hay que reforzar [las plantillas]”, subraya Quintero. “Hace falta personal fijo”, agrega.
El Seprona
El consejero de Agricultura indica que están llevando a cabo una colaboración con Seprona y durante el año pasado se retiraron muchísimos contenedores tropicales en mercados, hoteles y centros de distribución porque no podían demostrar la trazabilidad de los alimentos que tenían —quién los produce, cómo y dónde—.
“Está funcionando muy bien”, sostiene. Aún así, comenta que es mucho mejor pararlos en el puerto porque una vez salen de ahí es mucho más complicado poder llegar a todos aquellos productos cuya procedencia puede ser, por ejemplo, Latinoamérica.
Limitaciones
“Quiero decir también que el personal de los puertos hace un trabajo fundamental y siempre colaboramos con ellos, pero es evidente de que no pueden hacer más, porque no tienen medios, ni tienen personal suficiente. Hay limitación para controlar esos productos”, pone en valor.
El consejero expone que la situación es “complicada”. Señala que Canarias siempre ha reclamado que la gestión de los puertos y los aeropuertos debe ser autonómica o, al menos, compartida con el Estado. “Aquí es importante la movilidad, forma parte de nuestra idiosincrasia. Somos peculiares y singulares y debemos ser tratados así”, sentencia.